Medioambiente
La propuesta, que volverá a discutirse en la Comisión de Pesca debido a indicaciones, establece que responsables deberán adoptar las medidas para evitar el depósito de desechos inorgánicos en el fondo marino.
La Cámara de Diputados aprobó unánimemente el proyecto, presentado por el parlamentario Gabriel Ascencio (DC), que modifica la Ley 18.892 General de Pesca y Acuicultura. El cambio a la normativa pretende exigir a empresas salmoneras la remoción de sedimentos del fondo marino del sector en que operan.
Específicamente, la propuesta indica que los titulares de concesiones de acuicultura deben evitar la permanencia de desechos orgánicos e inorgánicos en el fondo marino y transportarlos a lugares autorizados por la normativa. Si llegan a quedar rastros de estos en el sector, las empresas se exponen a una suspensión de entre dos años a cuatro años para operar en la zona concesionada.
Los desechos orgánicos que producen las salmoneras comprenden alimento no consumido por los peces y fecas. “Se ha tratado de limitar la cantidad de alimento que se pierde con automatización del sistema pero siempre hay un porcentaje que se pierde, que no es consumido por el salmón. Lo que es fecas, todo se va al fondo marino”, señaló el vocero de Greenpeace Chile, Mauricio Ceballos.
La saturación de materia orgánica en el fondo marino produce “un cambio en la composición química en toda la columna de agua. Cualquier tipo de flora marina que pueda haber en el fondo es cubierta por este sedimento. Cuando empieza el proceso de descomposición que se da con microorganismo marinos empieza a cambiar los parámetros de oxigenación del agua, empieza a perder el oxígeno y toda la parte cercana empieza a quedar como zona muerta”.
Los desechos inorgánicos, por su parte, son materiales que caen en medio de faenas, tales como fierros y redes.
El proyecto agrega que las empresas tendrán que presentar un plan de recuperación e investigación del fondo marino. El programa lo deberán presentar al Sernapesca.
A pesar de la aprobación, la propuesta volverá a discutirse en la Comisión de Pesca debido a indicaciones presentadas por parlamentarios.
A pesar del avance que representa el proyecto en el reconocimiento de la afectación ambiental de la producción acuícola, la ONG también dirige críticas a la insuficiencia de la normativa.
“Lo que a nosotros nos preocupa mucho de este caso es el hecho de cómo se le está dejando nuevamente en las manos de las empresas, sin fiscalización, cualquier tipo de trabajo que se haga en el fondo marino”, indicó el vocero de Greenpeace.
“Esto acá nuevamente no se considera -prosiguió- simplemente se pone en manos de las empresas. Y bueno, las empresas han demostrado, lo hemos visto en casos bastante recientes de escándalos al respecto de cómo son capaces de alterar información. No nos extrañaría de que las empresas encuentren la manera de evitar que esto suceda”.
Hace unos días El Mostrador publicó una investigación periodística que descubrió que la empresa salmonera Nova Austral modificaba los índices de mortalidad de sus salmónidos. Su objetivo era ocultar datos a Sernapesca para sortear multas y sanciones.
