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El expresidente de la Democracia Cristiana y expresidente del Senado quiere evitar que la Suprema revierta su triunfo en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde fue rechazado su desafuero. Para ello, se jugó la carta del Tribunal Constitucional para impugnar la apelación de la Fiscalía.
El senador DC Jorge Pizarro ingresó un recurso al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que prospere la apelación del Ministerio Público ante la Corte Suprema y mantener, así, el rechazo al desafuero solicitado en el marco del Caso SQM, donde se indaga el financiamiento irregular de la política.
El desafuero de Pizarro fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago por amplia mayoría; sin embargo la Fiscalía insistió la semana pasada para que la Corte Suprema revise el tema, bajo el argumento de que en la “investigación se recabaron diversos antecedentes de prueba (…) que permiten acreditar los hechos de la imputación”.
De acuerdo con el escrito ingresado ante el TC por los abogados José Miguel Barahona y Cristóbal Bonacic, el recurso de apelación presentado por la Fiscalía “no procede, puesto que no se trata de una sentencia que haya hecho lugar a la formación de causa, que es la única hipótesis en que la Carta Fundamental autoriza la apelación para ante la Excelentísima Corte Suprema”.
La presentación de este nuevo recurso en el Caso SQM podría seguir dilatando el arranque del juicio oral, donde se espera que desfilen por el Centro de Justicia los 16 acusados en este escándalo, entre quienes se cuentan Pablo Longueira, Patricio Contesse, Fulvio Rossi y Marco Enríquez-Ominami y en el que hay más de 600 personas citadas a declarar.
El senador DC se encuentra acusado por evasión tributaria y la facilitación de facturas ideológicamente falsas emitidas por Ventus Consulting S. A., empresa de la cual son socios sus hijos.
De acuerdo con la acusación del organismo persecutor, el parlamentario –reelegido en su escaño por la IV Región hasta el 2021– recibió 45 millones de pesos a través de la consultora de sus hijos, la que emitió boletas ideológicamente falsas a SQM, dineros que luego fueron transferidos a una cuenta corriente del parlamentario y extimonel de la falange.
En su caso, el fiscal Pablo Gómez, junto con pedir su desafuero, también requirió para el expresidente de la Democracia Cristiana y expresidente del Senado una pena de 818 días de presidio por delitos tributarios.
