Yeomans a la oposición: “No porque repitan la palabra seguridad se están haciendo cargo de ella”

La diputada por el distrito 13, Gael Yeomans (CS), se refirió a cómo se ha enfrentado la agenda de seguridad desde el oficialismo, luego de varias semanas en que el tema ha tenido especial importancia en el debate político desde todo el espectro partidista e institucional. Su impresión, comenta la parlamentaria, es que “ha quedado demostrada la preocupación y la agenda que se ha tenido en esta materia” por parte de la administración del Presidente Gabriel Boric, y que “este es un desafío de Estado y no de solo un Gobierno”.

En esa línea, la parlamentaria comentó, en entrevista con El Mostrador, que “en el último tiempo hemos tenido espacios con el Ejecutivo en que nos han mostrado cuál es la agenda completa en materia de prevención, la inversión también que se está teniendo y el trabajo de articulación con los municipios, donde también están involucradas las policías”.

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-En algún momento pareció que el oficialismo tenía un respiro tras las 40 horas y el anuncio del litio. La discusión de seguridad, que estuvo muy centrada en Carabineros, pasó a tomar otra forma, con los ataques incendiarios en el sur, la crisis fronteriza, el incidente en Calama, entre otros. ¿Cómo ve el presente el oficialismo?, ¿hay alguna autocrítica al respecto?

-La seguridad lógicamente es un tema que preocupa como Estado. De hecho, más allá del Gobierno, son las instituciones involucradas en entregar protección a la población quienes han estado llamadas durante todo este tiempo a generar soluciones que den en el clavo, y yo creo que en ese sentido es un desafío común. Desde el Gobierno se han presentado medidas en que, en el plano legislativo, uno ve una discusión que quizás da vuelta respecto a proyectos de ley que son presentados por distintas coaliciones, distintas miradas desde los partidos, pero también hay una agenda sobre todo en materia de ejecución que ha sido bien importante, donde se ha reforzado tanto en materia de herramientas como en el presupuesto mismo hacia la institución de Carabineros, que no data de los periodos anteriores. En esos términos ha quedado demostrada la preocupación y la agenda que se ha tenido en esta materia por parte del Gobierno.

-Dentro de esas medidas está el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza que hace algunas semanas presentó la administración. ¿Cree que sería adecuado darle una mayor urgencia a esa iniciativa?

-Creo que, de hecho, está dentro de las prioridades de la agenda del Gobierno el poder sacar adelante el proyecto, porque entrega garantías tanto para el protocolo que puedan utilizar Carabineros, entregando certezas, y también hacia la población es un avance, sin duda. Creo que en esos términos debería avanzar con celeridad, así como han avanzado otros proyectos de ley. Cuando hay voluntad, se ha demostrado por parte del Congreso que se puede avanzar rápidamente, y yo esperaría que en esta materia también lo fuera, porque es parte de las agendas prioritarias para poder entregar herramientas hacia la institución.

-Pero respecto a la categorización legislativa, esta iniciativa en particular cuenta con urgencia simple. ¿Cree que sería necesario darle una mayor calificación?

-Por cierto, pero lo que más me importa es que los sectores políticos se allanen. Ya hemos visto con anterioridad que cuando hay voluntad se puede hacer avanzar los proyectos de ley. Eso es lo más relevante cuando uno habla en materia legislativa, sobre todo teniendo en consideración que el Gobierno no tiene mayorías parlamentarias, y hemos visto lamentablemente una mala reacción inicial por parte de la oposición respecto a este proyecto de ley, cuando se pasearon por muchos canales de televisión, por medios, señalando su voluntad de hacer avanzar la agenda legislativa en materia de seguridad y en este tema la entrampan. Yo esperaría que se allanen a la voluntad que señalaron inicialmente tener.

-La derecha ha centrado parte de sus críticas en acusar que la seguridad ha sido una materia que históricamente ha estado muy distante de la centroizquierda. ¿Cómo se convence a la ciudadanía de lo contrario?

-No porque uno repita más veces en el discurso la palabra seguridad se está haciendo cargo de ella. En Chile hemos tenido lamentablemente gobiernos pasados, como el Gobierno de Sebastián Piñera, donde se hicieron compromisos que no lograron cumplirse: por ejemplo, con estas frases grandilocuentes como “a los delincuentes se les acabó la fiesta”. Creo que cuando se ha demostrado por parte del Gobierno el compromiso en esta materia –una agenda seria, que además convoca, y no deja afuera a ciertos sectores políticos, sino que al contrario, entiende que este es un desafío de Estado y no de solo un Gobierno–, me parece que que no hay palabras que agregar respecto al compromiso demostrado en los hechos. Y en eso al menos yo quedo con tranquilidad de que ese compromiso se ha demostrado.

-Hace algunos días publicó una columna en El Desconcierto refiriéndose a la Estrategia Nacional del Litio, y aborda la disputa que se ha instalado respecto a privados versus lo público. ¿Qué pasa con los cuestionamientos que vienen del mundo de las organizaciones ecologistas, que ven con recelo la explotación del mineral por cómo podría afectar el entorno de los salares?

-Ese compromiso está dentro también de la Estrategia Nacional del Litio. Incorpora, por una parte, la creación de esta empresa nacional, pública, y para ello también el escuchar a las comunidades va a ser parte del proceso, recoger las opiniones y sobre todo entendiendo que esto afecta a ciertas zonas cuando hablamos de la explotación de un mineral. Es parte de lo que ya está en la agenda y lo que se ha ido trabajando durante este tiempo. Se incorporan esas visiones: nos estamos haciendo cargo de la realidad que tiene el país. La explotación del litio ocurre hoy por hoy, y de eso hay que hacerse cargo también. Implica que dentro del diseño tengamos también los pilares, la creación de centros de desarrollo de nuevas tecnologías que puedan hacerse cargo de los impactos que genera, y pensar mejores herramientas para que sus impactos disminuyan.

-Hoy hay dos proyectos en el Congreso respectivos al CAE: el que presentó el Frente Amplio y el ingresado por parlamentarios del Partido de la Gente, el Partido Humanista y también el diputado René Alinco. ¿En qué puntos cree que se diferencia la propuesta del oficialismo? ¿Hay alguna posibilidad de fusionar ambas iniciativas?

-Es que el otro proyecto, en realidad, es de reforma constitucional: no hay un parámetro común en esos términos porque nosotros le estamos pidiendo el Ejecutivo que presente una iniciativa es un proyecto de resolución, y el otro es un proyecto de reforma constitucional, en donde se establece como una suerte de mandato. Al menos yo creo que lo importante sería, en primer lugar, más allá de la condonación al CAE, el incorporar en ese proyecto mecanismos de financiamiento por parte del Estado, que se hagan cargo de ello también para los estudiantes de futuro, no solo pensar en solucionar la deuda económica hacia atrás.

-Falta una semana para las elecciones del Consejo Constitucional y se ha hablado que la lista de Republicanos probablemente saque el mejor desempeño, pues son quienes presentaron más candidatos. ¿Cómo podría el oficialismo abordar un Consejo Constitucional donde el acento lo ponga la posición más dura?

-Espero que sea un buen resultado el próximo fin de semana. Esta semana va a ser clave y lo que he visto en la calle es desinformación. En eso tenemos un rol los partidos, quienes somos militantes de un proyecto, que hemos luchado por el cambio a la Constitución. Sobre todo porque he visto que hay un discurso que llama a la desesperanza: de renunciar a este proceso por las críticas que se puedan tener, que pueden ser legítimas, pero me parece que no podemos regalar la instancia a que los términos de una nueva Constitución lo escriban los mismos poderes fácticos de siempre. Creo que en las organizaciones sociales y políticas que han señalado la importancia de tener una nueva Constitución para lograr avances sociales, es importante que no se renuncie a seguir luchando. Ese creo que es el llamado que deberíamos sostener.

-¿Qué reflexiones del proceso anterior es importante poner por delante, frente a esta etapa por iniciar del proceso actual?

-Lo primero es que la Constitución es un paraguas que nos va a permitir sostener desde los contenidos de cómo van a ser procesadas las diferencias políticas, de cómo va a funcionar la democracia en la medida que sea una Constitución que garantice cierto marco, como lo es el Estado social y democrático de Derecho. Hay aspectos que van a ser desarrollados y que es importante también tenerlos en consideración, por las luchas sociales y políticas venideras. Para eso está el Congreso, para eso está la posibilidad –si es que queda en la nueva Constitución– de presentar proyectos con firma ciudadana. Además de dejar atrás una Constitución dictatorial que amarraba la posibilidad de cambio. Que la ciudadanía pueda tener ciertos elementos básicos para vivir tranquilos, para vivir sin la ansiedad del día a día: va a ser importante tener eso en mente a propósito de este proceso constitucional.

-¿Coincide con la idea de que resultados desfavorables para la centroizquierda funcionarían como un voto castigo al Gobierno?

-Los análisis posteriores los dejaremos para su oportunidad, pero me parece que que va más allá de eso. En la línea de que hay distintas fuerzas políticas que han apostado por una nueva Constitución, creo que el no poder llegar a una Constitución de Derecho en parte tiene que ver con que no hemos cumplido con ese objetivo: todas esas fuerzas políticas que hemos impulsado esos procesos de transformación independiente del rol que juguemos en esta pasada en estas elecciones.

-La CUT señaló que una de las consignas para este Día de Trabajador es el aumento de los salarios. ¿Cuál es su mirada, tomando en cuenta que hay un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo con la participación de esta y otras organizaciones, y que esta semana avanzó en su tramitación?

-Este 1 de mayo debería ser un vaticinador de que vamos avanzando en derechos que en alguna oportunidad no fueron prioridad dentro de una agenda de Gobierno. Hoy sí lo hemos visto, porque a poco andar del Gobierno hay compromisos de avances: ya se ha aumentado en un grado mucho mayor al de los gobiernos pasados. El pensar en llegar a un salario mínimo de 500 mil pesos también demuestra que un camino de derechos en materia de las y los trabajadores es posible y yo esperaría que ese proyecto fuera aprobado. Hay preocupación respecto al apoyo hacia las pymes, pero creo –a propósito de las conversaciones que se han tenido con el Gobierno por parte de las mismas organizaciones– que hay un compromiso de avance y de respaldo como tal.