Señor Director:
En relación a la nota publicada este viernes en su medio sobre nuestra planta de reciclaje industrial ubicada en la ciudad de Calama, nos parece fundamental precisar lo siguiente.
En primer lugar queremos señalar que nuestra empresa posee una planta de procesamiento que cumple los más altos estándares de seguridad tanto para las personas como para el medioambiente. Esto ha sido ratificado por las autoridades competentes al entregarnos todos los permisos que nos permiten funcionar. Por lo tanto, afirmar que Calama se transformará en un basurero es un error inducido por motivaciones económicas de agentes interesados en dar curso a las exportaciones de baterías que incluso hoy creemos continúan fundiéndose clandestinamente y/o exportándose ilegalmente. Somos una empresa procesadora, no un acopio de disposición final.
Respecto de las emisiones de nuestra empresa invitamos a quienes acusan, a demostrar de manera fehaciente y con sustento técnico serio lo que señalan. Todas nuestras mediciones están de acuerdo a las normas establecidas, por esa razón invitamos a quienes quieran a visitar nuestra instalaciones y comprobarlo.
En cuanto a la tramitación del reglamento que regula el tránsito transfronterizo de residuos peligrosos, es bueno precisar que éste se enmarca en la ley de responsabilidad extendida del productor, conocida como ley REP, donde se obliga a quienes ponen sus productos en el mercado a revalorizar al menos una parte de sus residuos para así proteger a la comunidad y el medio ambiente y contribuir a la economía circular.
En cuanto a la prohibición de exportar baterías fuera de uso, esto ya esta vigente desde el año 2010 en Chile a través de un decreto del ministerio de Salud, amparado en el acuerdo de Basilea, por lo tanto el nuevo reglamento no cambia la situación actual. Este decreto obviamente no tiene por efecto concentrar el reciclaje de baterías en Calama, sino que se establece como principio que estas, existiendo capacidad de tratamiento, deben ser valorizadas en el país sin indicar donde, pero en el lugar que sea, debe ser efectuado en forma ambientalmente racional, cual es el caso de nuestra empresa.
La industria del reciclaje de plomo en el país ha experimentado el natural endurecimiento de las normas medioambientales año tras año, lo que nuestra empresa ha cumplido rigurosamente. Que otros no pudieran o no quisieran adaptarse a las actuales exigencias para este tipo de procesos y hayan decidido salir del mercado no puede ser excusa para acusaciones infundadas, que carecen de toda rigurosidad técnica y legal.
Reiteramos que el debate en torno al reciclaje de baterías de plomo está sin ninguna duda impulsado por exportadores ilegales y fundidores clandestinos de plomo. Se han hecho campañas de desprestigio de una industria que debiese ser un orgullo para cualquier comunidad, en tanto trata con cero efecto nocivo un residuo peligroso como las baterías en desuso, siendo el manejo clandestino de éstas lo que constituye el verdadero peligro para la comunidad.
En relación a la irresponsable y artera alusión por parte de estos agentes interesados,
respecto de que la empresa Gescam, su dueño el Ingeniero Civil Hernán Durán y su hija, la prestigiada Abogada y profesora de Derecho Ambiental Sra. Valentina Durán tendrían alguna participación en Ram/Recimat, esto es de falsedad absoluta.
Gescam es una de las empresas especializadas en temas ambientales más prestigiadas del país, y en esa calidad ha asesorado a nuestra empresa desde hace muchos años, contribuyendo a su cada vez mejor desempeño sanitario y ambiental.
La Profesora Durán nos ha asesorado legalmente en la defensa de nuestros intereses contra las ya mencionadas maniobras de terceros interesados en perjudicar a nuestra empresa y con ello a la incipiente industria nacional del reciclaje.
Antonio Carracedo
Gerente General Recimat
