Lya Rojas, abogada de la Universidad Central, ofrece una mirada sobre la investigación realizada por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, respecto a los registros de juzgados de familia de pensiones impagas entre 2005 y 2020, cuyos resultados evidenciaron que los Tribunales de Familia estarían priorizando derechos de los deudores de alimentos por sobre los derechos niños, niñas y adolescentes, ya que existiría cautela al establecer arrestos y retenciones de sueldos de los demandados. En ese sentido, la abogada analiza los vacíos e imprecisiones de la ley que regula este proceso, como también qué tipo de medidas se pueden tomar para modificar precisamente el enfoque que perjudica a los menores y dificulta el acceso a la justicia.