La guerra civil dentro de la Democracia Cristiana libra una de sus batallas más encarnizadas en el Senado, un espacio en el que, generalmente, los integrantes del Poder Legislativo tienden –se supone– a la mesura y a procurar un mayor cuidado de las formas. Pero las mismas se han perdido conforme se profundiza esa severa fractura que ha terminado por exponer todavía más la pugna entre dos mundos que parecen cada vez más excluyentes, irreconciliables y distantes, con dos «generalas» completamente enfrentadas entre sí: Ximena Rincón versus Yasna Provoste.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento para exigir evaluación ambiental a los proyectos Hacienda Guay Guay y Mirador Pie Andino, al igual que en los casos de La Cumbre y Chaguay. Estos cuatro complejos están estrechamente ligados a personas «poderosas», como Gabriela Luksic, Vittorio Corbo Urzúa, Diego Errázuriz Zañartu, y José Luis Délano. Estos proyectos inmobiliarios tienen un historial de denuncias ambientales.
Cerca de tres años han transcurrido desde el incendio en la bodega de Kayser en la comuna de Renca –en el contexto del estallido social–, el que, una vez sofocado por bomberos, dejó al descubierto los cadáveres de cinco personas en su interior. Por entonces se instaló una tesis que es rechazada por los familiares de las víctimas: que las personas fallecieron intoxicadas por el humo en momentos en que participaban de un saqueo y que, de manera contraintuitiva, permanecieron en el lugar pese a las llamas. Las dudas de los familiares encuentran soporte en un informe antropológico forense que acusa inconsistencias técnicas en los peritajes elaborados por el Servicio Médico Legal. Pero pasan los meses y los años, y las familias sostienen que hasta aquí el fiscal Centro Norte, José Morales, ha mostrado indiferencia. Mientras tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados se apresta a activar el trabajo de una comisión investigadora que indague sobre la actuación de los organismos auxiliares de justicia y que debería comenzar sus sesiones en un par de semanas. Los detalles del caso aquí.
Fue anunciado como un gran proyecto Bicentenario por la ex Presidenta Michelle Bachelet y empezó a ser construido en 2015. El compromiso era que iba a estar terminado dos años después, pero la constructora responsable quebró. Desde entonces han pasado varios gobiernos, sin que la obra de 60 millones de dólares tenga actualmente fecha de término. Es más, ni las autoridades del Gobierno de Bachelet ni del ex Presidente Piñera han querido hacerse responsables de las negligencias en su gestión. Desde el MOP, el liberal Juan Carlos García promete echarse al hombro la iniciativa y volver a insistir en las licitaciones, las que hasta ahora no ha tenido interesados en retomar las obras, dado que el precio sería mucho mayor al proyecto licitado. «Si quieren hacer esto está bien, porque en Chile no hay una sala de este calibre. En Sudamérica, tampoco. ¡Pero no la puedes hacer con cuarenta mil millones de pesos! Tienes que contar con dos o tres veces más», señala el arquitecto Ramón López, expresidente del directorio del GAM. Lo cierto es que el elefante blanco, que partió siendo una ambiciosa iniciativa vanguardista, hoy se encuentra en ruinas.
Como una tensa semana política han sido evaluados estos días, ya que tanto los sectores oficialistas, de oposición y de la sociedad civil no se han quedado indiferentes ante el anuncio realizado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre la presentación de un eventual proyecto de aborto libre y seguro. ¿Fue un desacierto de la ministra adelantarse en esta materia? Mientras que para algunos esto supone una provocación y una posición de enfrentamiento que evidentemente afecta los tan anhelados acuerdos constitucionales, para otras las declaraciones significan finalmente un paso firme hacia la consagración de los derechos de las mujeres. No obstante, este anuncio podría considerarse como el primer traspié de Orellana, debido a que, ante las diversas reacciones, la secretaria de Estado tuvo que señalar que por el momento la propuesta del aborto sin causales no es prioridad.
El influyente inversionista y director de empresas dice que la incertidumbre sigue siendo el principal factor que pesa sobre las acciones chilenas, al tiempo que afirma que hay activos de renta variable muy buenos y a buen precio. «Hay que mirar a empresas que cobran en dólares y sus costos son en peso», señala. Respecto a la grieta política, Casanegra asegura que para el inversionista duro la ideología no pesa tanto, como algunos creen, a la hora de tomar decisiones. Revive un nuevo capítulo de La Mesa.
Si se juntan los resultados de las cuatro elecciones significativas que en menos de dos años tuvieron relación –directa o indirecta– con una nueva Constitución, queda clara la voluntad de cambio, además del modo racional y pacífico a que aspira la ciudadanía. Aunque es un hecho que la Convención Constitucional no cumplió las expectativas, es esperable que los aspectos macroconstitucionales positivos esbozados en el fallido texto propuesto puedan ser aprovechados en una nueva Carta Magna, como la paridad de género, descentralización y derechos sociales garantizados, entre otros. La nueva Carta Fundamental ya es parte de un programa país y no de un programa gubernamental, por lo que hoy lo fundamental es que el Gobierno se aplique a gobernar –en el más amplio sentido de esta palabra–, generando, pues, gobernabilidad; lo que, obviamente, incluye la aplicación de la fuerza legítima del Estado, de conformidad con la ley. Cerramos este newsletter con un tema editorial.
