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Créditos: Agencia UNO (referencial).
Luis Cordero, el ministro de Justicia, señaló que los Convenios de Transferencia de Recursos son un mecanismo que “funciona hace una cantidad importante de años y, en consecuencia, ya no solo es objeto de evaluación el caso de esta fundación, sino que en general todas aquellas que han recibido transferencias de la misma modalidad y eso es parte de la investigación que se está desarrollando ahora”, en referencia al caso que vincula a la seremi de Vivienda de Antofagasta, la Fundación Democracia Viva y la parlamentaria RD, Catalina Pérez.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al funcionamiento de los Convenios de Transferencia de Recursos, luego de que se diera a conocer que este mecanismo fue la vía por la cual la secretaría regional de Vivienda de Antofagasta otorgó $426 millones de pesos a la Fundación Democracia Viva.
“Lo conveniente es también tener en consideración que no toda transferencia ni toda fundación es objeto de sospecha, sino que muchas de ellas cumplen un rol muy determinante para el funcionamiento del Estado y el rol activo de la sociedad civil”, argumentó el ministro.
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Este proceso “funciona hace una cantidad importante de años y, en consecuencia, ya no solo es objeto de evaluación el caso de esta fundación, sino que en general todas aquellas que han recibido transferencias de la misma modalidad y eso es parte de la investigación que se está desarrollando ahora”, explicó la autoridad de Gobierno.
Asimismo, Cordero sostuvo que “hay una serie de observaciones del punto de vista administrativo que el ministerio ya había detectado y que, por lo tanto, se van a transformar en reforma de protocolos para las transferencias de este tipo de recursos”.
Cabe mencionar que los Convenios de Transferencia de Recursos son el mecanismo con el cual la fundación se adjudicó una cifra cercana a los $426 millones de pesos, para la realización de proyectos en torno a asentamientos habitacionales.
Las declaraciones del ministro surgen en el contexto de los cuestionamientos suscitados por la vinculación de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, la exautoridad del Minvu, Carlos Contreras, y el exrepresentante de la fundación, Daniel Andrade.
El caso surgió luego de que se diera a conocer el vínculo entre Pérez y Contreras: este último fue su asesor entre 2020 y 2021. Andrade, a su vez, es pareja de la parlamentaria.
Los tres son militantes del partido perteneciente al Frente Amplio, Revolución Democrática, colectividad que resolvió abrir una indagatoria interna y anunció una querella contra quien sea el responsable, que se presentará el próximo martes.
Ante todo esto, la Fiscalía regional de Antofagasta anunció la apertura de una investigación de oficio para establecer si la firma de los convenios se realizó de forma legal. Asimismo, la Contraloría ordenó al ministerio de Vivienda y Urbanismo entregar todos los antecedentes en torno a los tres convenios. En tanto, la parlamentaria RD suspendió su participación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
