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La Superintendencia de Salud informó que la industria de las Isapres debe restituir $ 1,12 billones por cotizaciones entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, de los cuales $ 928.791 millones son pagos retroactivos. La Corte Suprema ordenó la devolución de los cobros realizados durante ese período a los afiliados que excedieron el parámetro establecido por el regulador en abril de 2020. El proyecto de ley presentado por el gobierno para solucionar este problema ha sido criticado por exautoridades, quienes señalan que no aborda el fondo del problema y puede poner en peligro la continuidad del sistema asegurador privado y tener graves consecuencias en la red prestadora de servicios de salud.
La médica cirujana y exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, junto al doctor y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, expresaron su preocupación ante lo que consideran es un golpe de inestabilidad al sistema de salud, en su conjunto, tras conocerse el proyecto de ley corta de las isapres presentado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Las exautoridades de la administración liderada por el expresidente Sebastián Piñera, se sumaron a las palabras del extitular del Ministerio de Salud, el doctor Jaime Mañalich, para quien la iniciativa del Ejecutivo “es una moratoria para la muerte de las isapres“.
Duras críticas ha recibido el proyecto de ley corta del gobierno para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, monto que no se confirmó hasta este miércoles.
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En total, serían más de US$ 1.400 millones los que las isapres tendrán que devolver a sus afiliados para restituir los cobros en exceso generados al aplicar la nueva tabla de factores, de acuerdo a lo informado por el Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres, ante la Comisión de Salud del Senado.
En la instancia, el Superintendente de Salud Víctor Torres, señaló que el grueso del monto global de $ 1,12 billones está compuesto por los pagos de carácter retroactivo por $ 928.791 millones, correspondientes al monto total que la industria debe restituir por las cotizaciones entre mayo de 2020 y noviembre 2022 (31 meses). Esto, como consecuencia del mandato de la Corte Suprema en orden a devolver los cobros realizados durante ese periodo a los afiliados que hayan excedido del parámetro establecido por el regulador en abril de 2020 y que rige actualmente. El resto corresponde a las cotizaciones realizadas entre diciembre 2022 y mayo 2023.
A juicio del actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Luis Castillo, el proyecto del Ejecutivo es un “esbozo de solución al fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, y mirado en detalle, no hay monto ni planes. La rebaja al precio de los planes se aplica desde el mes subsiguiente a la publicación de la circular por parte de la Superintendencia. Con esto existe el peligro potencial de liquidar a las isapres porque no sólo van a tener que devolver un dinero que ya no tienen, sino que, de entrada, tendrán menos ingresos por la rebaja de los precios de los 30 días de publicada la resolución. En términos simples, las isapres tendría que devolver un dinero que no tienen en base a menores ingresos futuros, lo que se podría traducir en un equilibrio financiero muy precario para las isapres”.
El extitular de Redes Asistenciales agregó también que el proyecto del Gobierno “considera una fijación de precios AUGE que me parece que no tiene que ser parte de este proyecto de ley, sino que debiera estar en la Ley AUGE como tal. Y en otro punto relevante es que el proyecto considera una nueva modalidad que es la de cobertura adicional de Fonasa la cual está hecha en base a la misma organización y costo – eficacia que tiene Fonasa actualmente sin siquiera presentar un plan de modernización y optimización de esta institución”.
Referente a los montos de devolución la autoridad académica indicó que “los montos hoy explicitados ponen en duda real la continuidad del sistema asegurador privado y graves e irreversibles consecuencias en la red prestadora. Estos montos equivalen a muchos años de rentabilidad y son similares a la construcción de al menos 20 a 30 hospitales de 300 camas cada uno. El sistema así acorralado es inviable y el impacto sobre la red pública y privada puede ser catastrófica”.
Por su parte la ex Ministra y actual jefa de la unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma, Dra. Karla Rubilar, indicó que el proyecto presentado por el gobierno es muy débil y no se hace cargo del fondo del problema, inyectándole aún más incertidumbre no sólo a los más de 3 millones de usuarios del asegurador privado, sino también a todo el sistema de salud.
“Esperamos meses para que el gobierno enviara un proyecto de ley que fuera una solución de fondo para el sistema asegurador privado. Sin embargo, la ley corta parece ser más una ley que estuviera preparada para la quiebra de las isapres más que ser un proyecto que entregue certezas y sostenibilidad tanto al sistema como usuarios de este. Es por eso que la Superintendencia recibe nuevas atribuciones para implementar un fallo que parece ser maximalista o también que prepara ante eventuales escenarios de insolvencia o quiebra de una o más isapres y fortaleciendo a Fonasa en caso de un éxodo masivo. Esta es una mala noticia para todos quienes se atienden en el sistema asegurador privado, sobre todo quienes ya se están realizando algún tratamiento de alguna enfermedad porque no tienen ninguna certeza de que van a tener alguna cobertura y la calidad necesaria para darle continuidad a sus tratamientos. Y tampoco, por cierto, se hace cargo de que la crisis de las isapres afecta completamente a todo el sistema de salud”, afirmó la Dra. Karla Rubilar.
