Los Mitos. La gran beneficiada del proyecto es la Sociedad de Derecho de Autor (SCD), que recibiría mayores pagos y haría un gran negocio. Falso. El proyecto impone una cuota mínima de música chilena, pero no altera ni los montos que pagan las radios, ni las tarifas, que no distinguen entre música chilena o extranjera, sino que se refieren al “repertorio mundial” de obras. La radio que programa cueca y paga 100, seguirá pagando 100. La que programa reggaetón y paga 150, tendría ahora que incluir al menos 20% de reaggetón “chileno”, y seguirá pagando… 150. ¿O alguien piensa que la Radio Uno –que programa únicamente música nacional- no paga derechos por sus transmisiones, o paga más caro o más barato que el resto? La SCD, por su parte, es una corporación sin fines de lucro, cuyos gastos de administración son invariables ya sea que gestione repertorio nacional o extranjero. Si hoy el porcentaje de música chilena es menor a un 10%, de 100 pesos que recibe de las radios, al menos 90 serán remesados al extranjero y el resto distribuido entre los nacionales en proporción a su rotación (o “éxito radial”, si se quiere). Si aumenta el porcentaje de música nacional, cambia la proporción de la distribución, y la SCD queda obvia y contablemente, igual que antes.

Los beneficiados serían sólo los músicos de la SCD, no todos los músicos chilenos. Falso. La SCD es la única entidad de gestión colectiva de derechos de autor de músicos –compositores, personas naturales- en Chile. No es una asociación gremial ni un partido político al que se adhiere por estar de acuerdo con su línea editorial o porque lo hagan bien o mal: si usted es compositor y sus obras son difundidas públicamente, la única alternativa para cobrar sus derechos es la SCD. Si no es miembro, no cobra derechos de autor. Creer que los músicos son “independientes” por no pertenecer a la SCD, es como pretender que alguien se sienta más libre por no tener previsión, ya que aquí hay sólo un oferente. Lo anterior no obsta a que músicos que representen más del 25% de los derechos generados formen otra entidad, lo que hasta ahora no ha sido el caso: la gestión colectiva es justamente la que permite a los autores negociar tarifas, en forma similar a un sindicato -aquí sí que se aplica el “divide y vencerás”-, ¿o alguien se imagina a un músico negociando a solas el costo de pasar su disco por una radio en particular?

La imposición de cuotas es ilegal pues atentaría contra la libertad económica y empresarial de las radios. Falso. Se olvida que las radios no son propietarias de sus frecuencias. El espacio radioeléctrico es un bien nacional de uso público y limitado. Si no “caben” más de cierto número de radios, no es impensable que existan normas que persigan asegurar la diversidad de la oferta. Al igual que las cuotas de producciones nacionales y segmentos educativos en la TV abierta, la discusión acerca de la diversidad de oferta cultural en concesiones de bienes públicos no es en sí ilegítima: busca garantizar la representación y libertad de elección de las minorías. En el caso de las obras chilenas, hay quienes creen que existe un plus, asociado a la identidad cultural nacional (en línea con la Convención de la UNESCO sobre Diversidad), o al beneficio de reactivar la hoy casi inexistente industria local. Argentina, Brasil y Francia -países con plena libertad económica y política- han establecido cuotas bastante mayores (30%, 50% y 40%), con resultados que vale la pena estudiar en profundidad.

Las realidades. Cuando se cuestiona la calidad de la oferta de música chilena, indicando que “si fueran buenos llegarían a la radio”, equivale a decir que Wagner o John Coltrane no son sino unos mediocres que no se han logrado posicionar en el mercado radial chileno. Obviamente no es así. Las radios programan lo que “la mayoría” de la gente escucha, y son financiadas por auspiciadores que quieren llegar a dicha mayoría. Los espacios para música que escucha la minoría (jazz, ópera, coral, folclor, música chilena) podrían reducirse e incluso desaparecer si se tratara únicamente del juego de la oferta y la demanda: el 100% de las radios transmitiendo lo que prefiere escuchar el 70% de la población, al que quieren llegar los auspiciadores.

En Chile la difusión actual de música nacional en radios no alcanza a un 10%. No hay que ser un especialista o erudito para recorrer el dial, y darse cuenta que la gran mayoría de la oferta musical en radios de recepción abierta es música popular: inglesa, norteamericana, portorriqueña, etc. Pues más allá de la música nacional, la discusión sobre diversidad de la oferta en un mercado imperfecto, como lo es el de las concesiones radiales (limitadas en número por el propio espacio radioeléctrico, sin una entrada y salida dinámica de competidores), ha sido histórica. Desde la anecdótica ofuscación de don Jorge Alessandri Rodríguez, que reclamó airadamente el día que la radio Andrés Bello dejó de transmitir ópera los domingo -el “Paleta” llamó directamente al famoso locutor Jimmy Brown para expresarle su molestia-, hasta la alharaca que se produjo en las cartas al director de los más connotados medios a raíz de la posible venta de radio Beethoven que, en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial, pretendía ceder al pop la última concesión que a la fecha transmitía música docta y jazz.

¿Es esta ley el mejor mecanismo para promover la diversidad y potenciar la industria musical chilena? Es muy discutible. Las externalidades pueden ser múltiples: judicialización, efecto contraproducente en radios que sientan afectada su línea editorial, o incluso en artistas que vean su promoción malentendida como “un favor” para cumplir con la norma. Posiblemente haya mecanismos de incentivo, exenciones tributarias o del pago de la propia concesión, que funcionen de manera más eficiente (concesión más cara con derecho a un 100% de música masiva, o viceversa).

Es de esperar que el Ministro de Cultura asuma el liderazgo de la discusión que ahora se trasladará al Senado, para que no asistamos nuevamente al lamentable espectáculo que vimos en la discusión de la Ley de Propiedad Intelectual, en que lejos de acercar posiciones y alcanzar consensos entre las partes interesadas, sólo se polarizó la discusión y se parapetaron los lobbistas de lado y lado tras su parlamentario regalón.

Discusión abierta, pública y participativa. Basada en hechos reales, no en mitos, amenazas o medias verdades. La diversidad y la libertad de todos es la que está en juego.

Y es que más temprano que tarde, cambiará para siempre el concepto del libro. Ya está sucediendo. La tecnología permitirá que, como nunca antes, todos podamos acceder a la más enorme biblioteca que la humanidad haya construido. Si Alejandría llegó a tener 700 mil volúmenes, sólo Google Books ha debutado con varios millones. No hay que ser pitonisa para anticipar que en unos cuantos años, nuestras salas de clases se llenarán de libros electrónicos. La penetración del celular -que apareció comercialmente por primera vez en Tokio, en 1979- quedará pálida si consideramos la velocidad de expansión de las redes sociales y las comunicaciones han tenido en los últimos años. Vamos a poder descargar cualquier título que queramos, imprimirlo o transferirlo entre nuestros dispositivos, libremente. Una verdadera maravilla.

Pero hay un elemento que no cuaja en la ecuación. Ah, claro, los escritores. Porque sería absurdo seguir respondiéndoles igual que contra la piratería callejera, o con las políticas fracasadas que se han intentado contra los consumidores de música digital desde fines del siglo pasado (con reminiscencias a veces, por qué no decirlo, de la frustrada lucha contra el narcotráfico). Ya no podremos decirles “cambien el modelo de negocio, toquen en vivo”, por más charlas y talleres con los que puedan pretender parar la olla. O sólo tendremos escritores part-time. O, aceptémoslo, malditos.

Con leyes que hasta hoy victimizan a las personas comunes y corrientes, sólo distraemos la atención del problema real: la copia privada debe legalizarse, y la industria que se construye aprovechando comercialmente dichos contenidos y el gran público que accede a ellos por dispositivos y redes digitales, es la que debe establecer mecanismos de compensación para los artistas que los generan. La alternativa es la persecución de los usuarios (“UNIVERSITARIO ES DETENIDO POR BAJAR CATORCE MIL PELÍCULAS”, puedo ver los titulares), y continuar con mala oferta, o con oferta “ilegal”, oferta “pirata”, sujeta a los vaivenes de las autorizaciones, remociones de contenido, bloqueos, hackeos o casos como el de iTunes, que ni siquiera se anima a prestar servicios de descarga dada nuestra idiosincrasia chilensis, que tanto nos cuesta aceptar (¿cuándo fue la última vez que pagamos por descargar un contenido desde Internet? ¿Algo? ¿Software, imágenes, música, películas, textos… cualquier cosa?).

Los actores de la industria cultural, incluyendo al Estado, las empresas y gestoras de todo tipo, no pueden seguir desentendidas del problema real que supone remunerar a los autores de manera justa (o al menos viable), incentivar la literatura entre niños y jóvenes y dar oportunidades a las nuevas generaciones de escritores en un mundo cada vez más digitalizado e intangible. Cuando la UNESCO estableció el Día Internacional del Libro, lo hizo promoviendo la propiedad intelectual, reconociendo el derecho del autor como primer incentivo de la creación y la innovación. ¿Cuándo podremos al fin tener acceso, entonces, a esta suerte de “biblioteca universal”? Quizás cuando tengamos la madurez social y la voluntad política para establecer leyes de propiedad intelectual modernas, que aseguren el fomento de la creación original y establezcan un balance real entre las empresas que lucran con el consumo de bienes culturales, los autores de dichas obras, y el público consumidor, que ya no quiere más trabas de acceso ni coerciones en Internet, ni mucho menos seguir siendo tratado como “pirata” por usar la tecnología para intercambiar o acceder a obras intelectuales.

Por ahora celebremos el día del libro, pero hagámoslo también incluyendo a los escritores malditos.