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Foto: Víctor Huenante/AgenciaUNO
En medio del escándalo de lobby judicial, la Corte Suprema anunció la reactivación de gestiones para separar las funciones jurisdiccionales y administrativas, además de la formación de una mesa de trabajo para reformar el sistema de nombramientos, a la cual se convocará al Gobierno y parlamentarios.
En respuesta a la reciente filtración de una serie de conversaciones que revelan gestiones de terceros para influir en nombramientos judiciales, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, presidido por el juez Ricardo Blanco, emitió una declaración pública tras una sesión extraordinaria llevada a cabo este miércoles.
Tras la jornada, junto con anunciar la reactivación de gestiones para separar las funciones jurisdiccional y administrativa, se avanzará en la redacción de un Código de Ética Judicial para la judicatura. Además, se concretará una mesa de trabajo para proponer una reforma al sistema de nombramientos.
Esto ocurrió luego de la revelación de chats por el medio Ciper, los cuales evidenciaron que jueces de los tribunales supremos pedían favores a otros para lograr nombramientos de notarios, o buscaban y recibían apoyo de políticos para sus gestiones.
El máximo tribunal del país enfatizó que el sistema de nombramientos del Poder Judicial, efectivamente, involucra la participación de varios poderes del Estado y destacó los esfuerzos continuos para asegurar la transparencia en estos procesos. Pero, para abordar la reciente problemática, se convocó un pleno extraordinario con el objetivo de analizar y mejorar los mecanismos de selección de candidatos.
La Corte Suprema reiteró la importancia de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. En línea con esta postura, retomará las gestiones para establecer un organismo específico encargado de los nombramientos y otros asuntos de gobierno judicial, una idea que ha sido discutida desde las Jornadas de Reflexión en Chillán en 2014 y reiterada en los procesos constitucionales recientes.
En respuesta a los hechos divulgados por los medios de comunicación, el Tribunal avanzará en la redacción de un nuevo Código de Ética Judicial, basado en el Código de Ética Iberoamericano. Esta tarea fue encargada en abril y busca actualizar los principios establecidos en el Acta N° 262 del 2007, que rige la ética judicial.
El Poder Judicial reafirmó su compromiso con la autonomía de los órganos constitucionales encargados de investigaciones, mostrando disposición a colaborar y asumir las responsabilidades correspondientes.
Cabe mencionar que la Corte Suprema decidió suspender la discusión de todas las causas programadas para este miércoles 19 de junio. En lugar de sus funciones habituales, convocó a una sesión extraordinaria, específicamente tras la información que fue revelada en los chats del cuestionado exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Antonio Poblete, quien se encuentra en prisión preventiva por autorizar escuchas telefónicas contra periodistas y denunciantes de casos de corrupción en el Ejército.
La controversia se intensificó con conversaciones de la pareja de la suprema Ángela Vivanco, Víctor Gonzalo Migueles, sobre la última nominación de fiscal nacional. Y, además de las conversaciones de Migueles, también se han conocido otros chats a partir de la investigación del teléfono del abogado Luis Hermosilla, también conocido como el “sastre” de las facturas falsas.
El pleno extraordinario de este miércoles contó con la participación de los ministros Muñoz G., Fuentes, Muñoz S., Valderrama, Vivanco, Silva, Llanos, Carroza, Letelier, Matus, Gajardo, Melo, y los suplentes Muñoz P. y Quezada.
Consulta la declaración de la Corte Suprema.
También se acordó conformar una mesa de trabajo con representantes de las distintas salas de la Corte Suprema para estudiar la modificación de las Actas 104 y 105 del 2021, con el fin de fortalecer los mecanismos de transparencia en los concursos y nombramientos.
Este grupo de trabajo será asesorado por la Dirección de Estudios de la Corte y el Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Además, se invitará a otros actores relevantes para aportar en estas temáticas.
El presidente de la Corte Suprema, junto con los presidentes de sala, invitarán al Ministro de Justicia, Luis Cordero, y a parlamentarios de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas cámaras a la mesa de trabajo.
El objetivo es retomar la discusión sobre propuestas de modificación constitucional y legal relacionadas con los nombramientos, carrera funcionaria y calificaciones.
Finalmente, se acordó iniciar el proceso para transferir a otro órgano las competencias relacionadas con los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros.
Este conjunto de medidas y propuestas busca restaurar la confianza pública en el sistema judicial y asegurar que los procesos de nombramiento se realicen de manera transparente y objetiva.
Consulta el acuerdo final de la Corte Suprema.
En el marco del pleno de la Corte Suprema que también abordó las gestiones de Víctor Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Vivanco, en la última nominación de fiscal nacional, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, se pronunció sobre la necesidad de reformar el sistema de nombramientos.
Vallejo, titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), indicó que el Ejecutivo está evaluando distintas propuestas para mejorar este proceso. “Estamos de acuerdo y se están evaluando distintas propuestas”, afirmó.
“Hay muchas sobre la mesa y en esto hay que ser rigurosos, porque tenemos propuestas desde los procesos constitucionales, hasta propuestas que venían del exgobierno de Sebastián Piñera, las propuestas que surgieron de la comisión Jaraquemada y otras iniciativas parlamentarias o de expertos o expertas que han ido surgiendo en el último tiempo”, añadió la secretaria de Estado.
La ministra subrayó la complejidad de estas propuestas, señalando que ninguna es una solución definitiva. “Todas tienen sus complicaciones, ninguna tiene la bala de plata y por lo tanto, lo que se requiere en esta etapa por parte del Ejecutivo es poder analizarlas decantadamente, cosa de avanzar en un sistema de nombramiento que funcione y revisando también la experiencia comparada”, explicó Vallejo.
En esa línea, Vallejo destacó que otros países han implementado cambios en sus sistemas de nombramiento judicial y que estos también han enfrentado dificultades. “Como Gobierno estamos de acuerdo, ya hemos avanzado con un cambio en el nombramiento en el sistema de notarios, que ha sido una discusión difícil en sí misma y por lo tanto, entendemos que es importante avanzar en una mirada más amplia respecto a los sistemas de nombramiento y responsable”, concluyó la portavoz de La Moneda.
