Investigación
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Archivos del terror: dos nuevos procesamientos por robo de niños en dictadura
Un colaborador de la exjueza de Menores de San Fernando fue encausado, lo mismo que una asistente social del Hospital Sótero del Río, que fue acusada de haber quitado de los brazos de su madre a una niña de tres días de vida, la cual fue entregada a ciudadanos de Estados Unidos.
Dos personas fueron sometidas a proceso por el ministro en visita que investiga las adopciones forzadas de menores en la época de la dictadura, Alejandro Aguilar. Se trata de un nuevo imputado en torno a la red de robo y tráfico de niñas y niños que encabezaba la exjueza de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez, pero además fue procesada una asistente social de Santiago, por el caso de una niña adoptada ilegalmente en 1985 y vendida a una pareja con domicilio en Estados Unidos.
En el primer hecho fue encausado Ismael Espinoza León, quien formaba parte del grupo que dirigía la exjueza, procesada por varios casos y actualmente refugiada en Israel, país al cual huyó en 1983, luego de ser acusada por el secretario del juzgado.
De acuerdo con el auto de procesamiento, en enero de 1983 la exjueza y otra mujer, Laura Silva Sánchez, junto a Espinoza, “se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero y para ello también se inició una tramitación judicial ante el propio Juzgado de Menores de la Jueza Ivonne Gutiérrez, en la cual el Egresado de Derecho Carlos Vega Segura efectuó una presentación para obtener la tuición de la niña y sacarla del país para ser adoptada por una mujer de nombre Geraldine Jeanette Diamon, situación que no prosperó, pero si bien se consumó, debido a la que a los días siguientes a la sustracción o robo, la madre junto a personal de Carabineros logró recuperar a su hija”.
Cabe indicar que Espinoza ya había sido procesado en 2025 por este caso, pero dicha medida fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago. No obstante, ahora aparecieron otros antecedentes, como los dichos de otra de las implicadas, Ruth Gutiérrez, quien declaró que “respecto del chofer, creo que su nombre era Ismael, fue unas tres veces a mi casa a llevarme guaguas, porque él andaba en eso, me llevó niños para que yo los engordara”. Además, agregó que “el rol del chofer de Ivonne era trasladar a los niños”.
Además, la madre afectada –una joven de 18 años al momento de los hechos, de extrema pobreza y madre soltera de tres niñas– reconoció en forma inequívoca a Espinoza como “el hombre delgado que junto a la procesada Ivonne fue a mi casa en tres oportunidades”.
En la primera ocasión, como si fuera un cuento de Hans Christian Andersen, ella relató al magistrado que la entonces jueza “llegó acompañada de un hombre moreno, delgado y de pelo más o menos largo. Fue en ese primer encuentro que Ivonne me pide a mi hija y yo no estaba segura. Yo a ella le pregunté qué iba hacer con la niña, le dije que si era para cuidados transitorios sí se la entregaba, pero si la niña iba a sufrir me la quedaba. A mí nunca me dijeron que la niña era para ser dada en adopción, ya que a mí Ivonne nunca me habló de entregar en adopción a la niña”.
En una segunda oportunidad, explicó, llegaron nuevamente a la casa de su madre “Ivonne, el hombre delgado y Laura, de la Posta del Huique” y “en la tercera oportunidad que llegó Ivonne se comprometió conmigo a que la niña estaría bien. El día que fueron a buscar a la niña andaban tres personas, Ivonne, Laura y el hombre delgado”, explicó.
Esa jornada, rememoró, “ellos le pasaron una muñeca muy linda con la cual mi hija se encariñó mucho y posteriormente a mí me entregaron una caja de cartón con mercadería, ese día se llevaron a la niña, yo quedé muy apenada, lloré mucho”.
Luego de consumado el robo de la niña, esta fue vendida a una decoradora de interiores domiciliada en Nueva York, identificada en la causa como Geraldine Jeanette Diamond. Sin embargo, por motivos que no están claros en la causa, esta desistió de llevarse a la menor (de un año y medio en ese momento).
La víctima señaló que “dos días después de que se llevaran a la niña, el hombre delgado que siempre acompañaba a doña Ivonne me fue a buscar a mi trabajo en la comuna de Palmilla, él me fue a buscar en un auto largo de un color oliva, me llevó a la notaría para que yo firmara un documento donde decía que yo estaba conforme de entregar a la niña para que él y la cojita se hicieran cargo de la niña”.
Sin embargo, aseguró que en la notaría de Santa Cruz “no me dejaron leer el documento que tenía que firmar, el hombre delgado me apuraba y me decía que firmara rápido, porque él no tenía mucho tiempo, por lo que no alcancé a leer nada, yo me sentí presionada para firmar, ya que me apuraban mucho”. Asimismo, dijo que “jamás fue mi intención entregar en adopción a mi hija, yo solo le entregué la niña a doña Ivonne para que la cuidara temporalmente, yo jamás renuncié a mi derecho de ser madre”.
Luego de haberla recuperado, gracias a la intervención de la policía uniformada, sin embargo, a la semana “el hombre delgado”, como describe al imputado, “volvió solo a mi casa a pedirme nuevamente a la niña, a lo que yo me opuse rotundamente, le dije que no me va a volver a embolinar la perdiz, le dije que él y las otras mujeres ojalá algún día paguen por lo que hicieron”.
La asistente social
El otro caso aconteció en noviembre de 1985, en Santiago, hecho por el cual Aguilar sometió a proceso a la asistente social María Isabel Sanhueza Garrido, como autora de la sustracción de una niña de tres días de nacida, que fue arrebatada desde los brazos de su madre y entregada a un matrimonio de Estados Unidos en diciembre de 1985.
La investigación estableció que el 14 de noviembre de ese año, la víctima dio a luz a una niña en el interior de la maternidad del Hospital Sótero del Río, en Puente Alto, y fue dada de alta a los tres días.
Cuando la mujer se disponía a irse con su guagua recién nacida a su domicilio, según señala el auto de proceso, “en un sector despoblado del referido nosocomio fue interceptada por la asistente social María Isabel Sanhueza Garrido, más un grupo de personas, quienes le quitaron a su hija de sus brazos”, lo que aconteció el 17 de noviembre de ese año.
Con una velocidad inusual en los trámites judiciales chilenos, el robo de la niña fue consagrado legalmente por medio de un proceso realizado ante el antiguo Tercer Juzgado de Letras de Santiago. Gracias a ello, el 6 de diciembre de 1985 la niña salió desde el aeropuerto de Pudahuel hacia Estados Unidos, habiéndose entregado la tuición a una pareja domiciliada en ese país.
Ello fue posible gracias a un informe suscrito por la ahora encausada, en el cual dice que “los padres de la referida niña desean entregar la tuición de su hija a un matrimonio que pueda brindarle apoyo, cariño y cuidado y un mejor porvenir”, lo que no se condice con lo que la madre señala: que la pequeña le fue arrebatada a la fuerza.