No sobran docentes: faltan condiciones para educar
Señor Director:
Respondo a la carta de Francisca Espinoza, directora de estudios de Acción Educar. Es cierto que Chile tiene cada vez menos niños y niñas. Pero la disminución de la matrícula no significa que existan docentes de más ni justifica, por sí sola, la fusión de cursos y la reducción de puestos de trabajo. Una sala con menos estudiantes permite conocer a cada niño, detectar a tiempo una dificultad de aprendizaje, acompañar una situación familiar difícil o advertir el hambre y el maltrato. La baja de matrícula puede ser una oportunidad para mejorar la educación, pero no una razón para reducirla sin criterios.
Nuestro gremio no defiende el gasto sin control. Defendemos que los recursos respondan a las necesidades reales de las comunidades educativas y garanticen las condiciones necesarias para enseñar y aprender. Una escuela no se mide solo por cuántos estudiantes tiene, sino por las condiciones que necesita para enseñar: cursos que permitan acompañar, tiempo para planificar, evaluar y trabajar en equipo, profesionales para la inclusión y la neurodiversidad, y docentes que puedan enseñar en lugar de cubrir ausencias o sostener una sobrecarga administrativa. Frente al instructivo de la Dirección de Educación Pública, nuestro gremio ha advertido sobre las consecuencias de fusionar cursos para llevarlos al máximo legal de estudiantes por sala, sin considerar suficientemente las necesidades pedagógicas y de inclusión de cada comunidad.
La carta de Acción Educar propone apoyar a los colegios que considera eficientes, que obtienen buenos resultados y son preferidos por las familias. Sin embargo, la educación no puede evaluarse únicamente desde criterios de eficiencia económica, la matrícula o los resultados obtenidos. Esa mirada deja fuera buena parte del trabajo educativo: el docente que acompaña a un estudiante que enfrenta dificultades, la escuela que sostiene a una familia en crisis y el curso donde conviven estudiantes con realidades y necesidades diversas. Reconocer el trabajo de un establecimiento implica considerar las condiciones en que enseña y aprende su comunidad, no solo los indicadores que puede exhibir. No podemos exigir los mismos resultados ignorando las distintas condiciones en que las escuelas deben alcanzarlos.
La Ley General de Educación establece entre sus principios la calidad, la equidad y la inclusión, y asigna al Estado responsabilidades en la igualdad de oportunidades educativas. Esos deberes no se cumplen solo con una planilla de matrícula. En un país desigual, los recortes tampoco pesan igual en todas las familias: quienes tienen recursos pueden pagar reforzamiento y especialistas, mientras que para muchas otras la escuela pública es la principal, y a veces la única, herramienta para enfrentar las dificultades educativas de sus hijos e hijas. Recortar ahí profundiza la brecha.
Chile ya conoció la escasez. Pedro Aguirre Cerda, profesor antes que presidente, asumió en diciembre de 1938 y, un mes después, el terremoto de Chillán golpeó la zona centro-sur. Su gobierno puso la educación en el centro de su programa, bajo el lema «Gobernar es educar».
Por eso pedimos transparencia. Antes de fusionar un solo curso, deben informarse los criterios técnicos y pedagógicos utilizados y evaluarse las necesidades reales de cada escuela, sus estudiantes y sus familias. La pregunta no es cuánto podemos ahorrar, sino qué condiciones debemos garantizar para educar.
La educación pública no debe ajustarse a lo mínimo que permiten los recursos; el Estado debe garantizar los recursos que requiere para cumplir su tarea educativa.
Rosa María Montecinos
Secretaria General, Directorio Regional Metropolitano
Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.
