“Derechamente miente”: los detalles del desafuero de Lavín Jr.

Luego de tres postergaciones previas de audiencias, como informó El Mostrador, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó finalmente la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Oriente en contra del diputado Joaquín Lavín León, despojándolo de la inmunidad parlamentaria que impedía juzgarlo hasta ahora como un ciudadano común y corriente.

La medida permite sortear la restricción procesal que opera en el caso de parlamentarios y otras altas autoridades, prohibiendo su participación en las sesiones de Sala y comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, dejando así abierta la puerta para una eventual formalización y la ejecución de medidas cautelares en su contra.

Lavín León es investigado por los delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, falsificación de instrumento público, delitos tributarios y tráfico de influencias, en una causa derivada de la investigación en contra de su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, por delitos similares.

La fiscal de Alta Seguridad Constanza Encina, en una exposición que duró 45 minutos, fue enfática en señalar que la acusación en contra del parlamentario no constituye “una imputación frívola ni antojadiza”, sino que “por primera vez en la historia, al menos de forma excepcionalísima, se autorizó por un juez de garantía la entrada y registro a oficinas del Congreso Nacional”.

“Se trata de una investigación de más de un año, con más de 80 declaraciones; con más de 10 solicitudes de medidas intrusivas”, puntualizó.

Encina precisó en el alegato que los argumentos esgrimidos por la defensa del diputado Joaquín Lavín León, respecto de una supuesta persecución política en contra del parlamentario, se contradicen fuertemente “con la enormidad de pruebas directas que ha sido recopilada hasta la fecha”.

El alegato de desafuero desarrolla precisamente este último punto, al contrastar la versión de los imputados con las pruebas y testimonios recopilados en la investigación, buscando desmontar la narrativa de la defensa como garantía procesal –como dice el escrito, “protegiendo de esta forma las funciones públicas de acusaciones infundadas”–.

Culpa a su secretaria

El alegato de desafuero de la Fiscalía Oriente refuta de entrada uno de los puntos cruciales de la contestación de la defensa, en cuanto a que Lavín “no era un actor material ni en la rendición de gastos, ni en la gestión de reembolso” como diputado de la República, en la arista sobre rendiciones parlamentarias.

Aparte de la exposición de resoluciones y reglamentos, la fiscal Encina apeló a la declaración de la jefa coordinadora del Comité de Auditorías Parlamentarias, Priscila Jara, quien ratificó que el primer responsable del uso de las asignaciones parlamentarias y de las rendiciones es el propio parlamentario. “Es una responsabilidad que no resulta delegable, no importa quien opera el sistema, o quien ingresa manualmente la rendición, es siempre responsabilidad del parlamentario”, explicó la funcionaria del Congreso.

Respecto a este mismo punto, la fiscal detalla que el diputado Lavín, en su declaración ante el Ministerio Público, buscó echarle la culpa a su secretaría, Aída. “Desde el año 2020 la Cámara instauró un sistema que se llama ASIGPAR, sistema para la rendición de asignaciones parlamentarias. En mi caso lo hace la señora Aída, quien es la que se preocupa de recoger todos los gastos que se han hecho en el mes”, aseguró Lavín.

Para Encina, sin embargo, el intento de responsabilizar a su secretaria no solo es improcedente desde el punto de vista administrativo, porque no se trata de “responsabilidad delegable”, sino que es una situación “impresentable”, debido a que involucra a una funcionaria que no obtiene ningún beneficio en la comisión de los delitos. “Es simplemente un sinsentido”, explicó la persecutora.

En cuanto a la gestión de servicios de la imprenta MMG en campañas para otros candidatos, Lavín respondió que “yo no pedí materiales para otros candidatos y Arnaldo tampoco. Desconozco la relación que habrá tenido, pero yo solo encargaba material para Cathy y para mí, y por tanto Juan Silva solo me puede cobrar eso a mí”, comentó en su declaración.

La Fiscalía argumentó, sin embargo, que la versión del desaforado parlamentario no solo se contradice completamente con la del dueño de la imprenta acusada de emitir facturas ideológicamente falsas, Juan Silva, “sino también con las conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos de la imprenta con Arnaldo Domínguez (brazo derecho del parlamentario) y correos electrónicos en que cobran al diputado Lavín”.

“En estas elecciones (2021) hice trabajos coordinados por Joaquín Lavín, pero que eran para otros candidatos, entre ellos, Cathy Barriga, Miguel Esbir, Moreno, Vania Vicencio, Karen Garrido, Horacio Saavedra…, entre otros. Materiales para todos ellos me pedía Joaquín Lavín a través de Arnaldo Domínguez. Concretamente, lo que me pedían eran volantes. Vendí cerca de 38 millones de pesos en material de campaña a Lavín León para distintas personas”, declaró el imprentero.

Hay otro hecho que resulta absolutamente contrario al testimonio entregado por Lavín León y que deja en evidencia la desesperación del parlamentario. Pese a la negativa planteada sobre los trabajos solicitados a Silva, fue el propio diputado quien realizó una devolución de $7.260.000 a la cuenta de la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados, en noviembre del año pasado, asegurando que se trataba de “facturas rendidas a la Corporación como gasto operacional, y que pueden no corresponder en el 100%, al desempeño de su función parlamentaria”.

Sobre la plataforma Socialtazk –una web de marketing digital utilizada en campañas políticas de la UDI–, aseguró que fue creada en julio de 2019. No obstante, varias declaraciones de parlamentarios apuntan a que esta operaba desde abril de 2018. “¿Qué otra plataforma pagó entonces el diputado Lavín entre enero y abril del 2018 como desarrollo web con fondos del Congreso, si los propios parlamentarios de su distrito dicen que en abril les estaba presentando Socialtazk?, ¿o ellos también mienten en sus declaraciones para perjudicarlo?”, inquirió la fiscal Encina.

En su declaración al Ministerio Público, al exponerle un PowerPoint que aludía a Socialtazk como una herramienta de campaña, el diputado sostuvo que el año 2019 hizo un proyecto personal para ampliar su base de datos a nivel nacional, incorporando a candidatos a concejales de la UDI. “Esa base de datos de personas que están fuera de mi distrito no tenía por finalidad campañas políticas, sino que pudiera crecer Socialtazk”, dijo.

La Fiscalía aseguró, sin embargo, que el diputado Lavín “no solo no entrega una explicación razonable frente a la contundencia de esta evidencia, sino que sobre este punto, derechamente miente”, apuntando a tres mentiras flagrantes detectadas: las presentaciones de PowerPoint que él mismo elaboró con fines electorales, las declaraciones de los candidatos que aseguran que él les ofreció el servicio y los reportes de mensajería de texto que demuestran los productos de campaña.

A pesar de estas evidencias, concluye la fiscal Constanza Encina, “es impresentable una explicación como esa de un Honorable Diputado de la República en ejercicio”.