Las claves de la acusación de EEUU contra Raúl Castro

Como ya es conocido, el exmandatario de la isla, Raúl Castro, de 94 años, fue imputado ante una corte en Florida de cuatro cargos de asesinato, de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y dos cargos de destrucción de aeronaves.

Castro fue acusado junto a otras cinco personas. Y entre los demás imputados ​​se encuentra un piloto de combate que fue acusado inicialmente en relación con el derribo de dos avionetas hace más de dos décadas.

La acusación judicial llega en momentos en que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenaza con un cambio de régimen en el país del Caribe, donde el Partido Comunista, de Castro, ha estado en el poder desde que su difunto hermano Fidel Castro lideró la Revolución Cubana en 1959.

Poco después, el mandatario estadounidense, Donald Trump, expresó su beneplácito frente a la noticia. “Creo que es un día muy grande y muy importante”, declaró el líder republicano, quien recordó el gran apoyo que recibe del electorado cubanoestadounidense de Florida.

“No, no habrá una escalada (en Cuba). No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control”, agregó el jefe de Estado al regresar a Washington tras un evento en Connecticut.

Tras conocer la medida, el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel aseguró que se trata de una decisión sin fundamento jurídico, que evidencia la “soberbia” y “la frustración del imperio”.

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba. EE.UU miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996”, declaró.

¿Qué ocurrió en 1996?

La investigación se centra en un ataque ocurrido el 24 de febrero de ese año, cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana derribaron las dos aeronaves, causando la muerte de cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, además de Pablo Morales, con estatus de residente en Estados Unidos.

Según una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el derribo ocurrió en aguas internacionales, fuera del espacio aéreo cubano. Las familias de las víctimas sostienen desde hace décadas que Raúl Castro autorizó la operación militar.

La Habana ha defendido históricamente la actuación de sus Fuerzas Armadas alegando que las aeronaves realizaban provocaciones contra la isla y calificando a los integrantes de Hermanos al Rescate como “terroristas”.

Además de la investigación por el caso de 1996, Raúl Castro también fue objeto de pesquisas federales en los años noventa por presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque aquellas investigaciones nunca derivaron en una acusación formal debido a dudas sobre la solidez de las pruebas y consideraciones diplomáticas.

En su respuesta este miércoles, Díaz-Canel aseguró que ese día su nación actuó conforme a la ley. “El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones”, sostuvo.

El antecedente que cambió la política hacia Cuba

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Tras el incidente, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Helms-Burton, que endureció y consolidó el embargo económico impuesto a Cuba desde 1962.

En aquel momento, el entonces presidente Bill Clinton exploraba un acercamiento limitado con La Habana, pero el ataque provocó una fuerte reacción política en Washington y entre la comunidad cubana en el exilio.

Washington ya había procesado anteriormente a personas vinculadas con el caso. Gerardo Hernández, identificado como líder de una red de espionaje cubana en territorio estadounidense, fue condenado por conspiración para cometer asesinato, aunque posteriormente fue liberado durante el acercamiento diplomático impulsado por Obama en 2014.

La imputación del exmandatario cubano representa ahora un giro de enorme alcance político y judicial, en un momento en que la Casa Blanca parece decidida a incrementar la presión sobre La Habana y reconfigurar el equilibrio regional tras la captura por parte de Washington del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno funcionó por décadas como el mayor aliado de Cuba, sirviendo, como su principal proveedor de combustible.

Tras el bloqueo petrolero impuesto por Trump a la isla, después de la caída de Maduro, la crisis energética se agudiza en el empobrecido país.

¿Cuál es el plan de EE. UU. para Cuba?

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este miércoles una “nueva relación” al pueblo cubano en un mensaje en español difundido con motivo del Día de la Independencia de Cuba, en el que responsabilizó al Gobierno de la isla de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país. Se trata de la primera vez que Rubio se dirige directamente a la población cubana desde que asumió el cargo.

En su discurso, Rubio acusó al conglomerado empresarial militar GAESA —fundado por el expresidente Raúl Castro— de controlar la mayor parte de la economía cubana y enriquecerse mientras la población enfrenta apagones, escasez de alimentos y falta de combustible. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo además que “Cuba no está controlada por ninguna revolución”, sino por GAESA, grupo que, según Washington, controla cerca del 70 % de la economía nacional a través de hoteles, bancos, remesas y empresas estatales.

Rubio aseguró que la Casa Blanca propone una relación directa con “el pueblo cubano y no con GAESA” y anunció una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que, según explicó, serían distribuidos mediante la iglesia católica y organizaciones benéficas “de confianza” para evitar que terminen en manos del aparato estatal cubano. El secretario de Estado defendió además el derecho de los ciudadanos cubanos a poseer negocios privados y desarrollar empresas independientes, desde medios de comunicación hasta estaciones de servicio. “Una nueva Cuba”, concluyó Rubio en su mensaje.

Por su parte, el Gobierno cubano y medios estatales atribuyen la crisis económica al embargo estadounidense y a las nuevas sanciones impuestas por Washington. La Habana denuncia además que Estados Unidos actúa “como policía del mundo” y viola el derecho internacional al presionar a terceros países para cortar vínculos comerciales con Cuba. Mientras tanto, la situación interna continúa deteriorándose: en varias regiones del país la electricidad apenas funciona durante algunas horas al día y persisten los problemas de abastecimiento, en lo que analistas consideran la peor crisis económica cubana en décadas.

Un nuevo punto crítico 

La imputación amenaza con abrir una nueva fase de confrontación entre ambos países, cuya relación atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el restablecimiento diplomático impulsado durante el gobierno de Barack Obama.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró recientemente que Cuba seguirá avanzando “con soberanía hacia su desarrollo socialista” pese a las sanciones y amenazas estadounidenses.

El actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió esta semana que cualquier acción militar de Estados Unidos contra la isla provocaría “un baño de sangre” y reiteró que Cuba “no representa una amenaza”.

Aunque Raúl Castro dejó la Presidencia en 2018 y se retiró formalmente de la dirección del Partido Comunista en 2021, sigue siendo considerado una de las figuras más influyentes del poder cubano. A sus 94 años, su eventual procesamiento tendría un enorme impacto simbólico y político en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.