BRAGA
“Permitiría que, por ejemplo, incluso pudiéramos retroceder en la pastilla del día después”, señaló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en conversación con una radio nacional. Esto luego de la aprobación del artículo del “derecho a la vida y la protección de quien está por nacer” este 20 de septiembre en el Pleno del Consejo Constitucional, que encendió las alarmas de referentes y organizaciones feministas: la ley IVE cumplió seis años recientemente y según estudios de Cadem y Cep, el apoyo social es mayoritario.
“Lo que se aprobó hoy día (ayer) en el análisis jurídico que hemos hecho nosotras, permitiría que, por ejemplo, incluso pudiéramos retroceder en la pastilla del día después”, subrayó la ministra Antonia Orellana en conversación con ADN radio.
Si bien la referente de la cartera de Equidad y Género recalcó que “el Consejo Constitucional es un organismo autónomo que fue electo para esos efectos” y asumió que el gobierno respeta esa autonomía, “personalmente” le preocupa la aprobación de del “derecho a la vida y la protección de quien está por nacer” así como también enmiendas que buscan retroceder en “avances civilizatorios”.
“La pastilla del día después ha sido tan importante, sobre todo en casos de violación, y también en casos de embarazo adolescente en Chile, esto se llevó al tribunal constitucional, y ni siquiera la constitución del 80’ era incompatible con ella”, sostuvo.
Además de referirse al debate del Consejo Constitucional, la mandataria mencionó los números netos a seis años de la promulgación de la Ley IVE, popularmente conocida como aborto tres causales.
“La aplicación neta tiene que ver con una cifra cercana de 3.200 abortos practicados en la causales que detalla la ley. La mayoría fueron por la causa de inviabilidad; en segundo lugar el riesgo de vida materno (…) y también la causal de violación”, dijo.
“Más de la mitad de las solicitantes (en caso de violación) son menores de edad y las más recurrentes son menores de 13 años”, agregó. Junto con ello, informó que muchas de las niñas embarazadas por violación no alcanzan a constituirse dentro de la causal ya que esta “tiene un límite de semanas por gestación”.
Al mismo tiempo, citó a las encuestas de Cadem y Cep, dado que ambas demuestran que la mayoría de las y los habitantes de Chile “está de acuerdo con las tres causales y con no penalizar (el aborto)”.
Respecto de la objeción de conciencia, Orellana apuntó que está consagrada como derecho civil, pero que institucionalizarla sería normalizarla, ya que se podría retroceder en términos más extendidos. Por ejemplo, la ministra señaló que de ser realidad “los niños podrían ser rechazados en una institución en base a la afiliación religiosa de los padres”, ilustró.
