PAÍS
Créditos: Agencia Uno
La administración del Presidente Gabriel Boric hizo el anuncio de un plan que pretende ampliar las facultades de prevención, fiscalización y protección y apoyo a víctimas que ostentan los gobiernos regionales y los municipios del país. La iniciativa se materializará en un total de noventa y dos medidas legales y de política pública.
Esta mañana el Presidente de la República, Gabriel Boric firmó un compromiso transversal por la seguridad, trabajo que se realizó en conjunto con el Ministerio del Interior, las gobernaciones regionales y representantes de las asociaciones de municipios del país. El plan contempla dar facultades a estas instituciones en materia de prevención y fiscalización de delitos, así como la prevención de estos.
Las propuestas se agrupan en con ejes principales: prevención y víctimas; control; persecución y sanción; institucionalidad; y policías. En tanto, los gobiernos regionales enfocarán sus funciones en lo respectivo a prevención del delito, y la protección y apoyo a víctimas. Las municipalidades, por otro lado, verán modificada su ley orgánica constitucional, fortaleciendo su rol preventivo.
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En detalle, el acuerdo suscrito por las autoridades mencionadas respecto a los gobiernos regionales (GORE) plantea dar atribuciones a sus titulares para trazar y diseñar planes y políticas de prevención: atribución que modifica la ley °19.175.
También, los gobiernos regionales podrán participar en instancias de coordinación y se fomentará la creación de convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y los GORE para diseñar proyectos de inversión regional en materia de prevención del delito.
Por su parte, las municipalidades tendrán las facultades de incorporar criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial. Además, se buscará que estas instituciones puedan fortalecer los planes de seguridad comunal tomando en cuenta la protección de víctimas y perspectiva de género.
En cuanto a los inspectores municipales de seguridad, podrán participar en la verificación del cumplimiento de medidas cautelares y de protección, retener personas sorprendidas en delitos flagrantes y ponerlos a disposición de las policías; y recibir denuncias y coordinar acciones de seguridad con las autoridades. Asimismo, las agresiones que sufran serán tomadas como un delito agravado.
Todo lo anterior está sujeto a modificaciones legislativas que el Ejecutivo pretende presentar en los meses venideros.
El plan contó con el trabajo del Ejecutivo, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, (Agorechi), y las 3 asociaciones de municipios: la Asociación Chilena de Municipalidades, AChM; la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCh; y la Asociación de Municipios Rurales, AMUR.
Al respecto, el Presidente Gabriel Boric señaló que el acuerdo “refleja el compromiso del gobierno que se enriquece con quienes están presentes, con la descentralización. La clave es que responda a las necesidades de cada territorio. En eso, gobernadores y alcaldes son fundamentales”.
“Hablamos del crimen organizado y hoy hablamos del estado organizado para combatir el crimen en todas sus dimensiones. Que no se equivoquen los delincuentes: no son solo ellos los que se organizan. Quienes fuimos elegidos estamos para recuperar la seguridad y los espacios publicos”, añadió el Presidente.
Asimismo, el jefe de Estado destacó la importancia de poner el foco en las víctimas, en palabras del Presidente no suelen tener una atención especializada luego de sufrir delitos violentos. Y agregó que “no sólo pienso en las vícitmas civiles, sino tambien en Carabineros como Retamal, o Salazar”.
