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Foto: Lukas Solis/Agencia UNO
La ministra Carolina Tohá detalló que, de los 27 beneficios revocados, 21 corresponden a pensiones asignadas durante el gobierno del Presidente Boric, mientras que seis fueron otorgadas durante la administración del expresidente Piñera.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció la conclusión de la revisión de los casos de pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social, informando que 27 beneficios serán revocados debido a antecedentes penales de los beneficiarios.
El pasado 28 de enero, el Gobierno había señalado que 25 pensiones serían invalidadas, y otras estarían sujetas a revisión. El proceso de evaluación, según la ministra Tohá, ha llegado a su fin.
“Respecto de estos casos, los 69 donde había antecedentes penales, ya se hizo la revisión completa, pasó por la comisión, chequeo y en definitiva el Presidente de la República, que tuvo la palabra final”, especificó la secretaria de Estado en conversación con T13.
De acuerdo con la ministra Tohá, de los 27 beneficios revocados, 21 corresponden a pensiones asignadas durante el gobierno del Presidente Boric, mientras que seis fueron otorgadas durante la administración de Piñera.
Tohá destacó que, en paralelo, el Jefe de Estado encomendó la revisión de las 18 mil pensiones de gracia existentes. “Como este problema se originaba porque no se consideraban los antecedentes penales, todas las demás pensiones de gracia que hay, que las hay por múltiples razones, como por ejemplo los portuarios, o distintas causas, también se van a revisar, para ver si hay situaciones análogas que ameriten una medida de este tipo”, afirmó la ministra al noticiero.
La titular de la cartera del Interior advirtió que este proceso será “más lento” debido a la gran cantidad de beneficiarios implicados.
La Moneda manejaba un registro interno que identificaba a 418 personas que recibieron pensiones entre el 14 de enero y el 2 de diciembre de 2022, de las cuales 69 tenían antecedentes penales. Según un informe de Contraloría, 58 de estos beneficiarios tenían condenas por delitos que incluían estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
