Claudio Orrego: “Es contradictorio que el Gobierno hable de generar empleo y nos baje presupuesto”

En medio del inicio de la discusión legislativa del Presupuesto 2027, los gobernadores regionales han manifestado sus reparos frente a la reducción de recursos contemplada para los territorios. Este miércoles sostendrán una nueva reunión con el Ministerio de Hacienda y la Dipres, para luego participar de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde presentarán el impacto de la reducción del erario fiscal para las regiones. 

En entrevista con El Mostrador, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestiona la lógica del ajuste y advierte una contradicción entre el discurso de descentralización del Ejecutivo y la decisión de disminuir el financiamiento regional. A su juicio, los gobiernos regionales son precisamente una de las herramientas más rápidas para impulsar la inversión y empleo, especialmente en un escenario de crisis laboral.

Orrego también plantea reparos al mecanismo utilizado para calcular los recursos, critica que no se contabilicen como ejecutados los fondos transferidos a ministerios y el impacto que el recorte podría tener en proyectos de infraestructura, seguridad y apoyo a los municipios.

En ese contexto, el gobernador emplaza al Ejecutivo a revisar la asignación para las regiones y a avanzar en una descentralización que –sostiene– todavía está lejos de concretarse.

Por otra parte, la autoridad reitera sus críticas a propósito de las obras inconclusas en la Región Metropolitana y la decisión del Gobierno de postergar –por ejemplo– el tren Santiago-Melipilla, el nuevo edificio del GAM y el tercer tramo de la ciclovía del proyecto Nueva Alameda. En ese sentido, señala que se está dando “una pésima señal respecto de cómo entendemos el rol del Estado” y acusa soberbia, inexperiencia y una visión distinta de ciudad.

-¿Qué preocupaciones se mantienen después de la reunión de este lunes con Hacienda? 
-La verdad es que las sensaciones son de dulce y agraz.

Por un lado, el Gobierno ha reconocido una reivindicación histórica de los gobiernos regionales, que hemos tenido por mucho tiempo una tutela de la Dipres y de muchas otras entidades públicas que dificultaban extremadamente la ejecución. Se nos criticaba, por un lado, por mala ejecución, pero, por otro, se nos impedía ejecutar como correspondía. Y esta nueva Ley de Presupuestos plantea ciertas reformas insuficientes, a juicio nuestro, pero que van a agilizar la ejecución. Eso es algo semipositivo. De hecho, le planteamos varias ideas al ministro Quiroz y él se comprometió a estudiarlas y evaluarlas.

Lamentablemente, el tema de fondo que es el monto del presupuesto, no tuvo ningún avance. Nosotros creemos que es contradictorio que el Gobierno hable de descentralización, hable de generar empleo, y nos baje el presupuesto a aquellas instituciones capaces de generar empleo más rápidamente en todos los rincones del país, en sus 365 comunas. Y esos son los gobiernos regionales.

Entonces, se habla de la importancia de la eficiencia, de soltarnos las amarras, que por supuesto está bien y valoramos, pero, al mismo tiempo, se nos quitan recursos muy por sobre ciertos ministerios que han tenido peor ejecución que los gobiernos regionales. 

-¿El recorte es del 6% o más, de acuerdo a la información que tienen hasta ahora? 
-Lamentablemente, no es parejo. Porque hay regiones que, como el caso de O’Higgins, en materia de inversión llega a cerca de un 18% de recorte, siendo que es una de las regiones que tiene más y mejor ejecución, junto con nosotros.

A nosotros también nos afecta de manera significativa, porque como este año se recortó un 3% del presupuesto, esa es la base que está siendo considerada para el próximo año. En ese sentido, si de verdad queremos generar empleo en Chile y fortalecer la descentralización, junto con las medidas que valoramos que generan más flexibilidad, debieran aumentarse los recursos, no recortarse. 

-El gobernador Alejandro Santana –presidente de Agorechi– advirtió que hay un punto de inflexión sobre si se iba a incorporar o no la potencial ejecución presupuestaria de los servicios y los ministerios, donde los gobiernos regionales financian. ¿Eso se incorpora dentro de los cálculos? 
-Lamentablemente, no. Eso es una señal bien compleja, porque varios gobernadores le dijeron al ministro Quiroz: si usted no contabiliza como ejecutada la plata que yo le doy a un ministerio, entonces no le doy más plata. ¿Y sabe lo que dijo el ministro Quiroz? No les den plata a los ministerios. Entonces, en muchas regiones los acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Salud, van a quedar sin efecto, porque el Gobierno Central no está considerando como ejecutada la plata que se transfiere.

Y eso es complicado, porque tú te das cuenta que al final, cuando le pasas la plata a Vivienda o a Obras Públicas y ellos no ejecutan, no es tu responsabilidad, sin embargo, apareces como mal ranqueado y no vas a tener acceso a este incentivo de mayor presupuesto que está promoviendo la Dirección del Presupuestos.

Entonces, el Gobierno tiene que tomar una decisión estos días. Uno, si va a contabilizar esos traspasos como parte ejecutada, y dos, si va a aumentar o no los presupuestos a las regiones, al menos en función de la capacidad de gasto que tengan. Porque hay regiones que tenemos capacidad de gasto altísima y, sin embargo, igual nos están recortando.

-La inversión presupuestaria de los gobiernos regionales, ¿en qué se traduce en lo concreto? Por ejemplo, en temas de obras públicas, inversión en seguridad, apoyo a los municipios. ¿Cuál va a ser el impacto? 
-Déjame poner como ejemplo la Región Metropolitana, que sé que es distinta al resto. En esta región nosotros tenemos una estructura de gasto que es muy importante en proyectos de escala regional. Por ejemplo, el Parque Chena, con 50.000 millones de pesos que lo ejecuta el Gobierno Regional, no lo ejecuta ni el MOP ni el Minvu. El Mapocho pedaleable, el nuevo parque del Cerro Renca, la red de siete parques que tenemos en la RM, Nueva Alameda, son cosas que ejecuta el Gobierno Regional directamente. Además de programas como el de prevención del suicidio, Quédate, o el de Estamos Contigo, que es para las víctimas, etc.

Segundo, hay un porcentaje de los dineros que se los pasamos a los municipios, porque no todos los podemos ejecutar, pero son obras importantes. Acabamos de inaugurar el Estadio de la Montura en San Miguel, el Polideportivo de la Granja, el cuartel de la PDI de San Ramón, que son obras importantes, que las ejecutamos con fondos nuestros, pero en esos casos a través de los municipios.

Por último, están proyectos de menor tamaño, que en eso que yo quiero poner énfasis, porque lo más interesante es que, cuando a nosotros nos dicen falta empleo, lo más rápido es hacer proyectos de 200, 300 millones de pesos, que se pueden licitar, adjudicar y ejecutar rápidamente, y con eso llegas a las 52 comunas.

Esos son los Fondos Regionales de Inversión Local, que permiten ir muy rápido, son muy poco burocráticos. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos 7 mil millones de pesos en 21 de estos proyectos, en 21 comunas distintas. No hay ningún ministerio que pueda hacer de esta forma proyectos en todas las comunas, y los gobiernos regionales sí podemos. Por eso le hemos dicho al ministro: si usted de verdad quiere tener a los gobiernos regionales como aliados para combatir el desempleo, dennos más lucas y se las invertimos rápidamente. 

-Parece contraintuitivo, pensando en el 9,6% de desempleo que tenemos hoy día y donde incluso hay regiones que tienen desempleo por sobre los dos dígitos.
-En el caso de la Región Metropolitana, estamos sobre el promedio nacional, tenemos 9,8. En el caso de la Región de O’Higgins, que es una de las más afectadas, tiene 10,4 de desempleo. Entonces, precisamente donde hay menos empleo, hay que poner más plata.

Lamentablemente, la señal que está dando el Gobierno Central –insisto, si bien reconocemos que se nos están quitando ciertas trabas y se está dando más flexibilidad– es que se trata con una vara mucho más alta a los gobiernos regionales que a los ministerios. Y eso no nos parece ni justo ni tampoco conveniente.

-¿Cuál sería la afectación, por ejemplo, en materia de inversión en seguridad aquí en la Región Metropolitana? 
-Por de pronto, cuando te recortan el presupuesto, lo primero que uno deja de financiar son los vehículos. Nosotros le acabamos de entregar dos vehículos blindados a la PDI, 18 vehículos blindados a Carabineros, y se vienen 36 radiopatrullas para el mundo rural de la RM. Lo primero que se corta cuando te bajan el presupuesto es la inversión en vehículos, lo primero, y en cámaras, porque son de muy rápida ejecución a diferencia de las obras.

Entonces, se va a traducir en que vamos a tener menos inversión en este tipo de cosas que son prioridades de las regiones. Ahora, ¿sabe lo que nos dijo el ministro Quiroz? Bueno, si los ministerios no tienen plata, ustedes no tienen por qué financiarlo.

-¿La idea es que ustedes se desentiendan?
-Es muy complejo, porque la primera prioridad de los vecinos de Santiago es la seguridad. ¿Cómo les digo yo no soy ministro de Seguridad, no soy el delegado, no tengo nada que hacer? ¿Me cruzo de brazos? No puedo. Trabajo con los municipios, les entregamos cámaras a las comunidades, cambiamos la luminaria de las comunas, les entregamos equipamiento para los inspectores municipales, protegemos también a nuestros gendarmes de las cárceles de Santiago.

Nosotros hemos tratado de aportar más de 100 mil millones de pesos en proyectos de seguridad, porque es la primera prioridad de los vecinos, independientemente de lo que diga la ley con mis atribuciones. Si, al final, yo soy responsable del desarrollo integral de la región y la seguridad claramente es parte de ese desarrollo.

-¿Cómo se enmarca esto también dentro de un debate más grande, como la descentralización fiscal? 
-Vamos lento como tortuga, claramente no tenemos autonomía. Yo fui alcalde de Peñalolén y tenía mucha más autonomía como alcalde que como gobernador. De hecho, todas estas negociaciones con la Dipres es porque no tenemos presupuesto propio. Dependemos de la partida del Presupuesto del Estado central.

Segundo, en materia de transferencia de atribuciones, hemos estado muy lento. De hecho, este Gobierno retiró una de las competencias más importantes para la Región Metropolitana, que es la de la planificación territorial en Santiago. Ahí hay señales que no solamente son equívocas, son regresivas. O sea, estamos volviendo a centralizar. Mira la discusión que hemos tenido sobre el Parque Chena.

Entonces, en materia de competencia estamos súper débiles. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que poco a poco también hemos instalado –esta es la parte del medio vaso lleno– que hay proyectos que son de carácter regional e intercomunal, que no se pueden ver comuna por comuna o ministerio por ministerio.

Te voy a poner tres ejemplos de la Región Metropolitana. El paseo Nuevo de Alameda. Ahí fuimos capaces de coordinar a cinco ministerios, cuatro municipios, y algo le cambió la cara al centro de la ciudad. El Plan Regional de Eficiencia Hídrica. La escasez hídrica no es de una comuna, es de toda la región. Lo mismo con el cambio climático. Y, por último, en materia de innovación y fomento al turismo, la estrategia turística es de toda la Región Metropolitana, por eso tenemos una política regional y tenemos también un centro de innovación al emprendimiento regional, porque son temas intercomunales.

Ahí hay tres ejemplos donde hemos avanzado en la lógica de un gobierno de toda la ciudad y de toda la región, a pesar de que los presupuestos y las competencias todavía no reflejan esta necesaria descentralización. 

-Con respecto al presupuesto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Como Agorechi van a participar de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, ¿cuál es el llamado que les hacen a los parlamentarios? 
-Dentro de las cosas que le planteamos al ministro y al director de Presupuestos fue la importancia de agilizar aún más la ejecución, con lo cual nos comprometimos como Agorechi a entregar todas nuestras propuestas de aquí al miércoles y volver a tener una reunión con la Dipres. Después de esa reunión, vamos a ir el jueves a presentar nuestros presupuestos a la Subcomisión Mixta, que la preside la senadora Yasna Provoste, y ahí vamos a estar toda la tarde en el Congreso Nacional. 

-Respecto a las obras que se mantienen inconclusas en la Región Metropolitana, usted ha hecho esfuerzos por instalar este debate a propósito de tres proyectos emblema: Tren Santiago-Melipilla, las obras del GAM y la ciclovía del proyecto Nueva Alameda. Ha señalado que la suspensión de obras obedece a un patrón e, incluso, señaló que hay mucha ideología y soberbia. ¿Ha tenido algún tipo de conversación con el Gobierno, más allá de la reunión de la semana pasada con el ministro de Obras Públicas?
-La verdad es que me he reunido con todas las personas que he podido, no solamente con el ministro de Hacienda, con el ministro del Interior, de la Segpres, de Deportes, de Transporte, de Obras Públicas, en fin, casi todos los ministros. Y a todos les he dicho lo mismo. Los países y las ciudades no se construyen cada cuatro años, se construyen en el mediano y largo plazo, por eso es que es tan importante que se garantice la continuidad del Estado.

Si el Estado licita una obra y la adjudica, no puede ser que el cambio de Gobierno signifique que el que llega la deja sin efecto. Eso fue lo que pasó con el GAM, la obra no solamente estaba licitada, adjudicada, tomada de razón por la Contraloría y entregado al terreno. Y llegó el nuevo Gobierno y dijo no, no me gusta esta obra, es muy cara. Entonces la dejó sin efecto, tuvo que pagar 6 mil millones de pesos en multa –lo barato cuesta caro– y cuando se vuelva a licitar, te lo doy firmado, va a salir más caro.

La ciclovía de la Alameda, lo mismo. Un proyecto de siete años, ocho instituciones comprometidas, llega un nuevo Gobierno, dice no me gusta la ciclovía, entonces no la termino, queda a medio terminar. Chile a medias. Y ahora, el compromiso de que el tren de Melipilla iba a llegar hasta Estación Central, había una licitación con ofertas válidas, y el Gobierno, sin decirle a nadie, suspende, invalida, declara desierta la licitación.

En la reunión que tú señalas, que fue la semana pasada, nos dicen que lo vamos a hacer, pero más adelante. ¿Cuándo? No sabemos, porque no depende de nosotros. Porque hay que reevaluar. Al final del día no va a salir en cuatro años, va a salir más caro y, peor aún, la gente va a dejar de confiar en sus autoridades, porque a la gente no le importa y no le interesa cómo se organiza el Estado. Lo que a la gente le importa es que las obras se terminen. 

Cuando yo asumí como gobernador regional, había 11 obras paralizadas y, en vez de ponerme a buscar al culpable, nos pusimos manos a la obra y terminamos las obras. Las terminamos casi todas. Otras están en proceso de término. Lo que la gente quiere es que se termine lo que se empieza, no tener un país y tampoco una ciudad a medias, y lo más importante, que la autoridad cumpla. El costo no es solamente económico, es también en confianza política, y eso me parece extremadamente grave. 

-¿Es escéptico, entonces, respecto a lo que ha manifestado el Ejecutivo, de que estas obras se van a retomar? 
-En el largo plazo se pueden retomar, pero vamos a estar todos muertos. La idea era que, cuando se inaugurara el tren de Melipilla, la gente que lleva 30 años esperando de Melipilla, de San Pedro, del monte de Talagante, de Padre Hurtado, pudiera llegar al centro de la ciudad. Esa promesa no se va a cumplir en este Gobierno, porque al chutear esta licitación, no solamente se va a demorar más tiempo, sino que además va a salir más caro. Lo que dicen querer ahorrarse hoy día, lo van a tener que gastar en el futuro por sobrecosto. 

-¿Qué nos dice eso sobre la visión de ciudad desde el Estado? 
-Esto no es un tema solamente de una obra en particular, en materia de ciudad hay una visión que es completamente distinta. Yo creo en una ciudad conectada con la naturaleza, donde se promueva la actividad y la vida al aire libre, con buenas veredas para caminar, con ciclovías para la gente que ande en bicicleta, con un gran espacio para el transporte público.

Creo en la integración social, en la importancia de generar un plan de ciudad integrado, no solamente viviendas, porque las viviendas solas terminan en guetos, verticales u horizontales. Queremos una ciudad bien planificada, con alianza público-privada, y sobre todo que se construya en el mediano a largo plazo. Cuando tú paralizas una ciclovía, justo cuando está entrando a las comunas de escasos recursos, la señal que estás dando es que no te importa hacer una ciudad a pedacitos. Y yo además quiero una ciudad justa, donde se invierte más donde hay menos.

Y eso es lo que yo no estoy viendo en este Gobierno. Entonces, de verdad, no solamente tengo una discrepancia, tengo una gran frustración  y enojo. Las personas que vinieron antes que nosotros han tratado de construir una buena ciudad. Y lo que corresponde a los que somos electos es terminar lo que otros empezaron, no paralizarlo. Y en eso, al menos yo, siempre he honrado lo que venía de antes. Lamentablemente, este Gobierno prefiere paralizarlo y creo que está dando una pésima señal respecto de cómo entendemos el rol del Estado y qué tipo de ciudad queremos construir.

-¿Usted piensa que es algo ideológico, de inexperiencia, una mezcla de las dos cosas? 
-Yo creo que hay soberbia, hay inexperiencia y hay una visión distinta de las cosas. Mira, el mismo día que el ministro del Deporte lanzaba la Política Nacional de Actividad Física y Vida Activa, otro ministerio estaba restringiendo el uso de las bicicletas. Entonces, tú dices pónganse de acuerdo. O hacemos una ciudad que promueva la vida al aire libre, la movilidad activa y la actividad física de las personas, o la restringimos, pero ambas cosas al mismo tiempo no se puede.

Y yo te diría que en eso –y en otros temas también– siento que se está remando en la dirección opuesta a lo que necesitamos. Si el Estado construye un parque –en este caso el Gobierno Regional– y hay un compromiso de mantenerlo, bueno, eso debería respetarse, aunque cambie el Gobierno.

Nunca me había pasado, en mis 30 años de servicio público, que compromisos por escrito se dejarán sin efecto.