NUEVA CONSTITUCIÓN
El ministro Juan José Ossa y el secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina
La Asociación de Funcionarios de la Segpres no solo pidió revisar la licitación de la transmisión por TV de las actividades de la Convención Constitucional. Además, acusan problemas de presupuestos y transparencia, como “plazos acotados a los proveedores para la revisión de las bases de licitación, preguntas y aclaraciones”, así como ausencia de informes comprometidos, por lo que interpelaron al ministro Juan José Ossa a responder por las irregularidades. Los dirigentes se reunieron con Francisco Encina, el cuestionado secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención, a quien los representantes de pueblos originarios han exigido su renuncia, debido a su falta de capacidad de diálogo intercultural, y aseguran que quedó claro que acceder a dichos requerimientos es solo cuestión de “voluntad” y “no de temas logísticos», como ha planteado La Moneda.
Una dura declaración en la que no solo solidarizan con las demandas de los pueblos originarios para la instalación de la Convención Constitucional, sino también denuncian una serie de problemas de transparencia, emitió la ANFUNSEGPRES, la Asociación de Funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
La declaración, a la que tuvo acceso El Mostrador, parte mencionando la realización de una reunión el 29 de junio con Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, a quien los representantes de pueblos originarios han exigido su renuncia debido a su falta de capacidad de diálogo intercultural.
“En el tenor de dicha reunión, se manifestó al Sr. Encina, que solidarizábamos y apoyamos a los Convencionales Constituyentes pertenecientes a los pueblos originarios, respecto a sus legítimos derechos (…) solicitando que la autoridad política recoja y respete la interculturalidad, otorgando rápida respuesta a los pueblos originarios y sus mandates que asumen el trabajo (de) Convencionales para respetar y considerar en la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional a un experto o experta con conocimientos holísticos en materia de interculturalidad, lingüísticos y diversidades, además de ser una contraparte validada por los Convencionales Constituyentes pertenecientes a los pueblos originarios”, señalan los dirigentes de la asociación junto al presidente de la ANEF, José Pérez Debelli.
En respuesta a lo anterior, la declaración plantea que “el Sr. Encina señaló que era una materia de su resorte”, por lo que “queda de manifiesto que finalmente es solo una voluntad de responder a los requerimientos y que no pasan necesariamente por temas logísticos”.
Asimismo, la ANFUNSEGPRES cuestionó otro aspecto controvertido de la previa de la instalación de la Convención Constitucional, el de la licitación de la transmisión de las actividades de la instancia, cuyas bases establecen que no se puede transmitir contenido que “no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Secretaría General de la Presidencia)”, lo cual es considerado como una intromisión del Ejecutivo en el trabajo de la Convención Constitucional.
Al respecto, los funcionarios de la Segpres expresan su “rechazo categórico a las atribuciones que se autodesignó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (…), siendo estas atribuciones de los convencionales constituyentes, a través de su presidente o reglamento”.
“Por este motivo, solicitamos a los Constituyentes revisar dicha licitación y modificar esta cláusula, que contraviene el legítimo derecho de la ciudadanía de conocer abiertamente el trabajo de la Convención y sin condición alguna”, indican.
Pero no solo es esta licitación la que los funcionarios de la Segpres piden revisar. También exigen aclarar otros procesos cerrados o en marcha.
Uno de estos ítemes es que “de acuerdo con la ley N°21.298 de Presupuesto del Sector Público, se asignó al 08 (de la Convención Constitucional), la suma de $6.708.253, no obstante, ha habido modificaciones presupuestarias (incremento de presupuesto) y es por este motivo, que solicitamos se transparente a los Convencionales Constituyentes y en especial a la ciudadanía, la solicitud de modificación presupuestaria requerida a la DIPRES”, señalan.
También plantean que “dicha normativa autorizó presupuesto para la contratación de 32 personas, no obstante, se solicitó a la DIPRES el aumento de cupos y modificación presupuestaria a la glosa del subtítulo 21 del programa 01, para los fines aparentemente de prestar apoyo asociado a la Convención Constitucional”.
Asimismo, puntualizan que “según los criterios de transparencia, probidad y pluralismo, la normativa indica que se deben elaborar reportes mensuales relacionados a la gestión administrativa y financiera de la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional”. Sin embargo –señalan–, los informes desde marzo a junio no se han realizado.
En materia de licitaciones, los funcionarios denuncian que “para la conformación de las comisiones evaluadoras, se observa que en la mayoría de las licitaciones no se integra a personas expertas en los servicios o bienes a contratar”.
Además, acusan que en estos procesos “se observa plazos acotados a los proveedores para la revisión de las bases de licitación, preguntas y aclaraciones”.
“De acuerdo con este punto nos cabe la legítima duda ¿el jefe de Bienes y Servicios, Claudio Bonansea, alertó a la autoridad respecto a este inconveniente? En caso de haber alertado a quien corresponda en la toma de decisión ¿cuál fue la resolución para proceder en esta licitación? ¿Por qué esta licitación no fue revocada?, ¿finalmente se realizará un trato directo?”, sostienen.
Desde la asociación emplazaron al ministro de la Segpres, Juan José Ossa Santa Cruz, para que dé respuestas. Pero además solicitaron «expresamente a los convencionales constituyentes poner atención a las licitaciones antes mencionadas, por tratarse más bien de tratos directos arbitrarios y de poner límites al gobierno, pues está inmiscuyéndose en un proceso que no le pertenece, como lo es la instalación de la nueva Convención Constitucional, impulsada por la ciudadanía”.
“Ante esto señalamos categóricamente, que el gobierno no puede alterar ni interponerse sobre la institucionalidad de este nuevo organismo que es la Convención Constitucional, creada por y para el pueblo”, finaliza la declaración.
