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Crédito: Agencia Uno
En el extenso informe se concluye que a la fecha la investigación liderada por el Ministerio Público aún no finaliza, por lo que la institución es criticada. También apuntan sus dardos a Fiscalía por señalar, anticipadamente, que las víctimas habían muerto saqueando.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, de forma transversal y casi unánime, el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por los hechos ocurridos en Renca el 20 de octubre del 2019 durante el estallido social, donde se encontraron muertos tras un incendio en las bodegas de la empresa Kayser a Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas.
Tras 85 votos a favor, una abstención (Eduardo Cornejo de la UDI) y ninguno en contra, el diputado Andrés Giordano, presidente de la CEI, aseveró que “desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, acreditamos la existencia de acciones u omisiones que se tradujeron en errores y negligencias por parte del Estado, sobre todo por parte del Ministerio Público, de las policías y del Servicio Médico Legal (SML)”.
En el extenso informe –que puede revisar acá– se concluye que a la fecha la investigación liderada por el Ministerio Público aún no finaliza, por lo que la institución es criticada, así como también es criticado el Servicio Médico Legal (SML).
La comisión especial estuvo integrada por las diputadas y diputados Yovana Ahumada (IND-PSC), Boris Barrera (PC), Ana María Bravo (PS), Jorge Durán (RN), Mauro González (RN), Tomás Hirsch (PAH), Cristian Labbé (UDI), Daniel Lilayu (UDI), José Carlos Meza (Republicano), Clara Sagardia (IND-FA) y Alberto Undurraga (DC), además de Giordano.
En las conclusiones, el informe destaca negligencias por parte del SML “en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas”, y “el desconocimiento de información relevante por parte del Ministerio Público”, que en respuesta a un oficio del 2021, expresó que “no hay antecedentes de impactos balísticos”, cuando sí los hubo. Dichas críticas fueron acompañadas de la evidencia recolectada por el Equipo Chileno de Antropología Forense.
Y que tanto Carabineros como el Ministerio Público “señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado. Tal situación generó, de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”.
El informe también señala que el mismo carabinero que afirmó que las víctimas habían muerto saqueando, grabó y difundió “en redes sociales un video de las víctimas durante la noche del 20 de octubre del 2019”, un delito por el cual solo recibió la sanción administrativa más leve por parte de la institución y recién en este año se concretó su formalización.
“Ni en el día del incendio ni los días posteriores, el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas”, lo que era responsabilidad del Ministerio Público y de Carabineros, es otra parte de las críticas a las instituciones.
“Por el contrario, se mantuvo abierto y vulnerable a la alteración por parte de personas ajenas a la empresa, lo cual podría explicar también el desarrollo de un segundo incendio el día 12 de noviembre de 2019”, añaden en esta materia.
También detectaron una “falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos, puesto que de acuerdo con las declaraciones de la periodista Paola Dragnic y el camarógrafo Italo Retamal de Telesur, en el acto quedaron presuntos restos de vestimentas y objetos personales de, al menos, una de las víctimas”.
El informe también contiene propuestas para subsanar los fallos que se detectaron y que fueron aprobados por la Cámara Baja. El diputado Giordano indicó que “la constatación de aquellos hechos nos obliga, como poder Legislativo, a tomar algunas acciones. Una de ellas es que efectivamente podamos legislar para que estos protocolos y estas recomendaciones que hoy día han sido vulneradas y que generaron perjuicios para las familias que actualmente llevan este juicio adelante, sean de carácter obligatorio”, como lo es el protocolo de Minnesota, para casos de eventuales violaciones a los Derechos Humanos.
También acordaron “propender el levantamiento y el reconocimiento de un memorial en el sitio del suceso, que actualmente es de propiedad del Serviu, que ha anunciado que se va a edificar un complejo de viviendas sociales, pero se ha abierto la conversación para que efectivamente este sitio de memoria tenga una cabida. y es algo que nosotros estamos empujando y la Comisión lo ha ratificado de forma unánime”.
Se sugirió avanzar “en mejorar la legislación penal para fortalecer los derechos de las víctimas y propender a la creación de un organismo del Estado que tenga como función dar asesoría jurídica especializada y defensa de las víctimas en procesos penales, lo que el Gobierno ya está impulsando con el proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que presentó recientemente”.
