Informe anual de DDHH y “ley mordaza” a la prensa: “sería inconstitucional”

Una de las novedades que posee el informe que cada año realiza la Universidad Diego Portales en materia de Derechos Humanos en Chile es que en su última edición, que será presentada el próximo 17 de noviembre, indagó en la situación en que se encuentra el periodismo de investigación en el país, entendiendo que este tipo de investigación es fundamental para el desarrollo de la democracia.

El capítulo al respecto destaca varios problemas al respecto, todos ellos destinados a inhibir a quienes ejercen la investigación periodística, entre ellos el hostigamiento digital (que se torna incluso en violencia digital sexual, en el caso de varias mujeres), la actuación de enjambres de abogados que atacan a los medios con amenazas de querellas, demandas y recursos de protección; así como amenazas que provienen de los poderes del Estado, dentro de las cuales la más evidente es el proyecto de la “Ley mordaza”, presentado por senadores de distintos partidos que, bajo la excusa de sancionar a quienes filtran antecedentes secretos, en definitiva lo que busca es sancionar también a los periodistas que los den a conocer.

Al respecto, el investigador de la UDP, Tomás Vial Solar, quien confeccionó el capítulo junto a Simona Paranhos y Catalina Vargas, dijo a El Mostrador que si bien es lógico que haya sanciones -como las hay actualmente- para quienes filtran materias que las leyes consideran secretas, “el tema es imponer ese deber Urbi et Orbi”, explicando que los términos del proyecto “son amplísimos” y por ello, “si algo ya se sabe y tú haces una crónica al respecto, también estarías cometiendo eh el delito de divulgar la información. Entonces, es un proyecto que es impecablemente desproporcionado, porque impone un deber a toda la población”, en circunstancias que, explica, eso ya es un deber para los intervinientes en los procesos penales, pero al extendérselo a todo el mundo tiene “un efecto brutal, obviamente: la inhibición de cualquier intento de investigar”.

Ante ello, señala que “creemos que sería inconstitucional y contrario además a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Recién está en un primer trámite y no sabemos qué va a pasar, es un proyecto que sería objetable ante el Tribunal Constitucional y ante la Corte Interamericana, sin duda”.

Investigaciones contra periodistas

Otro hecho que el informe recoge y señala como un hecho muy grave fue el frustrado intento de la Fiscalía Regional Occidente por acceder a los metadatos de las comunicaciones de 11 periodistas de distintos medios, en el marco de una indagatoria surgida a raíz de una querella presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, debido a las filtraciones de información relacionadas con los chats de su hermano Luis. Dicha solicitud, como recuerda el documento, fue denegada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decisión posteriormente ratificada por la corte de apelaciones santiaguina. 

“La situación fue comentada por la Relatoría de la Libertad de Expresión en su Informe 2024, a la luz del estándar 6, señalando que la protección de las fuentes periodísticas constituye una piedra angular de la libertad de prensa, y todo comunicador social tiene derecho a negarse a revelarlas ante autoridades públicas o judiciales” indica el informe de la UDP al respecto y, en ese contexto, Vial destaca como un avance en materia de libertad de expresión la instrucción general emitida por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el 28 de julio pasado, que imparte instrucciones generales respecto de las investigaciones penales que involucran a periodistas en la cual, entre otras cosas, se establece -en concordancia con la ley de prensa actualmente vigente y en contraposición con el proyecto de Ley del Senado- que si un periodista se niega a entregar una fuente a la fiscalía, se acaban las investigaciones por filtración de información, pues si lo hace, el Ministerio Público “está infringiendo directamente una garantía de la libertad de expresión”, como indica el informe.

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Las hordas digitales

Asimismo, el informe se explaya en las hordas de trolls y bots que se dedican a atacar a periodistas, el cual Vial comenta que si bien los discursos de odio están muy estudiados en las plataformas digitales, a nivel chileno e internacional, en el país estos “tienen un efecto particular en quienes son figuras prominentes en los medios y particularmente en el caso de periodistas que están analizando o buscando noticias que no son públicas, sino que revelan cosas que pueden atentar contra el poder”, refiriéndose al ejercicio del periodismo de investigación.

En ese aspecto, precisa que ese grupo de periodistas “es particularmente más vulnerable a este ataque, a este acoso, y además hay un aspecto de género”.

Ello ha llevado a muchos periodistas a cerrar sus redes y tomar una serie de resguardos, asumiendo que es un costo que forma parte de la profesión. No obstante, el académico indica que “la pregunta es por qué tendría que ser así” y añade que, al igual como sucede con las amenazas de acciones legales, lo que busca “es tener un efecto inhibitorio, porque si tú sabes que vas a si publicas algo que afecta a intereses de la Iglesia o instituciones armadas, por ejemplo, que son los casos que recibimos, vas a recibir un ataque, un acoso fuerte y eso indudablemente tiene un efecto”, que es mucho más complejo en el caso de periodistas mujeres, en contra de quienes “hay un ataque especialmente virulento”, precisa el especialista.

Los abogados

Otro aspecto que fue ampliamente estudiado fue el relativo a la búsqueda del efecto inhibitorio por medio de la amenaza de acciones legales, en especial las que provienen de autoridades públicas y que habitualmente se enfocan en medios de prensa pequeños, que no cuentan con la espalda financiera que se requiere para contar con defensa jurídica especializada.

A este respecto, el académico recuerda la existencia de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Chile a despenalizar el delito de injuria cuando se trata de funcionarios públicos o asuntos de interés público. Pese a que es un fallo de 2022, el Estado chileno aún no le da cumplimiento.

“El uso de medios penales es algo que inhibe la prensa justamente a los temas que requiere investigar”, explica, detallando que la presión en contra de medios pequeños o comunales, por parte de los municipios, por ejemplo, “puede ser brutal”.

Lea el capítulo del informe UDP sobre periodismo de investigación