MERCADOS
El anuncio del viernes pasado obliga a la entidad bancaria a pagar US$ 30 millones en compensaciones a los consumidores, la mitad de lo originalmente perseguido. De paso, queriéndolo o no, el jefe del servicio, Lucas del Villar, logró sortear una inevitable polémica si es que el juicio avanzaba, relativa al rol que le cupo a Arturo Tagle, actual presidente de BancoEstado –designado por el Primer Mandatario–, quien fuera gerente general del Banco de Chile en el período por el que el Sernac demandó a la entidad controlada por el grupo Luksic.
El viernes pasado el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer el acuerdo conciliatorio firmado con el Banco de Chile, que permitió poner fin a un juicio colectivo iniciado en febrero de 2014, semanas antes de que el primer Gobierno de Sebastián Piñera dejara La Moneda. El Sernac era encabezado en ese momento por el actual subsecretario de Justica, Juan José Ossa, y su subdirector era Lucas del Villar, actual director nacional del servicio.
Apenas aterrizó en su nuevo puesto, Del Villar decidió lo que su antecesor, Ernesto Muñoz, nunca hizo: concretar el acuerdo conciliatorio con el banco ligado al grupo Luksic, donde la entidad se obligó a cambiar de conducta y a pagar US$ 30 millones a sus clientes afectados por cobros excesivos.
En el acuerdo, anunciado la semana pasada, el Sernac detalla los montos que recibirán más de 140 mil clientes del banco, los que obtendrían en promedio unos 130 mil pesos, con rangos desde los 3 mil a 2,5 millones de pesos. Además –indicó el servicio–, el banco se obligó a terminar con los cobros abusivos, algo que, en todo caso, el propio Servicio Nacional del Consumidor señala que se venía haciendo desde hacía un par de años.
Tras el acuerdo, el banco evitó ponerse en el escrutinio público, algo que ya le había ocurrido a Cencosud cuando se le condenó por abusos contra sus consumidores al alzar unilateralmente el costo de administración de su tarjeta de crédito y le ordenó indemnizar a sus clientes afectados, provocando un impacto político.
Con el acuerdo arribado entre el órgano público y el Banco de Chile se adaptó “a la baja” lo indicado por el Sernac en junio de 2015, cuando presentó un informe que calculaba en 1,59 millón de UF (unos US$ 60 millones) las indemnizaciones que debía asumir la entidad bancaria.
La multa también se acotó. 50 UTM, unos 2,4 millones de pesos, justificando dicho pago como la sanción por haber entregado información que no cumplía con los requisitos de veracidad que establece la Ley 19.496.
Lo anterior le dio un suspiro al banco, pues la apuesta original del Sernac consistía en demostrar que con las comisiones cobradas sobre los intereses se estaba superando la Tasa Máxima Convencional (TMC) y ello podía calificar como usura, con la consecuencia de sanciones mucho mayores. El comunicado del servicio estableció que las comisiones que cobraba el Chile solo fueron “indebidas”.
Esta decisión de conciliar la causa judicial va en línea con el estilo que Del Villar quiere cultivar en el organismo desde su llegada: habiendo propuestas reparatorias razonables a favor de los consumidores y mejoras en las conductas de parte de las empresas infractoras, es mejor un pronto acuerdo que un largo juicio (que demora el tiempo de las compensaciones a favor de los afectados).
Este caso es observado con atención en la industria financiera, pues hay otras causas abiertas en tribunales donde se discuten cláusulas similares a las consideradas abusivas por el Sernac respecto del Banco de Chile, como es el caso del juicio contra el BCI iniciado por Conadecus Asociación de Consumidores.
“Yo voy a la eficacia, cero ideología”, afirmaba Del Villar, para luego precisar que “la eficacia es que el Estado moderno resuelva los problemas de los consumidores de forma lo más inmediata y eficaz posible y no deje resabios de discusiones».
Aunque no aludía a este caso en particular, sino al debate que ha generado la Ley del Sernac y su paso por el Tribunal Constitucional (TC), sus comentarios reflejan el nuevo estilo en el servicio: acotar los esfuerzos a causas más grandes, buscar arreglos rápidos y obtener mejoras en las conductas de las empresas y compensaciones a favor de los consumidores afectados.
El Banco de Chile había ofrecido desde hacía años al Sernac un acuerdo conciliatorio como el recientemente anunciado. Sin embargo, en las pocas oportunidades en que se buscó cerrarlo, todo terminaba en foja cero.
Haber cerrado el caso solo dos meses después de haber llegado Del Villar y su nuevo estilo al Sernac, constituye solo una parte de las razones. Y es que el caso Caval tiene que ver. Esto, pues la exposición del escándalo que destruyó el capital político de la administración de Bachelet implicó que fuera imposible sellar un acuerdo con el banco que, precisamente, era protagonista del hecho. “Desde que apareció el caso Caval, siempre supimos que no podríamos lograr un acuerdo con este Gobierno”, explicó entonces una alta fuente vinculada al banco en este caso.
Según revelan sus estados financieros trimestrales, al menos desde 2015 que el banco ya tenía provisionado gran parte del costo que le significaría esta causa, pese a que ante el 12° Juzgado Civil de Santiago se enfrentaban duramente. En efecto, si al cierre de 2013, el trimestre previo a la demanda del Sernac, Banco de Chile tenía provisiones para contingencias judiciales por apenas 339 millones de pesos, la cifra se disparó a fines de 2014 a 8.073 millones. Un año después, el banco casi duplicaba dicha provisión a 14.877 millones y, a fines de 2016, elevaba finalmente la cifra a 21.630 millones, ajustándola mínimamente desde entonces. Con esto, no deberá provisionar adicionalmente para el caso, pues el acuerdo con el Sernac cifra en 19.311 millones el desembolso que debe realizar.
Al momento de cerrar el acuerdo, el organismo dirigido por Del Villar debía sopesar otros aspectos. Si el juicio avanzaba y ganaban, las críticas apuntarían directamente a quienes lideraron el banco, además de Luksic, cuando se cometieron las graves infracciones. Los dardos entonces apuntarían a un ejecutivo hoy clave del sistema: el gerente general del Chile en aquel momento y hoy presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, designado a los pocos días de asumir Piñera su segunda administración.
Tagle fue el gerente del Banco de Chile entre 2010 y 2016, periodo en el que se aprobó el crédito a Caval y que además coincide, casi en forma total, con el lapso en que –según el Sernac– se cobraron a los consumidores las irregulares comisiones y cláusulas abusivas: entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de agosto de 2016.
Ex ejecutivos de la entidad, además, ocupan posiciones estratégicas en distintas entidades público-privadas. Por ejemplo, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), Mario Farren, fue gerente corporativo y de inversiones en Banco de Chile entre los años 2008 y 2011.
