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EE.UU. acusa al fiscal general de Bolivia de tener vínculos con el narcotráfico
Roger Mariana fue acusado por el Departamento de Estado de proteger a narcotraficantes. En el caso de las narcomaderas incautadas en Arica, Iquique y Valparaíso, provenientes de Bolivia, ha sido uno de los impulsores de la teoría de que se trata de un montaje chileno y que solo son “indicios”.
Una serie de ciudadanos bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos fueron sancionados con la revocación de sus visas a Estados Unidos por parte de la administración de Donald Trump, calificando a varios de ellos de “funcionarios corruptos”.
En el comunicado del Departamento de Estado al respecto dedicaron dos párrafos al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, que ha sido uno de los principales impulsores de la teoría impulsada por empresarios madereros de ese país en orden a que no existe cocaína en las más de mil toneladas de maderas originarias de la región de Pando, incautadas en Arica, Iquique y Valparaíso.
“No podemos destruir con ciertos indicios todo aquello que los empresarios construyeron y que le ponen el hombro al país”, dijo al respecto, aunque el Instituto de Salud Pública ISP) chileno ha indicado inequívocamente que más de 300 muestras de madera sí tienen cocaína, ketamina y otras drogas.
El documento señala que “el Departamento de Estado también está designando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos de corrupción significativa. Esta medida hace que Mariaca y los miembros de su familia inmediata sean, en general, inelegibles para ingresar en Estados Unidos”.
Asimismo, asevera que “Mariaca, elegido en 2024 para un término de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al mismo tiempo que socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia”.
En ese contexto, el texto indica que “los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos”.
Además, EE.UU. revocó sus visas a otros tres fiscales bolivianos, a cinco jueces, incluyendo a una jueza anticorrupción, a un exministro de Justicia, a un coronel de la policía que estuvo a cargo de la lucha contra un narcotráfico, y a un empresario, José Luis Iriarte Cussi.
Aparte de ellos, se les quitó la vida a dos ciudadanos colombianos –incluida la senadora Martha Peralta Epieyú–, a un juez peruano y a dos particulares ecuatorianos.
Mariaca, por cierto, es quien está a cargo de las investigaciones en contra de Fernando Cerimedo, luego del intento de asesinato de su pareja, Nadia Beller, y fue arrestado pocos meses después que, tras años de búsqueda, finalmente la DEA estadounidense diera con el paradero de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo, el uruguayo Sebastián Marset, quien vivió varios años en la más absoluta impunidad en Santa Cruz de la Sierra.
De hecho, según Infobae, se sospecha que Mariaca dio protección a Marset y que este, que se encuentra detenido en Estados Unidos desde poco después de ser arrestado en marzo de este año, habría comenzado a cooperar con el Departamento de Justicia, lo que podría estar detrás de la decisión de su par de Estado.
