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Crédito: Agencia Uno
El abogado defensor del excanciller Andrés Allamand, Samuel Donoso, respondió a la acusación mediante un documento de 22 páginas remitido a la comisión revisora del libelo.
El exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, abordó la acusación constitucional presentada la semana pasada por diputados del Partido de la Gente (PDG) en conjunto con la diputada Pamela Jiles (PH).
Los legisladores apuntan que Allamand comprometió «gravemente el honor o la seguridad de la nación». Esto, a propósito de su viaje a España en febrero para asumir su cargo como secretario general iberoamericana, en plena crisis migratoria en el norte del país.
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El abogado defensor de Allamand, Samuel Donoso, respondió a la acusación mediante un documento de 22 páginas remitido a la comisión revisora del libelo.
En el texto, dado a conocer por El Mercurio, Donoso indicó que «lo que realmente reprochan a mi representado es un supuesto abandono de los deberes del cargo de ministro de Relaciones Exteriores, fundado en el hecho de ‘no retornar al país’ durante la primera semana de febrero de 2022 o en su posterior renuncia al cargo de ministro».
«Sin embargo, dicha causal no se encuentra establecida en la CPR respecto de los ministros de Estado, viéndose los acusadores en la necesidad de recurrir artificiosamente a un argumento diverso para justificar su pretensión, invocando una causal que en ningún caso cumple respecto de mi representado”, añadió.
Asimismo, apuntó que el libelo acusatorio es “jurídicamente forzado, incapaz de desarrollar con precisión -más allá de extensas citas genéricas de doctrina- cómo y de qué forma, don Andrés Allamand habría comprometido el honor y seguridad de la nación, pese a lo cual se pretende la aplicación de una sanción gravísima a un ciudadano con más de 30 años de su vida dedicados al servicio público”.
“La acusación constitucional es un mecanismo de fiscalización jurídica de la Cámara y, por lo mismo, únicamente podrá ser acogida si el acusado incurrió en una infracción o incorrección de tipo jurídico, no moral ni político”, añadió.
También dio cuenta que la subrogancia de Cancillería mientras el exministro “fue autorizado, mediante un acto administrativo formal previamente tramitado, para hacer uso de su feriado legal entre los días 31 de enero de 2022 y 11 de febrero de 2022”.
Recordemos que la Cámara de Diputadas y Diputados sorteó el 9 de mayo la composición de la comisión revisora. De este modo, quedó integrada por los diputados Cristián Labbé (UDI), Catalina Pérez (RD), Andrés Celis (RN), Jorge Brito (RD) y Jaime Araya (IND-PPD). Este último preside la instancia.
