MERCADOS
En conversación con El Mostrador en La Clave, la economista y directora de Fundación Chile abordó el Registro de Beneficiarios Finales que incluye la reforma tributaria del Gobierno. Reconoció un ambiente difícil para impulsarlo, pero destacó que sirve para dar mayor probidad al sistema económico. «Es importante para que el SII entienda quienes están detrás de las empresas, para mejorar su recaudación», señaló, agregando que «ayuda mucho en dificultar el lavado de dinero y la evasión». La también fundadora del Observatorio Fiscal declaró que «hay que avanzar hacia la transparencia de todas las empresas». Y dijo que se tiene que elegir bien el contenido del registro y no disponer de todos los datos que maneja la autoridad tributaria, pero «tiene que ser útil». La especialista en temas de transparencia comentó que adicionalmente se debe «armar un equipo para darle dientes a la fiscalización de este registro», y recalcó que en caso de incumplimiento puede haber sanciones incluso a nivel de directorio.
La reforma tributaria contempla la creación de un registro de personas beneficiarias finales, con el que se pretende identificar a los dueños reales y/o controladores de las empresas constituidas en Chile. El objetivo es avanzar en transparencia y el Servicio de Impuestos Internos (SII) juega un rol trascendental.
Ante esto, aunque reconoció un ambiente difícil para impulsarlo, en conversación con El Mostrador en La Clave, la economista Jeannette Von Wolfersdorff destacó que la creación del registro «es una noticia muy positiva para todos quienes buscan tener más probidad en el mercado».
La economista y especialista en temas de transparencia aseveró que crear una ley de registro nacional de personas beneficiarias finales de empresas es relevante, además, «para que el SII entienda mejor las estructuras de las empresas, a quienes están finalmente detrás de estas, y para mejorar su recaudación dificultando la evasión de impuestos».
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«Es importante para entender el funcionamiento de los mercados y para todas las autoridades que tienen una función anticorrupción», destacó Von Wolfersdorff, para quien las unidades de análisis financiero del SII tendrán una tarea inmensa para —adicionalmente— «dificultar el avance del narcotráfico a través de los flujos ilícitos».
«Hay más de 100 jurisdicciones en el mundo que ya tienen este registro y han establecido reglas de acceso público a estos, porque a veces cuando uno habla de transparencia de usuarios finales algunos se refieren a la autoridad tributaria, pero hay una segunda dimensión: el acceso a la información para todas las personas». Sobre este punto Von Wolfersdorff advirtió que, de acuerdo a la experiencia europea, se debe definir con precisión el contenido del registro, con el objetivo de «avanzar hacia la transparencia de todas las empresas».
«El proyecto indica lo que debería disponerse a dispocisión del publico, el nombre y el rut de los beneficiarios finales que contratan con el Estado o reciben subsidios, por ejemplo. Entiendo como parte de este principio de gradualidad que no hay que publicar todos los datos. Se debe elegir bien el contenido y no disponer de todo lo que maneja la autoridad tributaria o la autoridad contra el lavado de dinero. Pero tiene que ser útil», explicó la también directora de Fundación Chile y fundadora de Observatorio Fiscal, añadiendo que en Europa las sanciones «no son tan altas» y se aplican por distintas fases de incumplimiento.
Consultada por si el SII tiene las herramientas para aportar correctamente al registro propuesto por el Ejecutivo, la economista —que acaba de publicar «Capitalismo», un libro donde dice que en Chile el poder económico está excesivamente concentrado y eso es antidemocrático y antimercado—, recalca que «hay que armar un equipo de recursos adicionales para darle dientes a la fiscalización de este registro, porque hay que usar datos y mostrar ejemplos de incumplimientos».
Finalmente Von Wolfersdorff destaca que en casos de incumplimiento del registro puede haber sanciones incluso a nivel del directorio de las empresas, en el sentido de que —por ejemplo— directores podrían ser inhabilitados para participar por cinco años en sociedades anónimas.
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