Chile tiene un margen importante para incrementar la tasa de impuesto a las grandes empresas. Una reforma tributaria seria y profunda no desestimulará la inversión, así como mejorar las condiciones de empleo no aumenta la cesantía. Por el contrario, significará superar uno de los mayores obstáculos al desarrollo.
Chile tiene otra cara, la evidencia más palpable son las movilizaciones sociales que exigen cambios profundos en materia de justicia y participación social. Si hace seis años la inequidad era tema de seminarios y artículos académicos, hoy los estudiantes la sacaron a la calle, el principal espacio público. Se movilizan a favor de una educación de calidad y gratuita para todos, mientras ocho de cada 10 chilenos rechazan el lucro en la educación. Surgen manifestaciones espontáneas por un transporte público decente, por una atención pronta y digna en hospitales y consultorios y por la erradicación de aldeas y campamentos. Si en los ‘80 los ciudadanos exigían libertad y democracia, hoy es la justicia social o equidad la que cruza todas las demandas. No parece casualidad que los jóvenes que salen a la calle a reclamar sus sueños, sean los niños que crecieron en democracia.
Es el gobierno y su circunstancia el que necesita dar una respuesta efectiva, de largo plazo y en forma planificada, si quiere ir al fondo del asunto y revertir el masivo rechazo ciudadano que hoy ostenta. Las medidas de parche no van a detener la movilización. Seguir chuteando los problemas sólo agudiza la tensión social.
[cita]Chile tiene un margen importante para incrementar la tasa de impuesto a las grandes empresas. Una reforma tributaria seria y profunda no desestimulará la inversión, así como mejorar las condiciones de empleo no aumenta la cesantía. Por el contrario, significará superar uno de los mayores obstáculos al desarrollo.[/cita]
Detrás de todas las demandas, hay una que las sustenta: una reforma tributaria, un “ajuste de cuentas”, que cambie el orden de las prioridades nacionales. La reforma tributaria propuesta, no solo incrementará los ingresos fiscales. Permitirá además, contar con un sistema más progresivo en la distribución de la riqueza, es decir, más justo.
Ya nadie discute que en Chile, el crecimiento de la economía chorrea solo para un lado. Basta leer la prensa: el 11 de abril pasado, El Mercurio, titulaba: “Ganancias de principales firmas de 20 mayores grupos económicos suben 45% en 2010”. Durante el primer trimestre de este año la bonanza siguió para las grandes empresas las que, según la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), incrementaron en promedio un 26%, sus utilidades, y algunas de ellas lo hicieron mucho más: Arauco, filial de COPEC, aumentó sus ganancias en 176%, la CMPC en 77%, Falabella en 43%, mientras que las mineras obtuvieron un alza de 64%.
Si para cerrar la brutal brecha de la desigualdad es preciso elevar la tasa de 17% a la renta de las grandes empresas, una de las más bajas del mundo, ¿Por qué no hacerlo? Una mayor tributación es la alternativa de largo plazo al financiamiento del gasto social reclamado.
Quienes se resisten a la reforma, sostienen que el impuesto a las empresas en Chile es tan alto como el de los países desarrollados, si se le suman los pagos por beneficios previsionales a los trabajadores. Esa es una falacia. En primer lugar, porque la suma aún es inferior a los impuestos que se pagan en la mayoría de los países de la OECD. Y en segundo lugar, porque en Chile el impuesto que pagan las empresas no constituye un gravamen final, sino que toma la forma de una retención, que luego se descuenta del impuesto personal que le corresponde pagar a los empresarios. En efecto, el Impuesto de Primera Categoría pagado por las corporaciones a tasa de 17% (20% en el 2011) constituye un crédito contra el Impuesto Global Complementario que pagan sus dueños.
Pero además, el punto es otro: Chile requiere aumentar los impuestos, sobre todo a las grandes empresas, porque necesita reducir la inequidad, el talón de Aquiles de la sociedad chilena. Utilizar estos mayores recursos en mejorar el sistema educacional, la salud y avanzar en la reconstrucción, son inversiones que generan estabilidad política y social, y permiten un crecimiento económico sustentable y ético.
El país debería, además, aplicar un impuesto a las utilidades extraordinarias a las empresas mineras. Hasta ahora se estima que el precio del cobre se mantendrá alto al menos durante el próximo quinquenio. Las multinacionales mineras no dejarán de invertir en el país, y esto es así porque Chile posee las mayores reservas de cobre del mundo, tiene solidez institucional, y estabilidad macroeconómica. Es más, las empresas se sentirán mucho más tranquilas si éste y los futuros gobiernos reducen la desigualdad, porque habrá mayor garantía de estabilidad. Y estarán aún más agradecidas con el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo de capacidades y la multiplicación de profesionales, hoy escasos en su área. Las cupríferas pueden contribuir a que así sea, participando con los gobiernos regionales, tal como lo están haciendo algunas multinacionales actualmente.
Chile tiene un margen importante para incrementar la tasa de impuesto a las grandes empresas. Una reforma tributaria seria y profunda no desestimulará la inversión, así como mejorar las condiciones de empleo no aumenta la cesantía. Por el contrario, significará superar uno de los mayores obstáculos al desarrollo.
