Investigación
Juan Castro Bekios (Imagen: Fiscalía de Antofagasta)
Fiscal Juan Castro Bekios dice que la gran batalla contra el narco en Chile se está dando en la Segunda Región. Diputado Jaime Araya asegura que lo que está ocurriendo ya es un problema de seguridad nacional, dado el volumen de lo incautado, que superó las 21 toneladas.
Una serie de datos y cifras bastante asombrosas se encuentran detrás de la inédita cantidad de droga incautada el año recién pasado en Antofagasta, que llegó a más de 21 toneladas (frente a 13 toneladas en 2023, lo que ya era una cifra extraordinaria).
Al respecto, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dice que es tiempo de que a nivel central se entienda que la Región de Antofagasta es el lugar donde se libra hoy la gran batalla contra el narcotráfico en Chile, al ser la puerta de entrada de la mayoría de las drogas al país.
Al mismo tiempo, asevera que otro hecho que es necesario entender es que toda esa droga, marihuana fundamentalmente, es para consumo interno. Al respecto, detalla que Chile es el segundo mayor consumidor de marihuana (después de Israel) y que a ello ha contribuido el que “se la mira con una suerte de benevolencia que yo considero un poco ingenua, porque tiene graves consecuencias”, comenta, detallando la existencia de una serie de estudios que evidencian el daño a la salud que genera la cannabis sativa.
Alrededor del narcotráfico, además, explica que se generan circuitos económicos muy complejos, desde dos puntos de vista. El primero lo relata desde la óptica que le provee el haber sido fiscal antidrogas durante muchos años, y es la aparición en el mercado del narco de “fleteros” de nacionalidad colombiana y venezolana, sujetos que tomaron en sus manos el control de parte de la cadena logística del tráfico internacional.
Son grupos, detalla el persecutor –quien no quiere referirse a si ha recibido amenazas, pero sí admite que cuenta con custodia policial– que reemplazaron a las tradicionales cuadrillas chilenas que recibían la droga en la frontera y luego la llevaban a los grandes centros urbanos, cobrando un porcentaje por kilo, en función del destino, precio que aumenta a medida que la droga viaja hacia el sur.
Así, mientras un kilo de marihuana puede costar 700 mil pesos en Antofagasta, puesta en Santiago llega al doble (1.4 millones de pesos) y en Coyhaique o Punta Arenas alcanza los 7 millones de pesos.
Todo ese dinero genera una economía ilícita muy peligrosa, advierte el persecutor, quien señala que haciendo un cálculo muy conservador de lo que valen puestos en la calle los 21.165 kilos de drogas que se retiraron de circulación el año pasado en la Región de Antofagasta junto a Carabineros, la PDI, la Armada, Aduanas y Gendarmería, el valor asciende al menos a 2 mil millones de dólares, es decir, cinco veces el presupuesto anual de toda la Policía de Investigaciones y casi dos veces el presupuesto de todo Carabineros.
Si se le compara con el Presupuesto de la Nación para 2025 (82 mil millones de dólares), es el 2.4% de ese dinero.
Detrás de esas cifras, precisa, hay toda una gama de negocios ilícitos que “se ocultan detrás de la máscara de negocios lícitos que hemos visto proliferar en distintas ciudades de nuestro país: barberías, ópticas, carnicerías, salas de juego de máquinas, y un sinnúmero de otros, incluyendo botillerías”, detalla, preguntándose cómo es posible que alguien que llega desde otro país, sin documentos, pueda en muy poco tiempo instalarse en locales céntricos muy caros.
Ante ello, agrega que existe un fuerte riesgo de corrupción “en distintos niveles: corrupción policial, a nivel de las entidades que están a cargo de dar los distintos permisos, en las instituciones que están encargadas de la administración de justicia y digo todas, sin excluir ninguna. Por ende, el riesgo es tremendo, porque es mucho el dinero que está en juego. Entonces, si uno va sumando todos estos aspectos –salud pública, economía ilícita, patrimonio ilícito y el riesgo de corrupción–, la verdad que es un cóctel muy, muy delicado, muy peligroso”.
Por ello, asevera que “cuando nosotros vemos esta cifra y nos espantamos con la cantidad, también tenemos que hacer esa segunda mirada, más profunda respecto de qué es lo que hay detrás de todo esto”, agregando que el contrabando de cigarrillos genera ganancias semejantes y problemas similares.
Otro fenómeno que se esconde detrás del narcotráfico es la correlación entre incautaciones y homicidios. A estas alturas, relata el fiscal, cuentan con estudios estadísticos que muestran matemáticamente que cada vez que se produce un gran decomiso de drogas, al mes siguiente aumentan los homicidios, especificando que ello significa “que todo este mercado de drogas que está funcionando en Antofagasta también incide en los homicidios”.
Hasta ayer los homicidios en la región llegaban a 49, versus 52 en 2023. Al respecto, Castro dice que es una tendencia “estable”, pero pone el acento en que “lo que ha cambiado es la tasa de esclarecimiento, pues mientras en años previos esta andaba cercana al 50%, el año pasado llegó al 67%”, lo que atribuye al funcionamiento del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y al trabajo policial.
Insistiendo en que el norte debe ser reforzado, el fiscal indica que la dotación de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (Dipolmar) de la Armada en Antofagasta es muy menor, frente a las necesidades que existen, y que otro aspecto en que es necesario profundizar las capacitaciones a todo el aparataje de persecución penal es el relativo a los criptoactivos.
Sobre el particular, rememora que “en un allanamiento importante a una organización criminal de origen venezolano que cometió dos secuestros con homicidio, y que tenía ya otros dos homicidios, uno consumado y uno frustrado, y una serie de otros delitos, armas, explosivos, cuando allanamos el campamento que se llama Cerro Bonito, ¿sabe cuánto dinero en efectivo le encontramos? Setenta mil pesos, pero tenían vehículos, armamento, explosivos y estaban vinculados a la trata de personas, pero solo les encontramos 70 mil pesos”.
La razón de que hubiera tan poco dinero en el lugar es que todo estaba invertido en criptomonedas. Ante ello, Castro puntualiza que su Fiscalía ya comenzó a capacitarse en detección de criptoactivos y que incluso hoy existe un grupo de trabajo al respecto, pero reconoce que falta mucho por hacer y por entender en ese mercado.
En el último gran decomiso realizado la semana pasada por Carabineros, donde el OS-7 capturó a ocho colombianos y un chileno que trasladaban dos toneladas de marihuana hacia Santiago, utilizándose para ello un bus especialmente adaptado, también fueron incautadas varias armas.
Ante ello, el diputado por Antofagasta Jaime Araya (Ind-PPD) señala que, si se revisan las últimas incautaciones, en casi todas ellas hay armas de fuego presentes, precisando que “el trabajo que están haciendo Carabineros y la Fiscalía es muy significativo y en el activo final del año los narcos van a notar que faltan varios millones de dólares. Entonces, lo más probable es que eso signifique un escalamiento en la violencia”.
Ante ello, opinó que “valoro mucho todo lo que se ha hecho de parte del Gobierno en materia de seguridad, de control y persecución, pero claramente cuando estamos hablando de estos volúmenes nosotros nos podemos acercar peligrosamente a la realidad de lo que era Colombia en los tiempos de Pablo Escobar. Esto ya es una economía paralela”.
Frente a ello, el diputado dijo que “es un desafío que debería convocar a los actuales y futuros candidatos a la Presidencia, a ver cómo definir una estrategia de largo plazo, concordada con el actual Gobierno, para dar tranquilidad a la ciudadanía”, pues –a su juicio– “claramente esto es un problema de seguridad nacional”.
