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Crédito: Agencia Uno
Durante las discusiones de enmiendas constitucionales que tuvieron lugar este jueves, hubo una que pasó inadvertida, pero que fue particularmente crítica. Durante el debate y votación en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos se revisó una enmienda presentada por consejeros oficialistas, que buscaba garantizar la integridad pública de los órganos del Estado, así como la necesaria fiscalización de privados que reciban fondos públicos. Pese a que se intentó buscar un acuerdo con varias modificaciones al texto, los consejeros republicanos y de Chile Vamos se abstuvieron y rechazaron sucesivamente el artículo. Para el doctor en Ciencia Política Claudio Fuentes, “es una muy mala señal el que el Consejo Constitucional no apruebe medidas fuertes anticorrupción contra el sector privado. Es una mala señal para el fortalecimiento de las instituciones y para evitar la corrupción”.
Las distintas comisiones del Consejo Constitucional siguen en proceso de votaciones de distintas enmiendas. Algunas muy polémicas, como el rechazo de consejeros republicanos a aprobar una enmienda que menciona el cambio climático. Pero hay otras, que pasan más inadvertidas, y que son aún más críticas.
Una de esta estas tuvo lugar en la discusión de este jueves, cuando consejeros republicanos y de Chile Vamos se abstuvieron a la hora de incorporar una enmienda que establecía la fiscalización para el sector privado que recibe fondos públicos. En medio de toda la discusión por el caso Convenios, esta postura de la derecha constituyente –en opinión de expertos–, además de resultar insólita, estaría amparando la corrupción.
Para el doctor en Ciencia Política y académico de la UDP Claudio Fuentes, lo que estaría detrás es una defensa soterrada del sector privado. “Creo que se está defendiendo al sector privado. Lo que la actual Constitución establece son políticas de inclusión del sector privado en una serie de áreas estratégicas como pensiones, salud, educación y todo lo que tiene que ver con servicios de utilidad pública, por lo tanto, se está protegiendo precisamente a estos sectores que son muy estratégicos en la economía”.
La polémica enmienda fue presentada por consejeros oficialistas en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, y buscaba sustituir el inciso 1 del artículo 10 por un nuevo inciso primero del siguiente tenor: “Es deber del Estado garantizar la integridad pública de los órganos del Estado, así como de entidades que presten servicios de utilidad pública o que reciban fondos públicos. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, observando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular”.
Este inciso, presentado por los consejeros Marcela Araya (PS), Karen Araya (PC), Nancy Márquez (CS), Kinturay Melín (RD), Julio Ñanco (RD), María Pardo (CS), Christian Suárez (IND) y Fernando Viveros (PC), tuvo 4 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones. A favor estuvieron todos los oficialistas, mientras que las abstenciones y el voto en contra (UDI) fueron de la derecha.
Dicha comisión está conformada por Marcela Araya, Mariela Fincheira, María Gatica, Yerko Ljubetic, María de los Ángeles López, Ivonne Mangelsdorff, Kinturay Melín, Carmen Montoya, Carolina Navarrete, Miguel Rojas, Luis Silva y Fernando Viveros.
Pese a que la derecha se restó de la primera votación, los consejeros oficialistas siguieron insistiendo y en el artículo buscaron agregar la frase “de los órganos del Estado, así como de entidades que presten servicios de utilidad pública o que reciban recursos públicos”. Nuevamente fue rechazado, con 4 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones.
Ya como último recurso, en el párrafo que indica que “la corrupción es contraria al bien común y su erradicación es un especial objetivo de los órganos del Estado”, los mismos consejeros buscaron intercalar un nuevo inciso, quedando de esta manera: “Es deber del Estado y de todas las personas promover y contribuir a erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado, debiendo los órganos del Estado adoptar medidas eficaces”. Nuevamente, fue rechazada con 6 votos a favor y 6 abstenciones. Estas últimas, todas de consejeros republicanos y otros de derecha.
El consejero CS Yerko Ljubetic conversó con El Mostrador y criticó que “las bancadas de derecha rechazaran una enmienda propuesta por la bancada de Unidad para Chile, que creemos que constituye un aporte relevante a la lucha contra la corrupción en el país, en el sentido de ampliar las exigencias relativas a estándares de probidad, transparencia y acceso a la información, ya no solo a los órganos y a los funcionarios públicos, sino que también a las entidades privadas que por alguna razón ejecuten, administren o gestionen recursos públicos”.
“El que ampliemos el eje escrutador, no solo desde la naturaleza jurídica del funcionario público a entidades privadas que administran recursos públicos, constituiría un avance notable en la lucha contra la corrupción. Es incomprensible este rechazo si asumimos que este debiera ser un objetivo ampliamente transversal”, agregó.
Precisamente en la falta de eje escrutador es donde Fuentes vislumbra el mayor peligro. “Considero que es una muy mala señal el que el Consejo Constitucional no apruebe medidas fuertes anticorrupción contra el sector privado. Precisamente estamos en una coyuntura donde hay un cuestionamiento muy fuerte a cómo los privados utilizan fondos públicos, y ese es el punto central, el modo en que la Constitución asegura que se va a fiscalizar aquellos privados que utilizan fondos públicos. Y eso no se está haciendo y creo que es una mala señal para el fortalecimiento de las instituciones y evitar la corrupción”.
Desde su perspectiva, estas abstenciones y rechazos responden a un diseño estratégico. Según este, los consejeros republicanos buscarán el apoyo de la ciudadanía mediante enmiendas populares que causen adhesión, como los temas de seguridad y la eximición del pago de contribuciones, para entremedio fortalecer al sector privado disminuyendo los grados de fiscalización. “El juego va a estar en mezclar los intereses populares con una agenda de intereses privados, creo que va a ser la combinación”, señala.
En la vereda de enfrente, la también integrante de la Comisión de Principios, Carolina Navarrete (UDI), negó las acusaciones y calificó la abstenciones como una polémica “ficticia”.
“Desde la bancada de la UDI hemos sido clarísimos en que queremos una Constitución que potencie la transparencia y ataque la corrupción. Se rechazó esta enmienda porque nos parecía poco seria y creemos que son otros los canales, los énfasis y las instituciones que deben regular y fiscalizar todas las irregularidades que ocurran, tanto en empresas públicas y privadas que reciban fondos públicos, pero en ningún caso dejar abierta la oportunidad para que se fiscalice a instituciones, a organizaciones que no han recibido ni un peso del Estado”, señaló.
