PAÍS
El rector Sánchez ha estado en el ojo del huracán por la defensa que ha prestado a los médicos Helmar Rosenberg y Sergio González, profesores del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina UC, ambos condenados por el juez Alejandro Madrid en calidad de encubridores por el asesinato del exmandatario. El diputado Silber señaló que los dichos de la autoridad de la UC “se apartan del régimen de lo que es una universidad del Estado”, mientras el vicepresidente de la Falange, Rodrigo Albornoz, aseguró que “acá hay un tema de fe pública, hay una institución que tiene recursos públicos, que forma parte de un sistema estatal que debe promover y respetar los derechos humanos”.
Hasta el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) llegó el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Silber, junto con el vicepresidente Rodrigo Albornoz, para solicitar a dicho organismo que se pronuncie sobre los dichos del rector de la Universidad Católica (UC), Ignacio Sánchez, en orden a defender a los dos médicos y profesores de dicha casa de estudios condenados por el Juez Madrid como encubridores del asesinato de Eduardo Frei Montalva.
Sánchez ha estado en el ojo del huracán debido a la defensa que ha ofrecido a los médicos Helmar Rosenberg y Sergio González, profesores del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina UC, ambos condenados por el juez Alejandro Madrid en calidad de encubridores por el asesinato del exmandatario. Vale recordar que fue precisamente en esta casa de estudios donde se realizó la irregular autopsia.
Por medio de una carta publicada en El Mercurio el 10 de febrero pasado titulada “La UC y el Presidente Frei Montalva”, el rector Sánchez se puso del lado de los condenados en este caso: “Confiamos en la completa inocencia de nuestros médicos y profesores de Medicina, quienes fueron llamados a colaborar por el equipo de médicos tratantes, todos ellos de confianza de la familia Frei”.
Sus declaraciones generaron incomodidad al interior de la DC, ante lo cual su vicepresidente, Rodrigo Albornoz, declaró: “Estimamos que sus declaraciones se alejan del rol que debe cumplir en una Universidad. Sus declaraciones las formuló como rector, por tanto, ha involucrado a la Universidad Católica, la que cobra responsabilidad en sus dichos en estimar un cierto negacionismo al debilitar la convicción de un tribunal de justicia”.
Albornoz agregó que “acá hay un tema de fe pública, hay una institución que tiene recursos públicos, que forma parte de un sistema estatal que debe promover y respetar los derechos humanos. Estimamos indispensable que el Consejo de Rectores tome cartas en el asunto sobre los alcances que estas declaraciones han tenido”.
En la misma línea, el diputado Silber –futuro presidente de la Cámara Baja– sostuvo que “queremos saber si dentro de los fines de una universidad reconocida por el Estado por ejemplo está el defender a personas condenadas por la justicia. El día de mañana el rector Sánchez u otro rector van a utilizar el cargo para defender narcotraficantes, personas que tengan otros tipos de condenas, pasando por encima del principio de separación de poderes. Esto se aparta del régimen de lo que es una universidad del Estado. Esta no es una carta del rector Sánchez a título personal, él la firma como rector de una universidad sabiendo que hay una condena de un tribunal de la República. El Consejo de Rectores debe rayar la cancha”.
Silber también lanzó una crítica contra el Presidente Sebastián Piñera, quien evadió las consultas de la prensa sobre los cuestionamientos al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, aclarando que solo está preocupado de las emergencias.
“Consideramos una tomadura de pelo las declaraciones. Nosotros creemos que se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Hay una importante investigación de un tribunal de la República que hace un reproche al estándar ético del subsecretario Castillo y nos cuesta entender que el Presidente resista la permanencia del subsecretario”, cuestionó el legislador.
Cabe resaltar que Castillo fue mencionado en el fallo del ministro Madrid por su “omisión” en el caso, pero desde la DC y la familia Frei han insistido en que, si bien no hay un reproche jurídico, su salida del Gobierno sería un asunto “ético”.
