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Créditos: Agencia UNO (archivo).
Cabe recordar que el proyecto fue despachado por el Congreso en agosto del presente año, tras ser aprobadas las moficaciones ingresadas por la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el apoyo del Gobierno, quienes anunciaron que no promulgarán la ley en la manera en que está planteada.
Durante la mañana de este miércoles, parlamentarias y parlamentarios de las bancadas pertenecientes a los pactos Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se reunieron con la subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, para discutir el veto que presentará el Ejecutivo al proyecto de Ley de Usurpaciones, cuyo plazo para ser ingresado concluye este 29 de septiembre.
Cabe recordar que el proyecto fue despachado por el Congreso en agosto del presente año, tras ser aprobadas las moficaciones ingresadas por la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el apoyo del Gobierno, quienes anunciaron que no promulgarán la ley en la manera en que está planteada.
En concreto, la “legítima defensa privilegiada” es el aspecto que más ruido genera en el Ejecutivo. Entonces, la ministra de Interior señaló que el Parlamento “no entendía” lo que estaba votando. Una inquietud similar expresó el ministro Secretario de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien apuntó que el ese aspecto del proyecto “transgrede los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema penal. Particularmente, en Chile está prohibida la justicia con mano propia, la autotutela, porque la violencia entre particulares no es la forma civilizada para resolver los conflictos jurídicos”.
El procedimiento indica que, una vez ingresado el veto presidencial, el Congreso tendrá que aceptar las observaciones del Mandatario: es decir, incluir vetos aditivos, supresivos, sustitutivos, o una mezcla -acorde a la naturaleza del veto que elija el Gobierno-. De otra manera, se requerirán dos tercios para mantener lo aprobado.
Tras la reunión de hoy en el Palacio de La Moneda, el diputado socialista Leonardo Soto sostuvo que “no hay acuerdo explícito, pero yo diría que gran parte del veto presidencial va a tener desde ya el respaldo completo del oficialismo”.
“Hay algunos aspectos que requieren un mayor estudio, han habido algunos aportes, observaciones que están siendo discutidas por el Ejecutivo, que tienen que ver con la penalidad de la usurpación cuando no tiene violencia o intimidación contra las personas o fuerza contra las cosas, son aspectos secundarios”, explicó.
“Creo que, en lo medular, existe un acuerdo del oficialismo de respaldar el veto presidencial del Gobierno de Gabriel Boric en todo lo que tiene sentido común, en lo que tiene respaldo en la ciudadanía y dejar fuera las indicaciones tóxicas de la derecha”, complementó.
En tanto, el jefe de bancada de los diputados PC, Luis Cuello, indicó que “nos parece que esta ley atenta gravemente contra el estado de derecho, criminaliza la pobreza y al mismo tiempo significa entregarle una herramienta de autotutela, de justicia por la propia mano, a las personas que están siendo afectadas por las usurpaciones”.
“El veto espero que recoja los aspectos que nosotros hemos planteado como peligrosos para la vida y la integridad física de las personas”, añadió.
Para la diputada Lorena Fríes (CS), “la ley que fue presentada es muy grave. Yo creo que la gente no se da cuenta de que una vez que uno abre la puerta que puede hacer justicia con la propia mano, lo único que se logra es más niveles de violencia: el veto es súper necesario y debiera cambiar en aquellos elementos que efectivamente nos alejan de salidas institucionales y jurídicas”.
