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Crédito: Agencia Uno (foto de referencia)
En la comisión mixta, el Gobierno y la oposición acordaron un protocolo de acuerdo que destrabó la discusión.
El Senado aprobó el miércoles el informe de comisión mixta sobre el proyecto de infraestructura crítica. La iniciativa permite a las Fuerzas Armadas dar protección a esta infraestructura, en caso de peligro grave o inminente.
Solo resta la aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados para que el proyecto pase a ley.
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El informe precisa el concepto de la infraestructura crítica y sobre el uso de la fuerza aclara que “estará sujeta a los procedimientos establecidos en la legalidad vigente y en las reglas del uso de la fuerza que se fijen al efecto para el cumplimiento del deber”.
La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados suprimió el martes -con votos de la oposición- un punto clave del proyecto de infraestructura crítica: la facultad de las FF.AA. para colaborar en el orden público.
Al día siguiente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a que la Cámara de Diputados rechazara en general el proyecto, con el objetivo de que pasara a comisión mixta para reponer el artículo suprimido.
Tal como instó Tohá, la Cámara Baja rechazó en general el proyecto y pasó a comisión mixta. En esa instancia, el Gobierno y la oposición acordaron un protocolo de acuerdo que viabilizó la iniciativa.
Las partes pactaron que, a partir de febrero, constituirán dos mesas técnicas de trabajo con representación del Ejecutivo y el Legislativo para analizar propuestas sobre las reglas de uso de fuerza. Ello, para elaborar un proyecto que será enviado con suma urgencia en la primera semana de abril del 2023.
El protocolo también contempla desarrollar una propuesta que incluya medios legales, financieros y administrativas dirigidos a la creación de capacidades especializadas para las policías o FF.AA. para la protección de fronteras cuyas conclusiones deberán estar, a más tardar, la segunda quincena de mayo.
Asimismo, en el protocolo reafirmaron la decisión de impulsar iniciativas legales; facultar controles de identidad en fronteras; facultades a tribunales para, en reincidencia, considerar penas en el extranjero; aumento de plazo de detención de hasta 96 horas; entre otros.
