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Dictámen es extensivo a 11 personas, además de Myriam Olate

Contraloría ordena invalidar "pensión abultada" de ex esposa de Andrade que desató furia contra las AFP

por 9 agosto, 2016

Contraloría ordena invalidar
Mediante un oficio, el Contralor General, Jorge Bermúdez, señaló que en el año 2012, tras un sumario a Dipreca, Contraloría le advirtió a la institución que "la señora Olate Berríos no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional (Dipreca)" y que las "erogaciones recibidas de Gendarmería" debían ser transferidas a la AFP que la Superintendencia de Pensiones definiera.
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Un nuevo giro toma el denominado caso de las pensiones "abultadas" de Gendarmería.

Esta tarde el Contralor General, Jorge Bermúdez, ordenó a DIPRECA -mediante oficio N° 58.769- iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento.

Entre esos 11 funcionarios se encuentra Myriam Olate, la ex esposa del diputado PS, Osvaldo Andrade, y que percibía una pensión de 5.214.799 pesos mensuales, desde que optó por el "retiro voluntario" en octubre de 2015 y dejó su cargo como Subdirectora Técnica de Gendarmería.

El oficio establece que, en el año 2012, tras un sumario a Dipreca, Contraloría le advirtió que "la señora Olate Berríos no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional (Dipreca)" y que las "erogaciones recibidas de Gendarmería" debían ser transferidas a la AFP que la Superintendencia de Pensiones definiera.

Luego, en octubre de 2014, en un informe de seguimiento, determinó que la solicitud no había sido procesada, ya que "Gendarmería no dio respuesta a la solicitud de Dipreca", lo que había sido informado por esta como "realizado" en el año 2012.

Añade que "en relación a la ex funcionaria, es útil tener presente que si bien Gendamería posee determinadas atribuciones para nombrar a su personal, ello no significa (...) que pueda actuar arbitrariamente o de modo que signifique una desviación de poder y una infracción al deber de probidad, ello no se condice con los principios básicos de un Estado de Derecho".

El oficio establece que, si bien Gendarmería cuenta con la potestad de nombrar a sus funcionarios, "no puede tener como motivación únicamente la de que esos servidores gocen del sistema de pensiones de Dipreca, menos cuando estos no trabajen -en los hechos- en un recinto penal".

Finalmente, señala que la asignación de la pensión de Olate no satisface "las exigencias previstas en la jurisprudencia administrativa" y advierte el pago "indebido" de una bonificación por asignaciones de modernización, ya que percibía una renta por sobre el tope imponible.

El proceso también fue abierto en los casos de los funcionarios Oscar Garcés, Edita Cortés, Víctor Alfonso Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.

La medida, aseguran desde Contraloría, es "el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley".

Cabe recordar que el 20 de abril de este año el Contralor General ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite de 60 UF en Gendarmería y ordenó revisar en detalle la legalidad de todos los componentes de las pensiones que se hubieren aprobado erróneamente con anterioridad a esa fecha.

Dictamen que destapó la olla de las pensiones abultadas y reveló la crisis al interior de Gendarmería, la que ha dado como resultado la salida del director de la institución, quien denunció que por orden de los asesores de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, se contrataba a determinadas personas al interior del organismo y, además, con una interpelación a la jefa de la cartera de Justicia.

Además, luego de que explotó el caso de Gendarmería, se desató una furia en redes sociales en contra de la alta pensión de la ex esposa de Andrade, molestia social que detonó en la masiva marcha en contra de las AFP, el pasado 24 de julio, la que congregó a más de 750 mil personas a lo largo de todo Chile.

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