PAÍS
CNEP alerta que Chile legisla sin revisar resultados y opera con un sistema regulatorio incompleto
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad advirtió que el país no cuenta con un sistema para evaluar las normas una vez implementadas ni con un catastro claro de las vigentes. El diagnóstico apunta a una falla estructural: Chile regula y acumula leyes, pero rara vez mide si funcionan.
Chile produce normas, leyes y decretos de manera sostenida, pero carece de una estructura que permita revisar de forma sistemática qué efectos tienen una vez que entran en vigencia. Ese es el eje del diagnóstico presentado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que advirtió que el país opera con un sistema regulatorio incompleto y sin herramientas institucionalizadas para evaluar ex post el desempeño real de sus regulaciones.
El problema, según el informe, no es menor. El ordenamiento jurídico chileno supera las 400 mil normas accesibles en la Biblioteca del Congreso Nacional y cada año suma miles de nuevas disposiciones. Sin embargo, el Estado no cuenta con un mecanismo que permita saber cuántas de esas normas siguen realmente vigentes, cuáles cumplen sus objetivos y cuáles se superponen, se contradicen o han perdido utilidad sin ser revisadas.
La CNEP sostiene que esta ausencia de evaluación sistemática impide al Estado aprender de su propia experiencia y debilita la calidad de las políticas públicas. A juicio de su presidente, Pablo García, la acumulación normativa sin revisión erosiona la certeza jurídica, compromete el uso eficiente de los recursos y termina afectando la productividad y el desarrollo económico y social del país.
Hoy, la evaluación de las regulaciones se realiza de forma fragmentada entre distintos organismos, con metodologías, criterios y alcances dispares. El Congreso, a través de su Departamento de Evaluación de la Ley, ha revisado solo 13 leyes desde su creación, la última en 2020, una cifra marginal frente al volumen total del sistema normativo. A eso se suman estudios específicos realizados por la propia CNEP, pero sin que exista una estrategia general y permanente de revisión.
El informe también pone el foco en los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), que son el principal instrumento de evaluación ex ante en Chile. Aunque representan un avance, la comisión advierte que todavía no se consolidan como una herramienta capaz de conectar de manera sistemática los efectos esperados de una norma con sus resultados posteriores. Parte del problema está en su baja cobertura: en promedio, solo cerca del 21% de los proyectos de ley que requieren un IIR cuentan con uno, y en el caso de los decretos esa proporción cae al 5%.
Para la CNEP, esa desconexión entre diseño y revisión posterior mantiene incompleto el ciclo regulatorio. Sin ese vínculo, el Estado sigue operando a ciegas frente a un universo normativo gigantesco, sin capacidad real para determinar, con base en evidencia, si una regulación debe mantenerse, corregirse o eliminarse.
El contraste es más evidente cuando se compara con otros ámbitos del propio Estado. Chile sí ha desarrollado una institucionalidad más robusta para evaluar programas públicos e inversiones, tanto antes como después de su implementación, a través del trabajo conjunto de Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social, así como del Sistema Nacional de Inversiones. En cambio, en materia regulatoria ese desarrollo sigue rezagado.
La comparación internacional también deja a Chile atrás. Según la evidencia recopilada por la OCDE, más del 90% de los países miembros cuenta con sistemas obligatorios de evaluación ex ante, pero solo entre 30% y 40% ha logrado instalar mecanismos ex post obligatorios y sistemáticos. En el caso chileno, el retraso es doble: la evaluación ex ante aún tiene baja cobertura y la evaluación posterior sigue siendo esporádica, parcial y sin metodología común.
Frente a ese escenario, la CNEP anunció que el próximo 8 de mayo entregará al Gobierno la segunda parte de este trabajo: una guía técnica para la evaluación ex post de regulaciones. El documento propone un marco común para que ministerios y servicios públicos evalúen normas bajo criterios compartidos, definiendo qué preguntas formular, qué dimensiones revisar, qué información utilizar y cómo estructurar el análisis.
La idea, según explicó el secretario ejecutivo de la comisión, Rodrigo Krell, es que la evaluación posterior dialogue con el diseño inicial de la norma y permita revisar su pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia. El objetivo es ordenar una práctica que hoy depende de esfuerzos aislados y avanzar hacia evaluaciones comparables, consistentes y basadas en evidencia en todo el sector público.
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