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Crédito: ATON (Contexto)
En un escrito presentado el 7 de diciembre, el fiscal del Ministerio Público Militar, Luis Araya, pidió que la ministra Romy Rutherford asuma la causa denominada Fondo de Ayuda Mutua (FAM), en la que se investiga el uso de dineros del Ejército para pagar deudas privadas a funcionarios en retiro, por un monto cercano a los $3.000 millones. Ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a esta petición, diciendo que la capacidad de Rutherford «no deja margen de dudas» para tomar el caso del FAM. La ministra debe decidir en los próximos días si acepta o no el caso. La indagatoria actualmente está en la actualidad en manos del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
La ministra Romy Rutherford se ha hecho conocida por su labor investigando los casos de corrupción al interior del Ejército de Chile, sentando en el banquillo de los acusados a reconocidas figuras de la institución castrense, como el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete o el exgeneral Humberto Oviedo por malversación de caudales públicos.
Ahora podría sumar un caso más a su agenda, el denominado Fondo de Ayuda Mutua (FAM), en el cual se investiga el uso de dineros del Ejército para pagar deudas privadas a funcionarios en retiro, por un monto cercano a los $3.000 millones.
Dicho caso está en la actualidad en manos del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Sin embargo, según informe El Mercurio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un «téngase presente», en la causa principal que lidera la magistrada, el fraude en el Ejército y las múltiples líneas investigativas, para que Rutherford también asuma la indagatoria por el escándalo de las platas de Aysén.
El CDE se suma así a lo planteado por el Ministerio Público Militar, quien el pasado 7 de diciembre, presentó un escrito en el cual pidió que la jueza se haga cargo de la causa por una cuestión de competencia.
El organismo fiscal argumenta entre otras cosas que el artículo 5 del Código de Justicia Militar dispone que a los tribunales militares les corresponde conocer «de las causas por delitos comunes cometidos por militares durante estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él».
Por tal motivo, en este caso del FAM, se trata de «delitos comunes contra el patrimonio público cometidos con ocasión del servicio militar en recintos o establecimientos del Ejército, por lo que corresponde que ellos sean conocidos por la jurisdicción militar».
El CDE recuerda además la resolución de la Corte Suprema de julio del 2018, en la que se ordena a la ministra Rutherford investigar «el uso inapropiado de fondos públicos de distinto origen que administra el Ejército de Chile», como el caso del FAM, fallo que a juicio del CDE, «no deja margen de dudas» de que la ministra Rutherford es la indicada para tomar el caso. Sólo ella lo decidirá.
El fiscal Palma inició la indagatoria en 2018 en base a una denuncia de la Contraloría General de la República (CGR) que advertía del uso de recursos fiscales para el pago a los acreedores del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), una entidad que se creó en los años 50 y que estuvo vigente hasta 2006. Por dicha causa había adoptado la decisión de formalizar a casi 800 funcionarios en retiro y ejercicio.
La ministra debe decidir en los próximos días si acepta o no el caso.
