NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Agencia Uno
El Pleno de la Convención Constitucional aprobó el martes y en particular una serie de normas que quedaron en el borrador de la nueva Constitución. Entre ellas está un artículo que permite a las comunas autónomas crear empresas, con previa autorización de la ley. El abogado constitucionalista y coordinador del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán, explicó en conversación con El Mostrador en La Clave que la «recoge una vieja tradición jurídica chilena en que los municipios pueden generar sus propios emprendimientos, empresas públicas, y que se vuelve a reconocer, pero siempre y cuando esté autorizado por una ley nacional». Añadió que «va a tener que discutirse en el Congreso cuáles son las razones para que una comuna cree una empresa pública».
El abogado constitucionalista y coordinador del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán, abordó las recientes normas aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional –y que entraron al borrador de la nueva Constitución–, como la posibilidad de que las comunas autónomas puedan crear empresas, o la existencia de las Autonomías Territoriales Indígenas (ATI).
Sobre las comunas autónomas, explicó que se enmarcan en el Estado regional, en la que se crea la región autónoma, las comunas autónomas, y las entidades territoriales indígenas.
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«Lo que significa es que el territorio nacional estará distribuido primeramente en regiones autónomas», dijo Jordán, en conversación con El Mostrador en La Clave.
El Pleno de la Convención Constitucional votó el martes y en particular el informe de la Comisión de Forma de Estado. Los convencionales aprobaron el artículo 17 del texto, que faculta a las comunas autónomas para poder crear empresas, con previa autorización de la ley.
«Las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes», indica la norma aprobada.
El abogado constitucionalista fue consultado por la propuesta. Al respecto, comentó que «hoy día existen algunas empresas (similares)», y citó el ejemplo de Maipú, en que «las aguas son de una empresa municipal».
«Esto recoge una vieja tradición jurídica chilena en que los municipios pueden generar sus propios emprendimientos, empresas públicas, y que se vuelve a reconocer, pero siempre y cuando esté autorizado por una ley nacional», añadió.
«Va a tener que discutirse en el Congreso cuáles son las razones para que una comuna cree una empresa pública», explicó el coordinador del Observatorio Nueva Constitución.
En la sesión de ayer, el Pleno también visó el artículo 19 del informe de la Comisión de Forma de Estado, sobre las Autonomías Territoriales Indígenas.
La norma señala que «las Autonomías Territoriales Indígenas son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley».
Respecto al artículo, Jordán expresó que «se aprobó solo la estructura general, que van a existir, que son entidades dentro de la misma estructura que veníamos hablando, con personalidad jurídica, patrimonio propio».
Explicó que una ley fijará «cómo se van a constituir, cómo se van a regular su financiamiento y cuáles van a ser sus competencias. Esto porque también hay clara conciencia de que los distintos pueblos tienen distintos niveles de desarrollo en el sentido de su propia autogestión».
«Yo creo que va a haber un estatuto jurídico legal que va a ir progresivamente permitiendo la creación de Autonomía Territorial Indígena», añadió.
Asimismo, indicó que todavía no hay claridad sobre la delimitación geográfica de estos territorios.
«Eso es lo que no está claro al día de hoy, porque la delimitación geográfica es la que se rechazó ayer y, por lo tanto, solo se crea esa estructura ahora. Esto es un criterio que va a tener que definir el legislador, si lo decide por zona territorial o por donde estén ubicadas las personas que pertenecen a esos pueblos», comentó el abogado.
