PAÍS
Tras conocerse sus chats con Hermosilla, cobra fuerza en el Congreso la idea de acusar constitucionalmente a ambos jueces. En tanto, Chile Vamos dirigió la atención hacia el ministro supremo Sergio Muñoz, acusado de filtrar información a su hija. El oficialismo dice que buscan “empatar la cancha”.
La crisis del Poder Judicial se profundizó luego de que se revelaran conversaciones entre la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el expoderoso abogado —actualmente en prisión preventiva—Luis Hermosilla. Las “gestiones” del penalista imputado cohecho, lavado de activos y delitos tributarios, han desencadenado una serie de acciones judiciales y políticas.
Esta mañana, el pleno de la Corte Suprema decidió suspender de sus funciones a la ministra Vivanco y abrió un cuaderno de remoción en su contra tras conocerse los detalles de sus chats con Hermosilla publicados por Ciper, y por la “trama bielorrusa” revelada por El Mostrador. A esto se suma una posible acusación constitucional impulsada desde el Congreso.
Las conversaciones entre la suspendida Vivanco y el encarcelado Hermosilla datan de marzo de 2018, cuando la jueza habría contactado por primera vez al abogado para obtener un puesto en el máximo tribunal judicial en reemplazo de Patricio Valdés. Luego de obtener el puesto, se registraron una serie de favores y gestiones hechas realizados por ambas partes.
Además, cuando Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala, acogió un recurso de protección del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) y, sorpresivamente, dio vuelta el caso en contra de Codelco. El fallo favorable a los bielorrusos fue el 4 de julio, pero resulta que el presidente de la Suprema recién colocó la causa en tabla el 5 de julio para su revisión, es decir, un día después del fallo. Es decir, que la Tercera Sala resolvió una causa que no estaba en tabla.
“Los antecedentes recopilados (…) son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”, advirtió el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, tras la realización de un pleno extraordinario para abordar el caso de Vivanco.
Con estos antecedentes, desde el Congreso, parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS), en coordinación con el Frente Amplio, anunciaron la preparación de una acusación constitucional, que incluiría a todos los jueces implicados en el caso Hermosilla. En particular, se enfocarían en Vivanco y Jean Pierre Matus.
Matus, también ministro de la Corte Suprema, ha reiterado que Hermosilla no influyó en su nombramiento al máximo tribunal. Sin embargo, mensajes revelados entre ambos sugieren lo contrario. En un mensaje fechado el 2 de octubre de 2021, el supremo agradecía al penalista por su apoyo durante el proceso: “Hola. Entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo. Pero nunca es tarde ¡Muchas gracias y un abrazo!”.
En paralelo a la presentación de acusaciones constitucionales a los ministros Matus y Vivanco, desde Chile Vamos también se ha dirigido la atención hacia el juez Sergio Muñoz, acusado de filtrar información “sensible y detallada” a su hija sobre el futuro de proyectos inmobiliarios donde tendría suscritas promesas de compraventa por dos departamentos.
La oposición ha llamado a la cautela sobre los antecedentes de las filtraciones del caso Hermosilla. En ese sentido, desde la UDI advirtieron que es importante recordar que no solo Vivanco y Matus están siendo cuestionados, sino que el ministro Sergio Muñoz se encuentra en un escenario similar.
En respuesta, parlamentarios oficialistas acusaron a sus pares de la derecha de montar una operación en contra del juez Sergio Muñoz, pues consideran que no son equiparables las razones por las cuales está en el ojo del huracán. De acuerdo a los legisladores, se busca “empatar la cancha” con una acusación constitucional en contra de Muñoz.
En un punto de prensa realizado esta tarde, la diputada Camila Musante (independiente e integrante de la bancada del PPD), recordó que hace cuatro meses se ingresó el proyecto de reforma constitucional que busca cambiar el actual sistema de nombramientos de ministros y de jueces del Poder Judicial, “entendiendo que este es el debate de fondo, ante el caso Hermosilla y sus designaciones a dedo”.
“Hoy conocemos los antecedentes de la ministra Vivanco, a quien incluso se le solicitaba integrar salas y no sabemos todavía si es que junto con ella escribían las sentencias o no. Entendemos que más allá de perseguir las responsabilidades individuales de ministros y de jueces, el fondo de este debate está en el actual sistema de nombramientos y cómo consensuamos un mecanismo equilibrado donde intervengan los distintos poderes del Estado a través del Consejo de Alta Dirección. Queremos que se produzca este nombramiento de la manera más transparente posible”, manifestó la parlamentaria, acompañada de los diputados Miguel Ángel Calisto (Independiente de la bancada de Demócratas y Amarillos), Raúl Soto (PPD), Jaime Araya (Ind-PPD) y Maite Orsini (FA).
La diputada Musante detalló que también se ha propuesto un proyecto de reforma constitucional que crea un Consejo Judicial que tiene a su cargo esta separación de funciones. Todo, dijo, “con la intención de blindar la independencia del Poder Judicial de presiones externas y de nombramiento a dedos, como ya hemos visto durante los últimos meses”.
El diputado Calisto, presidente de la Comisión de Constitución, llamó a poner el proyecto en la tabla, ya que el Ejecutivo no le ha dado urgencia.
“La situación que hoy día estamos atravesando es grave, debilita evidentemente la institucionalidad del Estado y para nosotros es fundamental que el Congreso abra los espacios disponibles para que este debate se dé de manera seria. Vamos a convocar al Ejecutivo, vamos a convocar a la Corte Suprema y la verdad es que creemos que este Consejo puede evidentemente ser una alternativa o una solución a la situación que hoy día vivimos, donde sigan participando los tres poderes del Estado pero a través de procesos transparentes con criterios lo más objetivos posibles”, remarcó el diputado Calisto.
Cabe mencionar que el ministro de Justicia Luis Cordero, adelantó que el Gobierno presentará en octubre una propuesta de reforma al sistema de nombramientos judiciales.
Más temprano, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), informó que el libelo contra el ministro Jean Pierre Matus será presentado el próximo 23 de septiembre y adelantó su respaldo para la acusación contra Vivanco, “por los realmente increíbles, no sólo errores, sino que horrores que ha cometido en el ejercicio como ministra de la Corte Suprema”.
Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez expresó su apoyo a la suspensión de Vivanco, señalando que la fiscalización de la corrupción es un compromiso con la probidad y la justicia para todos los chilenos. Por su parte, Jaime Sáez, jefe de la bancada del Frente Amplio, también celebró la decisión de la Corte Suprema y consideró que la crisis actual es la peor que ha vivido el Poder Judicial desde el retorno a la democracia.
En un tono más crítico, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, instó a una revisión exhaustiva de todos los magistrados cuestionados, pidiendo al Presidente de la República que use sus facultades para abordar la situación en su totalidad. En tanto, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, coincidió en que la crisis afecta a varios ministros, no solo a Vivanco y Matus, sino también a Muñoz, que enfrenta una situación delicada en la Comisión de Ética de la Corte Suprema.
