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Créditos: Agencia Uno
La aprobación del proyecto de ley de usurpaciones ha desatado controversias debido a los conceptos de legítima defensa privilegiada y flagrancia permanente. El vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla, advierte que estos puntos podrían impulsar la justicia por mano propia y representar un retroceso en el derecho. El Gobierno planea vetar parcialmente el proyecto, reconociendo algunos aspectos positivos, pero preocupándose por la posibilidad de violencia y el alejamiento de la resolución de conflictos por la vía legal. Huenchumilla también señala que la ley podría ser útil en ciertos problemas urbanos, pero duda de su efectividad en la Macrozona Sur en busca de la paz.
La aprobación del proyecto de ley de usurpaciones ha generado polémicas debido a dos artículos que ahí se contienen. Según lo que ha declarado el Gobierno, los expertos de las comisiones que asistieron la tramitación de la ley y algunos personeros del centro político, los conceptos de legitima defensa privilegiada y la flagrancia permanente son una combinación que incluso dejaría de lado la esencia del Estado de Derecho. Una de las voces que apunta en esa dirección es el vicepresidente del Senado Francisco Huenchumilla: “Esto que se ha puesto ahora es simplemente volver a la autodefensa, dejando de lado lo que es la Policía y los Tribunales. Es decir, la esencia de lo que se ha denominado el Estado de Derecho”.
En conversación con CNN, el senador democratacristiano manifestó sus aprensiones respecto al proyecto. Huenchumilla explicó que hasta ahora no existe legalmente “la venganza privada. Los conflictos entre los seres humanos están entregados a una institucionalidad, que comandan los Tribunales de Justicia y la Policía, pero con el proyecto actual volvemos a la justicia por mano propia”. El senador también mostró su preocupación por la “flagrancia permanente”.
“Hoy está establecido, en la actual legislación, que hay una flagrancia en virtud de la cual inmediatamente se puede sacar a las personas durante 12 horas de ocurrida la usurpación, sin orden judicial. Después de las 12 horas se requiere una orden del juez (…) con esta innovación se borra a la Policía, se borra al juez, y los dueños podrán hacer justicia por mano propia”, advirtió Huenchumilla. En el fondo, el parlamentario sinceró que, a su juicio, la legitima defensa privilegiada y la flagrancia permanente son puntos que abren la puerta a la autotutela. “Es un retroceso en el derecho”, sentenció.
En concreto, Huenchumilla explica que con la ley como está, uno de los escenarios posible es el siguiente: “(El propietario) se va a defender de una toma de terreno de manera permanente, aunque pase un mes, un año o dos años (…) quedará la flagrancia permanente, para hacerse justicia por mano propia. (Y el propietario) no va a ir a Carabineros; va a buscar un grupo de amigos, y va a tratar de resolver ese tema (…) estamos apagando el incendio con más parafina”.
El Gobierno ya ha anunciado que vetará el proyecto. No en su totalidad, pero aún se está definiendo qué tipo de veto se aplicará: supresivo o sustitutivo. Esto, porque sí reconocen puntos positivos de la ley de usurpaciones. Incluso el ministro de Justicia Luis Cordero advirtió de que son más los puntos de coincidencia que de disenso. El ministro Segpres, Álvaro Elizalde reconoció que la ley recién aprobada “tiene aspectos que son positivos”. Sin embargo, el ministro toma distancia puesto que “hay un aspecto que es especialmente complejo, porque establece la posibilidad de que una persona pueda recurrir a la violencia (…) algo que va en contra de la forma que se resuelven los conflictos jurídicos en un mundo civilizado”, dijo Álvaro Elizalde.
El parlamentario DC insistió cree que “ahí el Gobierno tiene un punto, porque eso no existe en las legislaciones modernas. En los países democráticos, en el derecho, quien resuelve los problemas entre particulares es la justicia, no la mano propia; salvo casos muy excepcionales, como los que digo (la legítima defensa) que están establecidos en el Artículo 10 del Código Penal”.
Sí reconoce que la ley “podrá servir esta ley, tal vez, en algunos problemas que se producen en las zonas urbanas del país, donde puede haber grupos organizados que hacen negocio con esto. Que engañan a la gente, de sectores muy modestos, para venderles terrenos cuyo título es cuestionado (…) lo hemos visto, en la V Región y en otras partes”. Sin embargo, respecto a la Macrozona Sur, ve difícil que “esto pueda contribuir a buscar la paz que tanto necesitamos. Yo creo que no va por ese camino”, sentenció.
