PAÍS
Créditos: Agencia Uno
“Después de conversar con todas las autoridades, los gremios, la sociedad civil de Tarapacá, Arica y Parinacota, me queda más que claro que hay que sacarla de manera urgente, por eso puse el énfasis en el reglamento”, indicó Rodrigo Delgado sobre reconducir la frontera.
Ayer, el Gobierno tomó la decisión de retirar el reglamento de Ley de Migraciones de la Contraloría General de la República, con la finalidad de realizar las correcciones que desde el mismo organismo le exigieron. La idea del ejecutivo era reingresarla lo antes posible, materializándose durante esta jornada.
Este reglamento fue promulgado el 21 de abril del año pasado con la idea de contar con más herramientas para enfrentar la crisis migratoria en el país. Aunque desde la oposición y algunas organizaciones la encontraron discriminatoria frente al migrante.
El 6 de diciembre, el ejecutivo ingresó el Decreto 296 -el que contiene este reglamento- al organismo contralor.
También te puede interesar:
Desde la propia Contraloría realizaron observaciones sobre el documento, declarando que si no se arreglaba podría haberse declarado ilegal. Además, el ente excedió el plazo que tenía para examinar el texto y no se había pronunciado por los tres documentos que enviaron distintas organizaciones, que buscaban declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de algunos artículos.
Ante este escenario, es que el Gobierno decidió retirar el reglamento de Ley de Migraciones (ayer, jueves) para revisarla, analizarla y modificar los artículos puntuales que estaban generando problemas. Desde la subsecretaria del Interior señalaron que lograron esta tarea con ayuda de equipos jurídicos de la Contraloría y del Servicio Nacional de Migraciones.
“La elaboración de un reglamento como éste, con más de 180 artículos, es natural que existan visiones jurídicas que es necesario consensuar”, expresaron desde la subsecretaria.
“En el caso del texto aludido, estas posturas diversas se redujeron a nueve artículos, un número muy acotado de preceptos, los que hoy fueron sometidos a la decisión que adopte al respecto la Contraloría General de la República”, añadieron.
Además, desde el ejecutivo agradecieron los aportes del ente fiscalizador en la elaboración del reglamento: “Esperamos que la pronta aprobación del texto reglamentario constituya un avance respecto a las actuales necesidades y expectativas de la comunidad migrante y de la ciudadanía en general”.
La decisión del Gobierno fue cuestionada por las autoridades regionales de las zonas afectadas por la crisis migratoria que vive el norte de nuestro país.
El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz (DC), indicó que «evidentemente este retiro es una burla para las regiones que estamos sufriendo el descontrol migratorio y que estamos viviendo este tipo de situaciones».
Aunque no fue solo la única autoridad que criticó a la actual administración, Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, también tuvo palabras para el gobierno central.
«Nosotros tenemos dos grandes problema que no son similares, uno es el problema de la migración y otro es un desgobierno. La verdad es que no hemos tenido autoridades desde el nivel central que hayan logrado controlar los proceso migratorios, aquí lo que se requiere es que se establezcan sistemas adecuados de control en la frontera, que se detecte cuáles son los antecedentes con los que se está ingresando», señaló el gobernador de la región de Antofagasta.
Hoy el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, desde La Moneda se refirió a lo sucedido en las últimas horas.
“Después de conversar con todas las autoridades, los gremios, la sociedad civil de Tarapacá, Arica y Parinacota, me queda más que claro que hay que sacarla de manera urgente, por eso puse el énfasis en el reglamento”, indicó el secretario de Estado sobre reconducir la frontera.
Sobre los cambios realizados en el reglamento, Delgado señaló que una de ellas fue la expulsión de extranjeros.
“Nosotros consideramos que, por ejemplo, si el traslado es de una zona extrema, que ese tiempo de traslado no se considere dentro de las 48 horas para tener más tiempo y tener la tranquilidad de hacer la expulsión en tiempo y en forma. La Contraloría nos dijo que no, que había que tomarlo dentro de las 48 horas”, expresó.
Además, se incluye una norma que recalca que si un funcionario ve a un migrante realizando una infracción, este debe denunciarlo lo más rápido posible.
“El resto son formalidades muy pequeñas de los otros artículos que son muy menores”, concluyó el ministro del Interior.
