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Una querella apunta al rol de Pablo Longueira —formalizado por el caso SQM— en la empresa de factoring “Crédito y Capital”, donde se acusa a nueve miembros de la compañía por estafa, lavado de activos y asociación ilícita, en un contexto de múltiples cuestionamientos hacia este tipo de empresas.
El rol del exsenador y expresidente de la UDI, Pablo Longueira Montes, vuelve a ser cuestionado en un nuevo contexto. Una reciente querella presentada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por la abogada Daniela Awad apunta hacia la empresa de Factoring “Crédito y Capital”, señalando a nueve miembros de esta firma por estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Esto, en medio de duros cuestionamientos a este tipo de empresas, sobre todo tras los casos que involucran a Factop de los hermanos Sauer y Primus Capital de Raimundo “Paila” Valenzuela.
Awad, tras solicitar un crédito en la empresa, acudió a la justicia al considerar una “asociación delictiva” dedicada a delitos financieros, involucrando a figuras reconocidas como el abogado Michael Niedmann y el ingeniero Fernando Cassorla Albagli, prominentes prestamistas mencionados en la querella.
El documento legal consignado por El Desconcierto, revela conexiones entre Longueira y la presidencia de la compañía. Y, aunque Longueira niega haber sido presidente de la empresa en declaraciones al citado medio, un acta notarial del 28 de junio menciona su designación como presidente de “Crédito y Capital”, un hecho que no habría sido inscrito en el conservador de comercio.
De acuerdo al documento, el exsenador formalizado por financiamiento ilegal de la política en el caso SQM fue presentado en una reunión del directorio como respaldo de influencia política y económica para impulsar el factoring. Además, fuentes cercanas al caso sugieren relaciones de negocios políticos entre Niedmann y Longueira. Asimismo, se constata una relación física entre Longueira y la empresa, compartiendo ubicación en un mismo espacio comercial.
Sin embargo, Longueira fue reemplazado como presidente por Claudia Vivaldi en agosto, después de una junta extraordinaria de accionistas. Para ese momento, ya se habían revelado los casos Primus y Factop. De hecho, la CMF suspendió a Factop poco después de la renuncia de Longueira. A pesar de ello, su nombre continuó figurando en los materiales enviados a posibles inversionistas.
Awad no solo acusa a los implicados de formar parte de una asociación delictiva con fines de usura, estafa y lavado de dinero. Señala a Michael Niedmann, Claudia Vivaldi, Sebastián Torres y Fernando Cassorla como miembros claves, resaltando la experiencia de Torres como gerente general en FactorPro y la conexión de los Vivaldi con un factoring en Iquique. Las acusaciones mencionan actividades crediticias ilegales, lavado de dinero y blanqueo de ganancias de estafas.
Este caso, junto el de Primus Capital y el de los audios filtrados de la reunión entre el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, en los que se mencionan pagos a funcionarios del SII y la CMF a cambio de información, sugiere un fenómeno más amplio y extendido de lo inicialmente aparente en relación con los polémicos factoring.
