Fiscal anti lucro ordena a la PDI incautar contabilidad de la U. Autónoma para investigar sociedades relacionadas

La Universidad Autónoma deberá entregar toda la información contable desde el 16 de junio de 2005 hasta el 13 de agosto de 2012, por orden del fiscal Carlos Gajardo que encargó dicha tarea a la Policía de Investigaciones (PDI). Período en que el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera, se desempeñaba como rector del mencionado establecimiento de educación superior. La mirada está puesta en los documentos vinculados a sus sociedades relacionadas.

Para ello, el persecutor entregó a la policía civil un oficio bajo la carátula de «requerimiento de información», donde exige «todos los documentos justificativos de pagos» junto con «los contratos de arriendo de inmuebles que haya suscrito la corporación».

De igual modo, se investigan los correos electrónicos entre el titular de Justicia y el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, quien está formalizado por lavado de dinero, cohecho, negociación incompatible y revelación de secreto.

Según fuentes cercanas a la Fiscalía, los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) ya concurrieron a la casa de estudios para recopilar la información financiera y contable.

Inmobiliarias

Los presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Andrés Fielbaum y de la Universidad Católica (FEUC), Diego Vela, pidieron a la Contraloría investigar la posibilidad de que el ministro de Justicia estuviera relacionado con algún tipo de lucro en la Universidad Autónoma, específicamente a través de la Inmobiliaria Gaudí S.A. “Con profundo interés le pedimos esclarezca la preocupante situación que le comunicamos y que conjuntamente con ello, pueda informar al país del resultado de su indagación. Esta investigación es necesaria, pues la información relevante es de carácter privado y, por lo mismo, de acceso restringido a la comunidad”, señala la carta de los estudiantes.

La Universidad Autónoma -según un documento dado a conocer por el Mineduc en agosto pasado- tiene siete sociedades relacionadas: Administradora Universitaria S.A., Catalunya S.A., Inmobiliaria Autónoma S.A., Servicios Universitarios S.A., Sociedad Autónoma el Llano S.A., Sociedad Clínica del Maule S.A. y Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A.

«Da lo mismo quien cometa un ilícito»

Este miércoles el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, aseguró que “da lo mismo quien cometa un ilícito o quien no lo cometa, la única manera de dejarlo claro es que la fiscalía investigue con rigurosidad, con autonomía y con independencia y sobre todo con claridad”.

“El delito de corrupción o los delitos que involucran corrupción son también una forma de violencia que se ejerce sobre la sociedad al ver defraudada la expectativa legítima, en este caso de jóvenes que van a estudiar y en ese caso nos gustaría la colaboración de los medios auxiliares como Carabineros y la PDI y si hay delito se va a actuar como corresponde”, agregó Chahuán.

Incacea

Asimismo se dio a conocer otro antecedente: el ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz estaba contratado por Gendarmería cuando se tramitaba la acreditación del Instituto Incacea, donde Ribera tiene un 7,5 % de la propiedad.

Según detalla hoy La Tercera, en diciembre de 2010 su socio Juan Carlos Oñate y sus hijas vendieron el Incacea a la Universidad Autónoma y a la sociedad Catalunya S.A., de propiedad de la familia del titular de Justicia.

El 30 de junio de 2011 el mencionado instituto inició su proceso de acreditación ante la CNA. Y fue en esta fecha, ocasión en que el proceso estaba en desarrollo, cuando el ministro Teodoro Ribera contrató a Díaz en Gendarmería como asesor de la Escuela de la institución. El 4 de enero, la Comisión Nacional de Acreditación analizó los antecedentes relativos a la acreditación de Incacea. Oportunidad en que estuvo presente Luis Eugenio Díaz.

De acuerdo al acta de dicha sesión: la certificación fue rechazada por la mayoría de los 13 comisionados que asistieron a esa reunión. Según consigna el medio escrito, las razones para rechazar la acreditación fueron la crítica situación económica de la institución, los malos índices académicos y los bajos índices de titulación y retención de alumnos.