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Ley Escuelas Protegidas: qué cambia y qué deben saber estudiantes, profesores y apoderados
La llamada ley “Escuelas Protegidas” entrega nuevas herramientas a los colegios para prevenir y enfrentar situaciones de violencia, refuerza las facultades de los docentes y permite incorporar medidas como la revisión de mochilas en los reglamentos internos. ¿Qué dice la normativa?
La nueva Ley 21.827, conocida como “Escuelas Protegidas”, ya fue publicada en el Diario Oficial y modifica las herramientas disponibles para los establecimientos educacionales para prevenir y enfrentar situaciones de violencia, mejorar la convivencia escolar y reforzar la autoridad de los docentes.
La ley no significa que todos los colegios puedan aplicar automáticamente las mismas medidas. Varias de sus disposiciones deberán incorporarse a los reglamentos internos de cada establecimiento y aplicarse de acuerdo con las orientaciones que entregue la Superintendencia de Educación.
¿Se podrán revisar las mochilas de los estudiantes?
Sí, pero bajo determinadas condiciones.
La nueva ley permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y otras pertenencias personales, siempre que esta medida sea realizada por personal capacitado y respete derechos fundamentales como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso.
Un punto importante es que la normativa no autoriza revisiones corporales ni de la vestimenta.
Por lo tanto, si un colegio incorpora la revisión de mochilas, esta deberá estar contemplada en su reglamento interno y realizarse bajo las condiciones establecidas por la normativa.
¿Qué nuevas facultades tendrán los profesores?
La ley busca reforzar la autoridad de los docentes dentro de la sala de clases.
Los profesores podrán adoptar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata cuando sea necesario mantener el orden y resguardar el desarrollo de las actividades educativas.
Estas medidas, sin embargo, deberán ser proporcionales y pertinentes desde el punto de vista pedagógico. La nueva normativa no elimina las obligaciones de los establecimientos de respetar los derechos de los estudiantes.
¿Qué pasa con los conflictos entre estudiantes?
La Ley Escuelas Protegidas establece que se deberá privilegiar, cuando corresponda, la gestión colaborativa de los conflictos.
Esto no significa que todos los conflictos propios de convivencia escolar deban resolverse mediante mediación. Cuando existan delitos o vulneraciones de derechos fundamentales, deberán activarse los procedimientos correspondientes.
¿Qué ocurre frente a amenazas o interrupciones de las clases?
La nueva legislación incorpora herramientas para que los establecimientos puedan enfrentar amenazas e interrupciones de las actividades académicas, con el objetivo de proteger tanto a quienes estudian como a quienes trabajan en las comunidades educativas.
El propósito general de la ley es que los colegios cuenten con procedimientos más claros para actuar antes de que una situación de violencia o conflicto escale.
¿Los colegios podrán prohibir elementos que oculten el rostro?
Sí. La normativa establece que los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición de elementos que impidan la identificación facial, aunque se consideran excepciones debidamente fundadas.
¿Qué papel tendrán los padres y apoderados?
La normativa también refuerza la participación de padres y apoderados en las instancias relacionadas con convivencia escolar, disciplina y situaciones de violencia.
Esto busca que la prevención y el abordaje de los problemas de convivencia no recaigan exclusivamente en profesores y equipos directivos, sino que involucren también a las familias.
¿Por qué se creó la Ley Escuelas Protegidas?
La legislación surge en un contexto de preocupación por el aumento de situaciones de violencia dentro de los establecimientos educacionales. El proyecto ingresó el 7 de abril, apenas once días después que un estudiante asesinara a una profesora en Calama,
De acuerdo con los antecedentes entregados junto con la publicación de la ley, las denuncias por convivencia escolar relacionadas con maltrato a adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695.
La normativa busca entregar mayores herramientas para prevenir estos episodios y permitir que los colegios reaccionen de manera más rápida cuando ocurran.
