Cuando el turismo también puede cuidar el patrimonio

Durante la última década, Chile ha experimentado dos procesos que rara vez se observan en conjunto: el fortalecimiento del turismo internacional y la consolidación de la gratuidad en los museos estatales administrados actualmente por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT).

Desde marzo de 2015, el acceso a los museos de la entonces DIBAM pasó a ser gratuito. La medida significó un avance importante en materia de acceso y democratización cultural. A más de diez años de su implementación, el desafío no consiste en revisar ese principio, sino en pensar cómo puede relacionarse con una actividad de creciente importancia económica y territorial: el turismo internacional.

Chile recibió 6.004.567 turistas extranjeros durante 2025, el mejor resultado desde 2017. En este escenario, los museos del SERPAT no son sólo instituciones culturales, educativas y patrimoniales: también forman parte de la experiencia que Chile ofrece a quienes lo visitan. Sus colecciones, edificios y exposiciones permiten aproximarse a la historia natural, las artes, la arqueología, la historia nacional y las identidades territoriales.

Sin embargo, esa relación entre turismo y museos prácticamente no tiene hoy una expresión económica directa.

Entre 2015 y 2025, excluidos los años 2020 y 2021 por la pandemia, Chile registró 43.814.595 llegadas de turistas internacionales. No sabemos cuántas de ellas se tradujeron en visitas a museos del SERPAT, pues no existe una estadística nacional que permita determinarlo.

Por eso, para dimensionar la oportunidad, podemos utilizar una hipótesis deliberadamente baja: que sólo un 10% de esos turistas hubiera visitado un museo estatal. Eso representaría aproximadamente 4,38 millones de visitas.

Una contribución de apenas US$2 por visita habría significado cerca de US$8,76 millones durante ese período. Si pensamos en 2027 y utilizamos como referencia los 6 millones de turistas registrados en 2025, manteniendo incluso un escenario de crecimiento cero, ese mismo 10% representaría unas 600 mil visitas. Una contribución de US$2 podría generar alrededor de US$1,2 millones anuales.

Estas cifras no representan recursos que el Estado haya “perdido”. Son una simulación y, precisamente por eso, deben leerse con cautela. Tampoco sabemos si todas esas visitas se habrían producido de existir una tarifa. La utilidad del ejercicio es otra: mostrar que incluso bajo supuestos restrictivos existe una oportunidad de vincular turismo y sostenibilidad patrimonial.

La cuestión fundamental, entonces, no es sólo cuánto cobrar, sino para qué hacerlo.

Una eventual contribución para visitantes internacionales tendría sentido como política cultural si los recursos recaudados retornaran directamente al patrimonio: conservación preventiva, restauración de colecciones, mejoramiento de depósitos, renovación museográfica, investigación, transformación digital, mediación y educación patrimonial. También podría discutirse que una parte de estos recursos apoyara, mediante mecanismos públicos y transparentes, a museos municipales, universitarios, comunitarios y privados sin fines de lucro que cumplen igualmente una función de interés público.

La discusión no apunta a retroceder en la gratuidad como principio de acceso ciudadano. Se trata de integrar de manera más inteligente turismo internacional, museos públicos y sostenibilidad patrimonial.

Chile invierte recursos en promoción turística para atraer visitantes y sus museos contribuyen a que quienes llegan al país conozcan parte de su historia, cultura e identidad. Parece razonable imaginar mecanismos mediante los cuales una pequeña parte de ese flujo económico pueda retornar a las instituciones responsables de conservar aquello que forma parte de esa experiencia.