La Ley Fintech sí que cambia el panorama para los operadores chilenos

Cuando se habla de arquitectura financiera en Chile, claramente no es lo mismo que hace unos años… el cambio ha sido radical. Pero, ¿cómo? A tres años de la promulgación de la Ley Fintech (Ley N° 21.521) y con la entrada en vigencia plena del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) en julio de 2026, ya no se hablan de promersoas sino de estándares operativos.

En otras palabras, el sector dio un giro de ciento ochenta grados en tanto la relación entre los exchanges, la banca tradicional y el consumidor final. La verdad es que, en un contexto donde los usuarios monitorean constantemente la paridad de bitcoin a dolar para tomar decisiones de inversión en tiempo real, esta regulación ofrece el soporte institucional necesario para operar con mayor certidumbre; y en este artíclo te lo contamos.

Chau chau a “la zona gris”

Si bien durante años, las plataformas de criptoactivos en Chile operaron en una incertidumbre jurídica que derivó en mediáticos cierres de cuentas bancarias y batallas legales en el TDLC, hoy, ese escenario ha quedado atrás. Veamos algunas de las razones.

1. Hablemos de la CMF

¿Sabías que bajo la nueva normativa, los exchanges ahora forman parte del Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)? Así es, y trae ciertas implicancias consigo.

1. Gobierno corporativo: estructuras de gestión de riesgo profesionalizadas.
2. Capacidad operacional: garantías de que la plataforma puede soportar altos volúmenes de transacciones sin caídas sistémicas.
3. Patrimonio mínimo: los prestadores de custodia y comercialización deben acreditar solvencia financiera para responder ante sus clientes.

2. Ahora sí hablamos de activos financieros

La ley define a los activos digitales como representaciones digitales de valor que pueden ser comercializadas. Esta validación permite que los exchanges actúen como Sistemas Alternativos de Transacción, nivelando la cancha con otros actores del mercado de capitales.

Pero… ¿en qué cambia en el día a día de los usuarios?

Para el ciudadano común, la entrada en vigencia de la Ley Fintech se traduce en una idea central: empoderamiento. En el escenario de 2026, la inversión en activos digitales ha dejado de ser un espacio aislado para integrarse a la vida financiera cotidiana. El motor de este cambio es el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), que permite a los usuarios autorizar el intercambio seguro y estandarizado de su información entre distintas instituciones. Esta interconectividad se refleja en beneficios concretos, como el acceso a mejores condiciones crediticias.

Un usuario de un exchange puede ahora compartir su historial en criptoactivos con la banca tradicional para respaldar solicitudes como créditos hipotecarios. Al mismo tiempo, la portabilidad financiera facilita la migración de datos y capital entre plataformas, impulsando una competencia más real y reduciendo costos para los usuarios.

En paralelo, la seguridad jurídica ha fortalecido la experiencia del consumidor. Bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, las plataformas deben cumplir con estándares más estrictos de transparencia y respuesta ante conflictos, asegurando que el patrimonio digital cuente con respaldo institucional y mecanismos claros de protección.

Las obligaciones nos siguen a todos lados

No todo es flexibilidad; la ley también ha traído una mayor fiscalización. Los exchanges ahora actúan como colaboradores activos del Servicio de Impuestos Internos (SII).

• En cuanto a las declaraciones juradas, las plataformas deben informar anualmente sobre las operaciones de sus clientes (como la DJ 1891).
• Por otro lado, hablemos de los impuestos. Las ganancias de capital derivadas de la venta de criptoactivos deben ser declaradas en el Impuesto Global Complementario. La formalización ha facilitado que el contribuyente cumpla con sus obligaciones sin temor a bloqueos bancarios por “fondos de origen desconocido”.

¿A dónde hay que poner el ojo?

A pesar de los avances alcanzados, el ecosistema financiero chileno enfrenta retos críticos en este 2026 que requieren atención inmediata por parte de todos los actores involucrados.

La ciberseguridad se ha posicionado como la prioridad absoluta para la CMF, ya que la interconexión masiva de datos propia del Open Banking exige blindajes tecnológicos extremos para prevenir ataques informáticos y garantizar la integridad de la información sensible de los ciudadanos. Asimismo, el éxito definitivo de la normativa depende de alcanzar una inclusión financiera real y efectiva. El gran desafío actual es lograr que estas herramientas digitales lleguen a los sectores históricamente no bancarizados, permitiendo que la tecnología cumpla su promesa original de democratizar el acceso al capital y reducir las brechas económicas que aún persisten en el país.

Finalmente, esta expansión tecnológica debe ir acompañada de una robusta estrategia de educación financiera. Resulta indispensable que el usuario final cuente con las competencias necesarias para comprender la volatilidad intrínseca de los activos digitales, permitiéndole gestionar con responsabilidad los riesgos y beneficios de un mercado que, aunque más regulado, sigue siendo altamente complejo y dinámico.

De outsiders a pilares…

Para terminar, se puede decir que esta ley ha hecho que, lo que parecía imposible en 2018, hoy sea un hecho: se han integrado innovaciones disruptivas en un marco de estabilidad y confianza. Esto se traduce en que los exchanges ya no son “outsiders”, sino, por el contrario, pilares del sistema financiero, logrando a su vez que los usuarios tengan una protección legal inédita.

Gracias a esto y más es que Chile se posiciona así como uno de los hub fintech líder de la región, demostrando que la tecnología y la regulación, cuando caminan juntas, son de gran ayuda para todos.