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Créditos: Agencia Uno
Los legisladores, Andrés Longton y Sofía Cid criticaron este tipo de acciones, señalando que dichos dineros se pudieron haber gastado en ayuda para las familias más vulnerables del país que viven un escenario inflacionario no visto hace mucho tiempo en Chile. También emplazaron las salidas a terreno y los costos de la campaña informativa.
La bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó este jueves a la Contraloría General de la República que investigue al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por la compra vía trato directo de 900 mil copias de la propuesta constitucional por $444 millones.
A señalar que el ente fiscalizador ya esta investigando al Ejecutivo, pero por un presunto intervencionismo en la campaña del plebiscito de salida a favor de la opción Apruebo.
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El jefe de la bancada de RN, Andrés Longton y la vicepresidenta, Sofía Cid, argumentaron que la compra de estos ejemplares vía trato directo se realizaron por la campaña «Chile vota informado», sin embargo, «la ley 19.886, sobre bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en su artículo 5° establece que toda contratación que supere las 1.000 UTM (aproximadamente 58.2 millones de pesos) debe, como regla general, realizarse mediante licitación pública».
Los diputados señalan que la compra fue realizada desde la Segpres, justificando que son dineros «remanentes» de la Convención Constitucional, la que terminó sus funciones el mes pasado al entregar la propuesta constitucional.
Bajo esta línea, -según consignó Emol– instaron a Contraloría a que se «fiscalice y vele por el buen uso de los recursos públicos y la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, y requiera la información necesaria tanto del Ministro Secretario General de la Presidencia, don Giorgio Jackson Drago y demás personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad; instruyendo un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la administración pública».
Además, los legisladores critican este tipo de acciones, señalando que dichos dineros se pudieron haber gastado en ayuda para las familias más vulnerables del país que viven un escenario inflacionario no visto hace mucho tiempo en Chile. También emplazaron las salidas a terreno y los costos de la campaña informativa.
