NUEVA CONSTITUCIÓN
Créditos: Aton
“Produciría una bancarrota del país, porque tendríamos que indemnizar, con este precio del cobre, a todas las compañías mineras que serían expropiadas. Es una norma que no tiene sentido común si sentido de justicia. Con esto, la comisión entró en Fantasilandia”, expresó el constituyente, Bernardo Fontaine (IND-RN).
La comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional aprobó este martes una serie de artículos que buscan ceder al Estado los bienes estratégicos del país y que tenga la dirección de la política minera. Además, se establecen las indemnizaciones correspondientes.
El proyecto fue presentado por miembros de Apruebo Dignidad, Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) e Independientes.
Las mociones fueron visadas en general, lo que significa que formaran parte de un texto sistematizado, el cual puede tener modificaciones. Luego, se podrá pasar a discutir en el Pleno, donde debe ser aprobada por 2/3 del quórum para entrar en la nueva Carta Magna.
El proyecto establece que el Estado tenga “el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos, todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos líquidos o gaseosos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”.
Además, se habla de un proceso de nacionalización de los bienes estratégicos, especificando que comprenderá todos los derechos y bienes de las empresas involucradas en estos. También incluye que las concesiones mineras constituidas deben cesar de forma inmediata sus trabajos una vez que la iniciativa entre en vigencia.
La norma aclara que el Presidente de Chile es quien determinará en que momento el Estado tome posesión de los bienes estratégicos, aunque el plazo no debe ser superior a un año luego de la promulgación de la nueva Constitución.
Por otro lado, uno de los artículos establece las formulas para indemnizar a los titulares de dichos bienes que serían expropiados. Sobre los montos a pagar, esta será sobre la base del costo original, deducidas “las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia”.
También esta la opción de «deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas”. Estos pagos serán cancelados en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma en un plazo de menos de 20 años.
“Corresponderá al Contralor General de Chile determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales”, indica la norma.
A su vez, el proyecto expresa que se podrá suspender el pago si es que el afectado se niega a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos.
“El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compensado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieren con el Fisco, con organismos del Sector Público o con instituciones de Previsión, que fueren liquidadas y exigibles a la fecha del pago de las respectivas cuotas”, añade.
La idea concluye con la derogación de la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. En otras palabras, “se derogan todas las disposiciones del Código de Minería que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la nueva Constitución”.
La decisión de la comisión generó distintas reacciones en los constituyentes.
Juan José Martin (INN), coordinador de la comisión de Medio Ambiente, fue uno de ellos, quien aclaró que aún no están aprobados o rechazados del todo estos artículos, pero que se muestra una cierta disposición para que este en la mesa.
“Creo que muchas de estas decisiones deben ser tomadas en ejercicio democrático posterior a la Convención. Hay que abrir los caminos, a través de las normas constitucionales, pero ojalá las decisiones finales sean tomadas después”, aseveró.
En cambio, para el convencional Rodrigo Álvarez (UDI), esta decisión es “extraordinariamente negativa y equivocada para Chile”. A su vez, comentó que compromete al país a nivel internacional.
Bernardo Fontaine (IND-RN), señaló que la Convención se saldría de sus límites al pasar a llevar tratados internacionales.
“Produciría una bancarrota del país, porque tendríamos que indemnizar, con este precio del cobre, a todas las compañías mineras que serían expropiadas. Es una norma que no tiene sentido común si sentido de justicia. Con esto, la comisión entró en Fantasilandia”, expresó el constituyente.
