BRAGA
Créditos: Agencia Uno
La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto de resolución, que entre sus principales objetivos tiene solicitar al presidente Gabriel Boric y sus ministerios informar y potenciar las iniciativas que se están trabajando para la protección de la comunidad LGBTQI+. Por ejemplo, los y las legisladoras solicitan tomar acción sobre la crisis de salud pública por el uso de silicona industrial en mujeres transgénero.
Con el objetivo de promover y fiscalizar políticas públicas a favor de la comunidad LGBTQI+ del país, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto de resolución que solicita al gobierno transparentar e impulsar medidas de protección que se estén trabajando para tal población.
Entre los principales puntos solicitados, las y los legisladores piden al Ministerio de Salud incorporar una agenda específica sobre la crisis de salud pública que afecta a la población transfemenina por el empleo de silicona industrial.
Cabe señalar que la silicona industrial es un tipo de aceite utilizado para motores de aviones o camiones mineros. Esta herramienta, lamentablemente es usada por gran porcentaje de mujeres transgénero para intervenir sus cuerpos.
En esa línea, el proyecto de resolución solicita a los ministerios de la Salud y de la Mujer promover una campaña comunicacional de alcance nacional, con el objetivo de catastrar a toda persona usuaria de silicona industrial. De igual modo, para disuadir sobre el uso de tal producto.
Por otro lado, la moción pide información sobre el contenido y fecha efectiva de suscripción del convenio sobre litigación estratégica en casos en contra de la población LGBTQI+. También, se solicita explicar las acciones concretas en que se traduciría tal convenio.
Es necesario recordar que durante el 28 de junio de este año, el Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, anunciaron un convenio que permite avanzar en litigación estratégica para casos en contra de diversidades sexuales.
Según explicaron las autoridades en esa ocasión, el convenio establece que el Estado, se hará parte como querellante en causas en las que se hayan cometido delitos de homicidio y lesiones graves que sean motivados por crímenes de odio a la población de disidencias, y que hayan alterado el orden y seguridad pública.
Por último, el informe dirigido al presidente Gabriel Boric, pide transparentar las medidas administrativas o iniciativas legislativas que se estén planificando. En particular, aquellas que busquen prevenir nuevos crímenes de odio contra personas LGBTIQI+.
