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Educación: "The Chilean Way"

por 5 septiembre, 2011

El término “sociedad docente” implica que cada familia se las arregle como pueda para pagar la educación de sus hijos, y que las instituciones educativas —con o sin fines de lucro— ofrezcan sus servicios educativos con cargo a los padres y el Estado (o ambos). Una sociedad docente tendría que estar comprometida con la enseñanza, y el Estado debería liderar ese compromiso.
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Nuestra cultura ha desarrollado una serie de mitos que se vuelven obstáculos para el diálogo en educación, tan necesario por estos días. Esta columna tiene por objetivo aclarar conceptos que, de tanto usarlos, quedaron vacíos de sentido y sirven para justificar las posturas más disímiles.

Cuando se habla de “educación de calidad”, ésta suele entenderse como equivalente a altos logros académicos en pruebas estandarizadas. Sin embargo, el resultado en estos exámenes depende en 60% o más del nivel socioeconómico de los estudiantes. Entonces calidad es casi igual a nivel socioeconómico.

La “libertad de enseñanza” en la práctica se ha traducido en la libertad de los colegios para seleccionar niños de acuerdo a su historia académica, el tipo de familia al que pertenece (padres divorciados, por ejemplo) y nivel socioeconómico, aduciendo que su familia no encaja con la propuesta educativa de la escuela.

La “diversidad” de proyectos educativos, ligado a la libertad de enseñanza, esconde detrás una justificación para segregar a los niños en las escuelas y justificar esta desigualdad. Por lo tanto, confundimos diversidad con desigualdad.

El “derecho de los padres a elegir colegio” y  la “competencia entre escuelas para mejorar la calidad” esconden una realidad contraria a lo que supone la teoría económica. El derecho de los padres a elegir colegio es en realidad el derecho de las escuelas a elegir estudiantes (a pesar de que esté prohibido por la LGE) y, efectivamente, las escuelas compiten entre sí por atraer a los estudiantes de mayor nivel socioeconómico para lograr altos puntajes SIMCE y PSU con menor inversión.

El “lucro” en educación es uno de los términos más enredados, pues hay quienes dicen que los profesores lucran de la educación porque reciben un salario por hacer clases. Sin embargo, el lucro implica retirar los excedentes económicos de las instituciones educativas en forma de utilidad, es decir, que esos excedentes van a parar a bolsillos privados. Todos queremos que las instituciones educativas sean sustentables económicamente y que crezcan, por lo tanto, bienvenidos los excedentes económicos y, cuando se reinvierten, no hay lucro.

El término “sociedad docente” implica que cada familia se las arregle como pueda para pagar la educación de sus hijos, y que  las instituciones educativas —con o sin fines de lucro—  ofrezcan sus servicios educativos con cargo a los padres y el Estado (o ambos). Una sociedad docente tendría que estar comprometida con la enseñanza, y el Estado debería liderar ese compromiso. En cambio, este concepto justifica que las desigualdades sociales se transformen en desigualdades educacionales.

“Gratuidad de la educación superior” es una forma de pedir recursos para las universidades tradicionales y solicitar un subsidio para los sectores más pudientes, que son quienes asisten a estas instituciones.

“Estatización de la educación” supone que el Ministerio de Educación, centralizadamente, tiene la capacidad de manejar más efectivamente el sistema escolar para reducir las brechas de aprendizaje y mejorar la calidad. Pero intuimos que no es así.

En suma, es difícil establecer un diálogo conducente cuando estamos como sociedad aferrados a estos mitos. En educación no hay soluciones mágicas, pero no se puede negar que en el país más desigual de la OCDE (Chile) se requiere un mayor compromiso del Estado con la educación pública y una re-configuración del sistema educativo, pues actualmente éste reproduce las inequidades más que contrarrestarlas.

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