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Antecedentes ahora serán enviados a la fiscalía

Las contradicciones del caso Johnson’s que reveló la Comisión Investigadora de la Cámara

por 22 octubre, 2012

Las contradicciones del caso Johnson’s que reveló la Comisión Investigadora de la Cámara
Pese a que la versión oficial del servicio dependiente de Hacienda fue que ni su director, Julio Pereira, ni el subdirector jurídico, Mario Vila, participaron en la millonaria condonación por su anterior vínculo a la compañía, e-mails, actas y testimonios indican lo contrario. A este preocupante escenario se suma que tras cuatro meses de indagaciones nadie aclaró quién tomó la decisión de condonar, más allá del acto administrativo ni quién estuvo efectivamente a cargo de ella. Preguntas que, entre muchas otras, deberán ahora ser dilucidadas por la justicia.
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“No tuve participación en el proceso operativo de condonación”, afirmaba el director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, durante la primera sesión de la Comisión Investigadora del caso Johnson’s, detallando el miércoles 1 de agosto pasado que “el director debe ejercer la supervigilancia de estos casos, pero eso no es sinónimo de que haya existido una participación (…) Por ley, no tengo facultad para condonar y no hubo participación alguna en la fiscalización operativa y negociación de esta operación”.

Operación que puso en el ojo del huracán al servicio tras el “perdonazo” a la compañía del retail por la condonación en multas e intereses por 59 mil millones de pesos, y que prendió las alarmas en torno al conflicto de interés por parte del director y el subdirector jurídico, Mario Vila, por sus vínculos a la consultora PwC, que asesoró a Johnson’s en temas tributarios.

Desde el SII la respuesta fue categórica. Porque tal como señaló Pereira en la primera sesión liderada por el diputado Fuad Chahín (DC), el servicio fue enfático en que no hubo participación alguna de los dos funcionarios en la millonaria condonación. Pero esta aseveración ha hecho agua por distintos flancos. En efecto, en la última sesión el pasado 10 de octubre, Pereira reconoció, luego de bastante esfuerzo, que él dio una aprobación marco a la condonación. Antecedente nuevo que echa por tierra la supuesta lejanía del director con el tema.

El testimonio de varios funcionarios, que coinciden en que todo se hizo en forma legal, abre más dudas. La ex directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC), Mirtha Barra, aseguró que cuando ella ocupó el cargo en agosto de 2011, asistió a una reunión, específicamente el día 19 de ese mes, con Pereira y Vila en que, junto al subdirector de Fiscalización, Iván Beltrand, se le instruyó sobre la condonación a Johnson’s. Decisión que, recalcó, ya estaba tomada, por lo que su rol se limitó a impulsar que se cumplieran las condiciones acordadas con anterioridad, como el pago de 8 millones de dólares por parte de la empresa. Además, se le señaló que debía mantener informados de todo el proceso a los asistentes.

Según la contadora auditora, así lo hizo. “Tuve la deferencia de informarle constantemente al director de lo que estaba pasando. En cambio, con don Iván Beltrand y con don Mario Vila, siempre conversamos, tanto personalmente como por teléfono. Entonces, las reuniones que hicimos con el equipo de la DGC, a las que asistió Mario Vila, fueron efectivas”.

Incluso, la funcionaria de carrera, con 33 años en el servicio, relató que el 14 de octubre de 2011 se realizó una reunión con el Banco de Chile y la empresa en las oficinas de la DGC, “por instrucción expresa” del director.

Todos contra Vila

La relación del subdirector Jurídico, Mario Vila, con Johnson’s, compañía de la que fue asesor en temas tributarios e incluso abogado patrocinante en casos contra el SII, lo dejaban en una delicada situación. Desde el servicio señalaron a este medio en junio pasado que “por lo mismo, desde su ingreso al SII, se ha inhibido de conocer y desde luego resolver, cualquier tema relativo a la misma, por ejemplo, lo concerniente a la condonación”. Versión que ha sido ampliamente difundida.

El propio Vila relató ante la comisión que en octubre de 2010 Eduardo Morales y Fernando Pacheco, directores de Johnson’s, se reunieron con él para ver la posibilidad de solucionar la situación de la empresa, que mantenía diversos juicios con el SII. Allí, aseguró, les comunicó que no podía participar del tema. Además, “le señalo que a mí no me corresponde conocer de ese caso y es un asunto que debe ver la Subdirección de Fiscalización y Grandes Contribuyentes. Así nace el caso. Pero jamás tomé participación, decisiones o instrucciones en el desarrollo de ese caso”. Las actas de Johnson’s dicen lo contrario y lo sitúan detrás de la operación al menos desde enero de 2011.

Sin embargo, los testimonios, e-mails e incluso las actas de la compañía muestran un panorama muy distinto, situándolo en un rol mucho más que pasivo en el caso. Partiendo por cómo llegó el tema al servicio.

El propio Vila relató ante la comisión que en octubre de 2010 Eduardo Morales y Fernando Pacheco, directores de Johnson’s, se reunieron con él para ver la posibilidad de solucionar la situación de la empresa, que mantenía diversos juicios con el SII. Allí, aseguró, les comunicó que no podía participar del tema. Además, “le señalo que a mí no me corresponde conocer de ese caso y es un asunto que debe ver la Subdirección de Fiscalización y Grandes Contribuyentes. Así nace el caso. Pero jamás tomé participación, decisiones o instrucciones en el desarrollo de ese caso”.

Las actas de Johnson’s dicen lo contrario y lo sitúan detrás de la operación al menos desde enero de 2011. Así se refleja en el acta del 18 de enero, en la que Luis Pacheco se refiere a las reuniones tendientes a solucionar los problemas tributarios de la compañía, señalando que “hasta la fecha el resultado no era bueno. La semana pasada se sostuvo, por indicación del subdirector jurídico del SII, una reunión con el Sr. Hugo Horta, con Patricio Soto y con otra funcionaria, con la finalidad de seguir avanzando en estos temas”.

La reunión en cuestión coincide con un encuentro al que el auditor del SII, Patricio Soto, hizo referencia ante la comisión. Según relató en noviembre de 2010, María Teresa Soto, funcionaria de la dirección Regional Santiago Oriente del servicio, ya le había remitido un trabajo relativo a reconocer un porcentaje de las pérdidas en juicio de las filiales de Johnson’s.

En diciembre de ese año se incorporó a Soto en un grupo de trabajo sobre el tema, a petición del subdirector de Fiscalización, Iván Beltrand, tras lo cual se lo invitó a una reunión el 10 de enero de 2011 en la que estuvo Hugo Horta, encargado de Medianas y Grandes Empresas de la Subdirección de Fiscalización, Lucio Martínez, de la subdirección jurídica, y por parte de Johnson’s Eduardo Morales y Fernando Pacheco.

El 9 de marzo, Vila nuevamente es mencionado en las actas de la compañía. Esta vez porque, según informaba el director Eduardo Morales, que paradojalmente coincidió con la versión de Vila y dijo a la prensa que el abogado le había informado que no podía participar en el tema, señalaba que “recibió un llamado del Sr. Mario Vila del SII en relación con las conversaciones mantenidas con el Servicio y que esperaba que dentro de esta semana se produjera una reunión, cosa que confirmó el Sr. Pacheco”.

Reuniones y llamadas que el subdirector jurídico negó tajantemente ante los parlamentarios, señalando que no era efectivo lo que se plasmó en las actas.

Pero no solo las actas de Johnson’s estarían contando otra historia. Vila también rechaza las versiones de varios funcionarios que lo sitúan en reuniones sobre el tema y dando indicaciones al respecto.

Según explicó la jefa del departamento jurídico de la DGC, Elena Amaya, la Dirección de Grandes Contribuyentes comenzó a participar en la operación “a partir de abril de 2011. Por lo menos eso es lo que formalmente sé y lo sé porque me llega un correo que me reenvía el director de esa época, don Bernardo Marchant”.

El correo, enviado originalmente por Mario Vila, tras recibir dos mails de Carey y Cía. comentando que habían sido contratados por Johnson’s y solicitando una reunión, señalaba que “de acuerdo a lo conversado adjunto mail de la referencia, el tema deberá ser abordado por ti, la SDF (Subdirección de Fiscalización) y por la SDJ (Subdirección Jurídica), la persona será Lucio”.

Mail que la funcionaria interpreta como una instrucción y que “es la primera participación que tiene el subdirector jurídico, don Mario Vila, desde que yo empiezo a participar en este asunto”.

Amaya relata que el 25 de mayo sabe de una propuesta preliminar enviada desde Carey y Cía. dirigida al jefe de Fiscalización, Iván Beltrand con copia al director de la DGC. “Así fue como llegó, nunca entró formalmente por la Dirección de Grandes Contribuyentes”.

En agosto se gatilla la reorganización de la empresa. “En esa época mi jefa -que ya era Mirtha Barra- me invita a una reunión en la que estaba presente don Iván Beltrand, don Mario Vila, don Lucio Martínez y nosotros informamos de la presentación de estos desistimientos que, finalmente, se concretan el 5 de septiembre, en la mayoría, de 2011”.

La reunión ya había sido relatada anteriormente por Patricio Soto, que detalló que “el señor Mario Vila instruyó aspectos de la revisión del caso Johnson´s (…) quería que viéramos aspectos técnicos de la revisión, en relación al castigo de incobrables, es decir, que revisáramos cuál era el tratamiento que tenían las filiales de la empresa Johnson’s respecto de reconocer pérdidas por ese castigo de incobrables”.

En su declaración, Vila negó el objeto de la reunión y las indicaciones de su parte, señalando que “fui convocado por la dirección de Grandes Contribuyentes para tratar el caso chatarra, que, naturalmente, no tiene nada que ver con Johnson's, sino que dice relación con el robo de chatarra que había adquirido particular importancia y relevancia durante el año pasado”.

Lo que Elena Amaya desmintió al asistir a la comisión, señalando que “no entiendo cuál es el problema en decir la verdad en este tipo de situaciones. Así fue como ocurrieron los hechos y no hay nada en particular. Yo, por lo menos, no tengo ninguna intención de decir lo que no me consta (…) Don Mario Vila, en la sesión anterior, señaló que había sido por el tema de la chatarra y la verdad es que si hubiese sido por ello hubiesen sido otros los jefes que hubiesen asistido a esa reunión, no los que estaban presentes en ese minuto”.

La lejanía de Vila con la operación también queda en duda al escuchar otra parte del testimonio de Patricio Soto, quien sostiene que el 31 de marzo de 2011, María Teresa Sánchez le envió un correo preguntando si sabía al respecto de las propuestas que adjuntaba en dicho mail y si existía algún acuerdo entre Johnson’s y el SII.

Según Soto, “le manifesté mi desacuerdo total a la señora María Teresa Sánchez —el correo da cuenta de ello— y un poco mi molestia, porque se me consultó como una propuesta, pero en la lectura final dicho correo nació en Pricewaterhouse, con los antecedentes respecto de las declaraciones que ahí se incluían, tales como renta líquida imponible, FUT, etcétera”. Agregando que “ese correo lo había remitido el subdirector jurídico, señor Mario Vila, y, por lo que recuerdo, el señor Hugo Horta lo mandó a la señora María Teresa Sánchez y ésta me termina consultado si hay algún acuerdo que ella desconoce”.

La aprobación fantasma

En la práctica, Mario Vila se inhabilitó el 28 de octubre de 2011 del caso Johnson’s, ya que Julio Pereira estaba fuera del país y como segundo a bordo y subrogante debía aprobar la millonaria condonación. Los funcionarios que participaron en la operación coinciden en que nadie les informó de esta inhabilitación y que se enteraron de ella por la prensa.

Más complejo aún es el hecho de que el funcionario que finalmente ratificó la resolución, el subdirector normativo del SII, Juan Rojas, explicó que su participación se limito a eso, ya que antes estuvo totalmente ajeno al tema. Más aún: aseguró que los montos que autorizó no coinciden con lo que se publicó después en la prensa.

Lo que implica que Rojas solo dio autorización para una parte de la condonación, entonces ¿quién autorizó la condonación total de la compañía? Consultado al respecto Pereira señaló desconocerlo.

-No sabe quien dio la autorización…
-No hubo pago en los siguientes casos.

-No, pero sí la autorización para condonar en un porcentaje mayor. Hay varias resoluciones que aprueban condonaciones y cada una de ellas requiere la autorización del director. Usted es el director, su segundo subrogante es don Mario Vila y el tercero, don Juan Rojas.
-Así es.

-Entonces, alguno de los tres tiene que haber sido. En el resto de los casos, ¿quién fue el que autorizó?
-Eso es materia del sumario administrativo en curso.

Pese a todas estas contradicciones, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha mantenido su respaldo al servicio, tal como lo señaló en la última sesión del 10 de octubre, cuando afirmó que “tengo la convicción completa de que el servicio actuó dentro de la ley y en el marco de sus atribuciones”.

Pero tras cuatro meses de trabajo de la comisión, que el próximo 31 de octubre deberá votar las conclusiones del informe,  las interrogantes del caso son múltiples. Y abarcan temas bastante complejos, que van desde quién decidió las condiciones de la condonación, quién efectivamente tomó la decisión de condonar, más allá del acto administrativo, y si hubo perjuicio o no al fisco. Así como quién lideró efectivamente el proceso: según los funcionarios que participaron, el subdirector de Fiscalización, Iván Beltrand era quien encabezaba la operación, mientras que él señala que fue una suerte de coordinador, y Pereira que actuó como “vocero de ese comité frente a mi persona”. Un mar de dudas que probablemente deberá develar la justicia, final más probable de esta historia.

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