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Propuesta de Nueva Constitución
Convencional Manuela Royo por propuestas normativas de Comisión de DD.HH: “Podemos instalar con fuerza debates que durante más de 40 años no han sido abordados en nuestro país” NUEVA CONSTITUCIÓN Aton

Convencional Manuela Royo por propuestas normativas de Comisión de DD.HH: “Podemos instalar con fuerza debates que durante más de 40 años no han sido abordados en nuestro país”

La Comisión de Derechos Humanos presentó las propuestas normativas que esta semana serán sistematizadas en un solo Reglamento. Las iniciativas más relevantes son: el reconocimiento de los Pueblos Originarios, su autodeterminación y autonomía, incorporar a la naturaleza como sujeto de derecho, el derecho de los seres sintientes no humanos, e incorporar a jóvenes mayores de 14 años en el plebiscito de salida. Estas son algunas de las recomendaciones que incluye el documento de más de 30 páginas elaborado por las y los constituyentes.


La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Manuela Royo (Apruebo Dignidad) se refirió a la entrega del documento de normas para ser incorporadas a la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, la que sistematizará las propuestas entregadas por las demás comisiones, que serán integradas al borrador del Reglamento que fue despachado el sábado pasado.

Luego de un largo trabajo, la comisión logró sintetizar sus propuestas que se derivan de un proceso en que recibieron a más de 300 audiencias públicas. Los 16 constituyentes entregaron una propuesta de trabajo para los meses que continúan de Convención, así como también la definición de un marco común de lo que se comprende como derechos humanos.

“Estamos muy contentos y contentas de haber logrado como comisión entregar estas propuestas, las que buscan que la nueva Constitución tenga una perspectiva más amplia de Derechos Humanos, medioambiente y naturaleza, donde la realidad de los diversos territorios y culturas sean incorporadas desde la verdad histórica. Agradecemos a todas y todos quienes participaron de este proceso, gracias al cual podemos instalar con fuerza debates que durante más de 40 años no han sido abordados en nuestro país, avanzando en la reparación y garantías de no repetición”, señaló.

Dentro de las iniciativas más relevantes propuestas son: el reconocimiento de los Pueblos Originarios, su autodeterminación y autonomía, incorporar a la naturaleza como sujeto de derecho, el derecho de los seres sintientes no humanos, incorporar a jóvenes mayores de 14 años en el plebiscito de salida y reemplazar la institución de carabineros  por una nueva institución desmilitarizada.

Los convencionales buscan la creación de una comisión permanente y única de Derechos Humanos, del Medioambiente y la Naturaleza, que tendría como objetivo tomar como base este documento entregado, y elaborar una propuesta para que en la nueva Constitución se establezcan las bases de un Estado de Derecho democrático y social, desde una perspectiva de género, con enfoque de niños y adolescentes, y abordando la equidad territorial, entre otros enfoques.

 No podrán participar de la Comisión Permanente personas que sostengan opiniones negacionistas

La comisión también entregó una serie de recomendaciones sobre quienes pueden participar en esta comisión permanente. Entre las inhabilitaciones se encuentran: sostener opiniones, comentarios y/o relatos de carácter negacionista; pertenecer a organizaciones que profesen discursos de odio, racismo o discriminación en cualquiera sus formas; haber recibido sanción disciplinaria acorde por parte de la Comisión de Ética de la Convención; y, tener algún conflicto de interés, por ejemplo, en torno a los bienes comunes naturales, tales como el agua y su explotación comercial.

Reconocimiento de pueblos originarios y restitución de territorios ancestrales

 Dentro de las medidas que propuso la comisión, se encuentran la restitución de territorios ancestrales, el reconocimiento al pueblo Selk´nam y al pueblo Tribal Afrodescendiente chileno. Así como también el reconocimiento de la autonomía de estos pueblos, la plurinacionalidad, y la entrega de garantías para una participación incidente y efectiva de pueblos originarios.

 Respecto a este punto, la constituyente del Pueblo Mapuche, Machi Francisca Linconao, se manifestó contenta con estas propuestas ya que ha “cumplido uno de mis primeros compromisos con mi pueblo, las comunidades y organizaciones que confiaron en mí; propuse una forma para avanzar en la recuperación del territorio ancestral:  la demanda que el Estado no ha querido atender y donde se ha generado el conflicto político que nos ha costado la vida y la libertad de tantos lamngen (hermanos y hermanas)”.

Naturaleza como sujeto de derecho

Otra de las propuestas que se desarrolló en esta comisión se relaciona a la incorporación de la naturaleza como un nuevo sujeto de derecho, donde el Estado tenga como deber fundamental proteger el medioambiente sano y libre de contaminación, asegurando su equilibrio ecológico, en resguardo de todas las formas de vida y de las futuras generaciones; donde la soberanía del Estado y el modelo económico limita con el respeto de los Derechos Humanos; Ambientales y de la Naturaleza.

“En esta primera etapa se logró posicionar los derechos de la naturaleza a la par de los Derechos Humanos, reconociendo que hay otros titulares de derechos, lo que es muy valioso en este planeta más allá de la humanidad. Si bien falta explicitarlo en la nueva Constitución, que corresponde a la etapa que viene, esto es un avance muy importante ya que logramos incluir los instrumentos internacionales en materia ambiental, que son especialmente importante en el contexto de la crisis climática y de los ecosistemas que vivimos a nivel global”, afirmó el constituyente de Independientes No Neutrales, Juan José Martín.

Reparación y garantías de no repetición

Se estableció el reconocimiento del derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto a recibir información sobre el genocidio, el ecocidio, el desplazamiento forzado, las violaciones graves a los Derechos Humanos y de la Naturaleza que han padecido y las circunstancias en las que estas se cometieron, de manera de identificar a los responsables de estos hechos como primer paso para avanzar en la justicia y la reparación.

Otras de las medidas propuestas es que los nombres de perpetradores de violaciones de Derechos Humanos no podrán ser utilizados para denominar ciudades, calles, regimientos, imágenes, monumentos, memoriales, museos, escudos, insignias, placas u otras. Así como también derogar decretos de ley y decretos supremos, y reformar las legislaciones existentes de la Dictadura Cívico-Militar para, al referirse al señor Augusto Pinochet Ugarte, reemplazando el vocablo de «Presidente de la República» o “Jefe Supremo de la Nación” por «Dictador».

“La Comisión de DDHH viene a hacerse cargo de aspectos que nunca antes había asumido el Estado de Chile sin prejuicios y, sobre todo, con el foco de atención en las víctimas y en no causar más daño” afirmó Manuel Woldarsky, de la Lista del Pueblo.

Como medidas de reparación, la comisión también propone incorporar a los adolescentes desde los 14 años para la votación del plebiscito de salida y la restitución de inmuebles que hayan sido utilizados como centros de tortura o exterminio durante dictadura a las organizaciones de Derechos Humanos del país.

Otra propuesta es la reformulación de las fuerzas de orden, Carabineros, y su desmilitarización, donde se avance hacia un control civil de una nueva institución.

Normas transitorias que piden tramitar con urgencia al Estado

La comisión también propone como urgencia que el Estado otorgue atención preferencial y urgente, en unidades especializadas de la red regional de salud pública a las víctimas de traumas oculares y otras lesiones o traumas del Estallido Social.

También, propone un procedimiento judicial para personas mayores víctimas de violaciones de los derechos humanos y un mecanismo especial que permita satisfacer la demanda de justicia y reparación de todas las víctimas de violación de los derechos fundamentales en el período dictatorial y dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”.

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