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La Corte Suprema criticó fuertemente las enmiendas de la derecha, sobre todo las del Partido Republicano, en temas referidos a un nuevo tribunal nacional que tenga jurisprudencia frente a delitos graves como crimen organizado o narcotráfico, lo que la Suprema tildó como un “poder judicial paralelo”. Además, el máximo órgano jurisdiccional del país criticó la supremacía constitucional por sobre los tratados internacionales y la enmienda republicana que otorga prisión domiciliaria a los reos mayores de 75 años, incluyendo a condenados por crímenes de lesa humanidad. Sobre esta última enmienda, el consejero republicano Antonio Barchiesi dijo que “no fue correctamente entendida” por los ministros de la Corte Suprema.
Las comisiones del Consejo Constitucional tibiamente comienzan los debates sobre las enmiendas presentadas, pero en algunas comisiones siguen recibiendo invitados, académicos y órganos del Estado, para que den su parecer sobre las más de mil enmiendas presentadas por los consejeros constitucionales. Una de las instituciones invitadas a la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos fue la Corte Suprema, representada por su presidente Juan Eduardo Fuentes y el ministro Leopoldo Llanos, para comentar las enmiendas presentadas, pero con un claro énfasis crítico con aquellas de las bancadas de derechas.
Una de las críticas más importantes de la sesión de ayer fue a lo que la Corte Suprema llamó “un verdadero poder judicial paralelo”. Esto, en referencia a la enmienda republicana que crea “un tribunal especial con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional para juzgar las causas de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción y demás materias cuyo conocimiento le encomiende la ley”. El máximo órgano jurisdiccional del país agregó que este tipo de tribunales podrían generar problemas cuando, en un mismo hecho, se cometan delitos dentro y fuera de la circunscripción de este nuevo tribunal.
El ministro Llanos además criticó tres enmiendas de las tres bancadas de la derecha (Republicanos, UDI y RN-Evópoli) que, en distintos grados, le entregan supremacía a la Constitución por sobre los tratados internacionales ratificados por Chile. Frente a esto, Llanos indicó que estas enmiendas “rompen con la estructura del Derecho Internacional Público, en cuanto supeditan los tratados internacionales al derecho interno, siendo que la regla opera justamente en el sentido contrario”.
Otra de las críticas del máximo tribunal del país fue ante la enmienda republicana que les otorga prisión domiciliaria a los reos mayores de 75 años, que involucraría a condenados por violaciones a los derechos humanos que actualmente se encuentran en Punta Peuco. Al respecto, el ministro Llanos dijo que esta norma sería incompatible con el Estatuto de Roma, que limita los beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad y solicitó tener este tratado internacional en cuenta para el debate y votación de esta enmienda del partido de José Antonio Kast.
La delegada de la bancada de Convergencia Social y el Partido Comunista y miembro de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, María Pardo (CS), dijo frente a estas críticas de la Corte Suprema que su opinión “no es vinculante, pero sí es importante como insumo”, aunque se mostró esperanzada en que “podamos llegar a una solución que habilite que siga vigente el Estado de derecho y que sigan vigentes los derechos humanos”. Por su parte, el presidente de la comisión donde expuso la Corte Suprema, el consejero republicano Antonio Barchiesi, indicó que “la norma de los 75 años no fue correctamente entendida por los expositores (los ministros de la Suprema)” y respecto a los tratados internacionales declaró que es “de toda lógica que un tratado internacional se incorpora a la legislación chilena (…) es razonable que ese tratado tenga que ajustarse a los parámetros que determina la misma Constitución”.
También en la jornada de ayer fueron recibidos en la Corte Suprema los abogados William García, representando a los consejeros oficialistas, y Alan Bronfman, representando a la presidenta del Consejo Constitucional, la republicana Beatriz Hevia. Todo esto para que el máximo órgano jurisdiccional dé respuesta a la reclamación oficialista que indica que no se podrían presentar enmiendas que modifiquen los títulos del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta o incorporar nuevos capítulos como los referidos a la Defensa Nacional, seguridad o Defensoría de las Víctimas, presentados por las bancadas de derecha, ni que se puedan modificar los títulos de los capítulos referidos a la Corte Constitucional y al medio ambiente. La decisión se debería tomar el próximo lunes 14 de agosto, para saber si el Consejo Constitucional tiene o no la atribución de crear nuevos capítulos o modificar el título de los mismos.
